En el primer año de Milei el número de sentencias por delitos de lesa humanidad fue el más bajo de la última década

A lo largo de 2024, el año en que Javier Milei llegó a la presidencia, la justicia argentina dictó 14 sentencias en causas en las que se investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En total, 20 personas fueron condenadas y otras 12 resultaron absueltas. Se trata del número más bajo de los últimos diez, cuando la justicia producía un promedio de 23 causas cada año.

Los datos se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Allí se destaca que desde 2006, cuando se reactivaron los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se realizaron 332 sentencias que condenaron por esos graves delitos a 1.195 personas. De ese total, 196 resultaron absueltas.

El dato más llamativo es que durante 2024 el número de sentencias producidas en los juicios de lesa humanidad estuvo muy por debajo del promedio de la última década, cuando se mantuvo por encima de los 20 fallos por año. Sólo en dos oportunidades la justicia concretó menos sentencias, en 2018, cuando se hicieron 19 fallos, y en 2020, el año de la pandemia –sólo 11 sentencias–.

“Se observa que hubo un descenso en la cantidad de juicios iniciados durante el 2024 (15), respecto del año 2023 (26), registrando, a su vez, un valor inferior al de 2022 (18). Asimismo, se verificó una menor cantidad de causas que obtuvieron sentencia (14)”, detalla el informe que en otro tramo agrega: “Si tomamos en cuenta los datos registrados durante el 2023, se observa que disminuyó el total de personas que obtuvo una sentencia condenatoria (58), mientras que aquellas que obtuvieron una sentencia absolutoria registraron una variación menor (16)”.

La baja en la producción de sentencias coincide con la llegada al poder de un gobierno que reivindica niega los crimenes de la dictadura y reivindica el accionar de los represores. Las disoluciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), de los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la negativa del Ministerio de Seguridad a entregar archivos de sus integrantes a pedido de los organismos que investigan la apropiación de menores y la decisión de suspender el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado son algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo libertario como parte de una escalada negacionista.

La baja producción de sentencias de este año no va de la mano con las causas abiertas ya que todavía siguen sin resolución otras 668 según el informe.

El documento, que es elaborado a partir de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país, detalla que durante este año se iniciaron 15 juicios orales, de los cuales 7 continúan con el debate en curso, y 8 ya obtuvieron sentencia. Dos de esos juicios se resolvieron por juicio abreviado. “Además, hay 65 causas con elevación a juicio y, de las cuales, en dos casos, se fijó fecha de inicio de debate para fines de 2024, lo que implica un descenso en relación al año anterior”, agrega el informe.

Desde que comenzaron los juicios, hubo un total de 3.775 personas investigadas por delitos contra la humanidad. Hasta ahora el 31% (1.195) de los acusados fueron condenados, en tanto la mayor parte de ellos, 1.218 ya fallecieron. Siguen abiertas las causas de 370 procesados y 465 imputados.

El pasado 11 de julio, seis diputados de La Libertad Avanza visitaron en el penal de Ezeiza a un grupo de represores entre los que se encontraba, entre otros, Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti. Los legisladores alegaron que querían interiorizarse sobre las condiciones de detención y su reclamo de prisión domiciliaria. Sin embargo, el informe señala que a pesar de los reclamos por supuestas causas humanitarias, la mayor parte tanto de los condenados por delitos de lesa humanidad como quienes están siendo procesados ya goza de este beneficio: “De las personas que atraviesan el proceso de juzgamiento detenidas, el 81% se encuentra bajo arresto domiciliario, lo cual morigera la privación de libertad, consolidándose desde el año 2016 como la modalidad de arresto predominante”

La misma situación se repite con los condenados: “El 79% cumple su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, siendo el rango etario predominante de esta población la de 76 a 80 años. Mientras que, en el otro 21% restante que cumple su detención en establecimientos penitenciarios, predomina el rango etario de 70 a 75 años”.

El informe precisa que todavía hay 33 personas prófugas, de las cuales a 11 se les negó la extradición, 1 enfrenta ese proceso, 3 han sido ubicadas y 18 aún continúan con paradero desconocido.

Con respecto a los delitos sexuales como delitos autónomos cometidos durante la dictadura militar, el 2024 tampoco fue un buen año en materia de sentencias: “En 2024 se registraron 4 sentencias por este tipo de hechos, lo cual implica un descenso en relación a las 6 registradas el año pasado. Sin embargo, aumentaron las sentencias dictadas que abordan estos delitos de manera autónoma (17%) respecto de las sentencias de lesa humanidad en general”.

Hasta hoy, suman 57 las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad que contemplan delitos por violencia sexual. En ellas se impusieron condenas por hechos en los que fueron damnificadas 220 mujeres y 39 varones.

MG