San Cayetano, la burbuja de Olivos y el temor del establishment
En el microclima de Olivos, esa fortaleza a la que ingresa mucha gente pero no cualquiera accede, Alberto Fernández y su grupo de colaboradores más cercanos sueñan con una elección de medio término que se convierta en un plebiscito favorable a sus pretensiones. Que la vacunación récord y el rebote desigual de la economía provoquen el placebo del alivio en una país que enfrenta la combinación letal de su propia crisis prolongada con la peor pandemia del último siglo. Un buen resultado en los comicios de medio término abonaría la presunción de que el Frente de Todos encontró en el Presidente el vehículo indicado para poner entre paréntesis sus diferencias y encontró la excusa para justificar el deterioro crónico.
Recibí nuestro newsletter Infusión
Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli
Si Fernández y el circulo que lo entorna logran hacer realidad su fantasía, desde la misma noche del 14 de noviembre comenzaran a corear una pregunta retórica, de manera más o menos elíptica: ¿quién es el responsable de la victoria? Así, suponen, lo que hoy mueve a risa lejos de la atmósfera de Olivos se transformará en una realidad inevitable.
Pero si el test electoral no resulta cómo esperan, habrá otras preguntas impostergables y se confirmará por enésima vez que los inquilinos de Olivos, lo mismo que la enorme mayoría de sus visitantes, viven una realidad paralela, a años luz de los padecimientos que se imponen en la base de la sociedad.
Jorge Yoma, que trabajó para cinco gobiernos desde el regreso de la democracia, suele decir que los presidentes pierden el contacto y entran en una nube gaseosa donde lo que más pesa es la obsecuencia de los que los rodean. Antes de ser embajador de Macri en Perú, repetía que sólo dos presidente no habían tenido ese síndrome, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. El resto se había dejado envolver por la burbuja de Olivos.
Fuera de la quinta presidencial, la vida tiene que ver bastante más con lo que se expresó ayer en la formidable movilización de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la organización que reúne a los movimientos sociales que se identifican con el Frente de Todos y militan de cara a la realidad de los más necesitados. Es un continente que se expande desde hace años en un país que no crece. Hoy en muchos casos también funcionarios, los dirigentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Darío Santillán funcionan como intermediarios entre los reclamos de decenas de miles de personas que habitan el límite de la pobreza y un Estado que despliega un importante dispositivo de contención que no alcanza para paliar los efectos de una inflación interanual que, en los últimos 12 meses, llegó al 50,2%.
Casi 20 años después del estallido que terminó con la alianza UCR-Frepaso, el sistema de partidos parece haberse reconstituido con dos grandes coaliciones que se muestran sólidas pese a sus diferencias y disputas. Pero esa aparente vitalidad del sistema político contrasta con niveles de pobreza e indigencia que van de regreso al 2001. El fracaso alevoso de Mauricio Macri -aquel outsider que ahora sus epígonos jubilan al unísono- y la pandemia aceleraron un proceso que expulsa a los márgenes a millones de personas. Que ese derrumbe social se haya naturalizado delata que la clase dirigente -incluido por supuesto el establishment- vuelve a jugar con fuego, de manera irresponsable mientras una parte de la sociedad acumula años de privaciones.
El gobierno destinó el IFE de 10 mil pesos cada dos meses para 9 millones de personas durante el primer año de pandemia y amplió bajo la gestión de Daniel Arroyo la Tarjeta Alimentar para 4 millones de madres de menores de 14 años. Más allá de la llegada del intendente Juan Zabaleta a Desarrollo Social y de la discusión interna sobre el rumbo del FDT, sobran indicadores para entender qué hay detrás de la marcha a San Cayetano. Según un informe de la Catedra Unesco sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social del Instituto Di Tella, la tasa de informalidad alcanzó al 51,8% de los ocupados en el cuarto trimestre de 2020. Se trata nada menos que de 8.596.814 millones de personas, de los cuales 4.273.642 (el 49,7%) trabaja por cuenta propia y 3.893.809 (45,3%) son asalariados.
Sin conocer ese estudio, Fernando “Chino” Navarro estimó en los últimos días en Radio Mitre que casi la mitad de la población está en la precariedad laboral. A fines de 2015, eran el 33,1%, una núcleo duro de trabajo informal que el kirchnerismo redujo fuerte en sus inicios pero nunca logró bajar más.
Si en 2002, antes del doble crimen de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, funcionarios de Duhalde solían decir que no sabían quiénes eran los líderes de los grupos piqueteros ni tenían sus teléfonos, ahora en cambio toda la dirigencia -política, empresaria, eclesiástica y mediática- conoce a los representantes de las organizaciones sociales. Una parte todavía los considera responsables de la reproducción de ese mundo del cual son emergentes. Otra parte, sin embargo, cree que hay que agradecerles por la función que cumplen en un contexto crítico. Lo dijo Ernesto Sanz, uno de los fundadores de la alianza UCR-PRO-CC, hace 10 días en una entrevista con elDiarioAR. “La única manera de resolver el problema del conurbano es con una gran alianza de construcción de poder con las organizaciones sociales y las pymes. No se puede seguir estigmatizando a los Grabois, a los Pérsico y a los padres Pepe Di Paola (...) Hoy la emergencia es el empleo y hay que trabajar con las organizaciones sociales que están administrando con mucha eficacia, en cuanto a que están evitando el estallido social”.
Los datos de la Catedra Unesco muestran que junto con la pobreza crece la desigualdad. En el cuarto trimestre de 2020, casi la mitad de la torta (48,7%) se concentraba en los dos deciles más ricos. Los hogares más ricos cuentan con ingresos per cápita 21 veces más altos que los más pobres y el ingreso promedio de los asalariados no registrados, en ese cuarto trimestre de 2020, fue de 18.038 pesos. Casi un año después, el Salario Mínimo Vital y Móvil acaba de ascender a 28.028 pesos, con la Canasta Básica Alimentaria fijada por el INDEC en $66.488 para una familia tipo.
Elaborado por los economistas Eduardo Levy Yeyati y Federico Revilla, otro estudio reciente, “Mercado de Trabajo Dual & COVID-19 en Latinoamérica”, analiza el impacto desigual de la pandemia entre los que viven de un ingreso en pesos. “Mientras que los asalariados formales fueron protegidos por la permanencia laboral en el Estado, la prohibición de despidos y el apoyo estatal al pago de sueldos en el sector privado, los trabajadores ”precarios“ sufrieron drásticas reducciones de sus horas trabajadas y de su ingreso laboral, quedando a merced del IFE”, dice. Si a fines de 2019 sólo el 19,6% de la Población Económicamente Activa contaba con un trabajo asalariado formal en el sector privado, este porcentaje cayó a 18,2% un año más tarde, pese a las medidas del gobierno.
En base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, que permite identificar a las personas ocupadas y rastrear la evolución de sus ingresos, horas trabajadas, transferencias recibidas y categoría ocupacional a lo largo del tiempo, Levy Yeyati y Revilla concluyen que las restricciones perjudicaron sobre todo a los informales, elevando el desempleo y la inactividad de los precarios, algo que se revirtió sólo parcialmente hacia fin de año. Así se advierte el fenómeno de lo que llaman “dualidad laboral”: mientras casi el 80% de los estatales y asalariados privados formales se mantuvieron estables en 2020, el porcentaje de precarios que mantuvo su categoría laboral rondó el 50% y cayó dramáticamente (a 28%) entre los privados informales y (37.4%) entre los cuentapropistas.
Si bien todas las categorías sufrieron una caída del ingreso laboral real, las pérdidas inmediatas para trabajadores precarios resultaron 30 puntos porcentuales más grandes que la de los -ajustados- estatales. Dentro de ese universo además, quienes más sufrieron la debacle de ingresos fueron mujeres cuentapropistas e informales.
El diagnóstico es unánime. En el último trabajo de CIFRA, el centro de estudios de la CTA del candidato Hugo Yasky, las economistas Cecilia Garriga y Mariana González también aportan datos sobre el derrumbe del salario real entre 2018 y 2021. Mientras Levy Yeyati y Revilla sugieren la necesidad de “una reforma que facilite la formalización e introduzca beneficios laborales para los trabajadores independientes”, los movimientos sociales que marcharon al santuario de Liniers reclaman un Salario Básico Universal, algo que la propia Cristina Fernández rechazó el año pasado en un encuentro que mantuvo con dirigentes de Barrios de Pie en el Senado.
En este contexto crítico, el gobierno intenta compensar con los paliativos de los próximos 100 días lo que se perdió durante tres años y medio. Antes de la reciente ampliación del Presupuesto por 710 mil millones de pesos vía DNU, la consultora Analytica había estimado que la inyección electoral de gasto social y obra pública le sumaría casi un punto al PBI. Así se buscará atenuar el recorte de 17% en materia de gasto social que se consumó en términos reales durante el primer semestre de 2021.
Frente a un gobierno que apunta a combinar la vacunación y la apertura con una tenue resurrección del consumo, la oposición se predispone a parir un nuevo liderazgo entre gritos y acusaciones. Horacio Rodríguez Larreta corre con ventaja y dispone de un arsenal único para consagrar a Diego Santilli como embajador porteño en territorio bonaerense. Sin embargo, hay factores que no estaban contemplados por la maquinaria PRO, desde la candidatura de Facundo Manes hasta la migración de Emilio Monzó y Joaquín De la Torre a las filas radicales. Antes de dar el salto hacia el comando del neurocirujano, el ex presidente de la Cámara de Diputados tuvo un dialogo con el jefe de gobierno porteño.
-Vos tenés el PSG, el mejor equipo y el vestuario es un lujo. Pero yo no juego. Tengo 55 años y quiero ser gobernador. Me voy a un equipo más chico y por lo menos juego, le dijo.
Ahora Monzó está preocupado por la fiscalización en la provincia. Solo para La Matanza hacen falta 3000 fiscales y para competir en la inmensidad bonaerense con el tanque de Larreta hay que juntar alrededor de 30.000. En 2019, cuando perdió por paliza con Axel Kicillof y el Frente de Todos, Juntos por el Cambio reunió a 37704 fiscales en PBA.
Faltan apenas cinco semanas y los colaboradores de Larreta agitan encuestas que dan por resuelto el pleito no sólo en el conurbano sino también en el interior. Mientras tanto, los retadores de Santilli afirman que el tiempo de campaña es corto y pretenden aumentar sus recursos en comunicación y publicidad.
Según estimó ante elDiarioAR un miembro experimentado de la oposición, para instalar una candidatura en el distrito más grande del país hacen falta 5 millones de dólares. “De entrada tenés un millón de dólares que se va en boletas. Tenés que multiplicar los casi 12 millones de electores que tiene la provincia por un mínimo de tres boletas: una para el cuarto oscuro, una para repartir bajo puerta y una por las que te roban. Imprimir un solo juego es ir a perder”. Además de la inversión en publicidad, los candidatos suelen disponer de aviones para moverse y estar en un mismo día en una localidad del interior de la provincia y un estudio de televisión. Después, vendrá la campaña de noviembre, que es la fundamental y demanda nuevos fondos para la disputa electoral.
Para la oposición que se mata en acusaciones, el desafío será suturar lo más rápido posible las heridas que queden entre las distintas facciones de Juntos que luchan por sepultar a Macri. Ahí Monzó tendrá que volver a hablar con Larreta en busca de despejar uno de los temores que acosa a la facción del establishment que juega a la política: que el vehículo partidario, que tanto tiempo costó construir para competir con el peronismo, se resienta hasta volverse ineficaz.
0