Ofensiva del Gobierno por la Hidrovía: dio de baja la licitación y pidió que la Justicia investigue a la única oferente

Tras presentarse una única oferta en la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el Gobierno declaró nulo el proceso que ya venía muy cuestionado desde el año pasado y pidió que se investigue a la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME). Sorpresivamente no participó la actual licenciataria Jan de Nul, que controla el comercio en el río desde 1994.

“Llama la atención que la única que se presentó fue la empresa que impulsó acusaciones de direccionamiento. También llama poderosamente la atención que, pese a haber 11 empresas inscriptas y que varias tenían preparada la documentación, sólo se haya presentado una oferta”, destacó el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa.

Además, el portavoz anunció que el Gobierno solicitará a la Comisión de Defensa de la Competencia y a la Justicia que investiguen a DEME por “posible presión sobre el resto de las empresas” o “presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional y los productores argentinos”. Adorni agumentó que “es necesario que quien opere tenga la suficiente capacidad para hacerlo según los más altos estándares internacionales y el mejor precio” y añadió que la Casa Rosada “se comprometió a una licitación transparente y competitiva” aclarando que “desde el inicio que si había un solo oferente se daría de baja la licitación”.

La baja de la licitación, añadió Adorni, “servirá para demostrarles a todos los actores e interesados en futuras licitaciones del Estado nacional, que el Gobierno será implacable ante cualquier intento de manipular resultados y también de llevar a la Justicia Penal a los responsables de querer defraudar al pueblo argentino”.

Quien también tomó la palabra fue Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un ignoto para la opinión pública que habló de un procedimiento “transparente”. Y señaló: “Hubo un grupo de vivos que operaron el vaciamiento de ofertas, para usufructuarlo en desmedro de los productores argentinos”.

“No somos tibios como el Gobierno de Alberto Fernández. Mantenemos el compromiso con los productores agropecuarios argentinos de modernizar la Hidrovía. Pusimos la vara alta y la vamos a mantener alta. Vamos a salir a investigar y a perseguir con todo el peso de la ley a aquellos involucrados en este intento de sabotaje del proceso licitatorio”, profundizó Arreseygor.

Posibles irregularidades

La licitación de la Hidrovía, una de las vías navegables más importantes de la región por donde transita el 80% de las exportaciones de Argentina, fue señalada por posibles irregularidades desde sus etapas iniciales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, había emitido un dictamen denunciando la “inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados” y errores graves en los pliegos de licitación. Estas irregularidades, según la PIA, comprometían los principios de transparencia, igualdad y concurrencia.

El fiscal Rodríguez advirtió además que los términos del pliego parecían estar direccionados para beneficiar a Jan de Nul, la empresa belga que ha operado la concesión desde 1995. Este señalamiento coincidió con las denuncias presentadas por DEME y la danesa Rohde Nielsen, quienes cuestionaron tanto los términos como los plazos del proceso. Pese a estas observaciones, el Gobierno avanzó con la licitación, que finalmente derivó en la presentación de una única oferta: la de DEME.

La paradoja del proceso radica en que DEME fue la única oferente y, al mismo tiempo, la empresa que denunció públicamente que los pliegos estaban diseñados para favorecer a Jan de Nul. Este hecho generó “preocupación” entre los actores involucrados. En este contexto, la Procuraduría destacó que las condiciones del proceso podían derivar en reproches penales, señalando que los errores en los pliegos no solo afectan la juridicidad del procedimiento, sino también comprometen intereses económicos estratégicos de la región. El negocio de la Hidrovía implica el cobro de un peaje a los usuarios, con una facturación estimada en 20.000 millones de dólares durante los próximos 30 años.

Repercusiones políticas

El tema también escaló en el ámbito político. Los bloques legislativos de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica reclamaron explicaciones al Gobierno por las irregularidades detectadas. Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical, y Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal, exigieron que se traten en comisiones las denuncias contra el procedimiento. Además, Massot apuntó contra la Justicia, cuestionando la inacción del juez Enrique Lavié Pico, quien había desestimado pedidos anteriores para frenar el proceso licitatorio.

El diputado también mencionó un dato explosivo: el socio local de Jan de Nul habría confesado en la causa de los Cuadernos que pagó sobornos para extender la concesión en el pasado. Este antecedente, sumado a las irregularidades actuales, pone bajo sospecha la gestión de la Hidrovía y el rol de los actores involucrados.

El proceso también generó malestar entre las cámaras empresariales y portuarias. La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Naviera, la Cámara de Puertos Privados, la Cámara Argentina de Mantenimiento de Vías Navegables y el Consejo Portuario Argentino se sumaron a los cuestionamientos, señalando que las irregularidades perjudican a los exportadores y afectan la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional.

Entre las críticas técnicas al proceso, DEME destacó que los criterios de evaluación de las ofertas asignaban un peso desproporcionado al precio frente a los aspectos técnicos, favoreciendo a quienes ya operan en la región y tienen acceso a información privilegiada. Además, señalaron que el plazo de 55 días hábiles para preparar las ofertas era insuficiente en comparación con licitaciones similares.

PL/MC