Semblanza de un preso político

Cuando llegué a la Alcaidía Octava de la Policía de la Ciudad me impresionó ver una columna de infantes entrenándose para combate. Llevaban sus armas antidisturbios y toda la parafernalia propia del caso. No sé si sería un entrenamiento de rutina, pero tuve un escalofrío. ¿Se estarán preparando para algo? La mano no viene fácil.

Estaba ahí porque fui a visitar a Alexander Rodríguez, Jaru, uno de los detenidos por los incidentes en el Congreso el día que se aprobó la llamada ley de acuerdo del Fondo. Está a disposición del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires que lo mantiene en una ridícula prisión preventiva pese a la ausencia de cualquier elemento probatorio que lo involucre con los delitos que le imputan. Me cuenta su abogado, Martín Alderete, que la querella no se opuso a ninguna excarcelación. La preventiva es una definición del poder porteño que busca darle a los hechos su propia narrativa a costa del debido proceso judicial y la libertad de personas inocentes.

Jaru irradia luz desde atrás del blindex policial. Como tantos otros venezolanos que vinieron a la Argentina, trabajaba hasta el mismísimo día de su detención como vendedor de Rapi pedaleando nueve horas por día para juntar el mango. Antes de Rapi, tuvo un barcito frente al Colegio Mariano Acosta que quebró con la pandemia. Ahí conoció a varios padres que mandamos allí a nuestros hijos a esa escuela, como Nacho de la Poderosa; también a su ex directora, la pedagoga Raquel Papalardo. Todos tienen un gran recuerdo del venezolano que les servía el café de la mañana y pueden dar testimonio de su carácter.

Jaru llegó al país hace unos 6 años desde Cotiza, un barrio de monoblocs muy pobre de Caracas. Allá en el Bloque 1 de un Torre de más de 30 pisos su abuela espera la pequeña remesa que Jaru llegaba a juntar con horas de trabaja para ayudarla a ella, su madre soltera y su hermano deportista.

Vino como todo migrante a buscar un futuro mejor y a pesar de todas las dificultades y su injusta detención está agradecido de la Argentina. Empezó la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Ahí conoció a Laura, su novia hace cinco años, y a Facundo, un compañero de Nuestramérica que le abrió la puerta a la militancia social. Detrás del vidrio del locutorio carcelario se le saltan las lágrimas cuando habla de ellos. Su novia, su amigo, sus compañeros. 

Es que Jaru es un pibe sensible que siempre tuvo vocación por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Trabajó en huertas comunitarias, merenderos y ollas populares durante la pandemia. No le importaba demasiado la orientación política del grupo mientras hubiera trabajo social genuino sobre todo si implicaba trabajar la tierra. El quería realizar la contraprestación por el salario social complementario que cobraba dónde fuera, pero ganárselo laburando, como la mayoría de los que reciben este derecho siempre tan estigmatizados.

En política, Jaru tiene sus propias ideas que sabe expresar con claridad, pero sin fanatismo, con esa humildad que demuestra sed de conocimiento y deseo profundo de encontrar el camino correcto para reparar las injusticias que él mismo sufrió en su país natal. Ahora se agregan nuevas injusticias en su país adoptivo.

Lo que tiene de bolivariano Jaru es por un ascensor. El ascensor que colocó Hugo Chávez en el Bloque 1 del Barrio Cotiza que permitía a su abuela bajar sin romperse los meniscos. También por un torneo de futbol que organizó el gobierno en el que pudo darle la mano a Maradona y al comandante. Esas experiencias simples que se marcan a fuego en el corazón de los humildes, los siempre despreciados, cuando sienten que por una vez hay quien los defienda. Me recordó las anécdotas que todavía alguna anciana puede contar de Evita. Tal vez por eso, paradójicamente Jaru también simpatiza con Cristina.

Jaru reivindica la dignificación que significó el proceso bolivariano sin dejar de criticar la situación actual de Venezuela dónde, me cuenta, conviven cuatro monedas: el dólar en el norte, el peso colombiano en el oeste, el real brasilero en el sur y el bolívar en el centro. Sin escatimar críticas al actual gobierno de su país, también es consciente del impacto tremendo de las sanciones norteamericanas que ahora se están levantando por las necesidades geopolíticas del gran hermano del norte. En la realpolitik se puede pasar de integrar el eje del mal al eje del bien de un día para el otro.

Acá pasa algo parecido. La delgada línea entre ser un luchador contra el Fondo Monetario Internacional o un delincuente conspirador en tentativa de magnicidio. Milagro Sala es la presa política emblemática de la Argentina que sigue padeciendo la persecución en Jujuy por tirar, en este caso, huevos. Todo ello ante un silencio que aturde. Aturde tanto como el que efectivamente imperó frente a los destrozos en el despacho de Cristina porque pareciera que las violencias físicas y simbólicas que se descargan sobre el cuerpo y el alma de esa mujer, de tan reiteradas, quedan normalizadas. Por su férreo temple ella no parece necesitar la solidaridad de los compañeros frente a una agresión. La necesita.

Jaru también la necesita. No es tan “importante” pero es un laburante, estudiante, pobre, migrante, militante, buena persona, sostén de su familia de allí en Venezuela. No hizo nada de lo que le imputan ni tuvo participación alguna en los destrozos de las oficinas de Cristina. Es un caído más de la cacería de brujas en la que hasta ahora sólo vemos gente pobre de piel marrón y trabajo precario. No permitamos el silencio ante esta cacería de brujas tampoco ¿Acaso ellos hambreados y en patas son la violencia? No imputemos la violencia, que es multidimensional y permanente, que excede con creces el vuelo de una piedra. Siempre a los débiles. Mucho menos quienes luchamos por la liberación social y económica de un país cada vez más dependiente como el nuestro.

Lo que genera violencia es el Fondo Monetario Internacional como bien dijo Cristina Kirchner en su video; ahí está el responsable mediato. Si se quiere buscar al inmediato en torno al hecho puntual, hay que apuntar a la negligencia criminal de no colocar un vallado perimetral en una movilización que, al igual que la reforma previsional, tenía todos los números para terminar como terminó. Es una enorme negligencia que el despacho de una autoridad política como la vicepresidenta quede desprotegido y a tiro de piedra de la cabecera de una marcha que expresa bronca y frustración.

Es un problema cuando se confunden los conflictos políticos y sociales con cuestiones judiciales y policiales. Son formas de criminalización de la política y la protesta, esas formas que combatimos los que pusimos el cuerpo contra el lawfare que sufrió la vicepresidenta o defendimos por obligación militante a dirigentes sociales con los que ninguna afinidad política o metodológica nos une. Esto no implica minimizar lo que sucedió en su despacho. Podría haber lastimado feo a alguien. Me consta la gravedad de la situación y la angustia traumática que vivieron todos los que habitaban ese despacho - dirigentes o trabajadores. Pero es harina de otro costal la interpretación que de esos hechos se haga y las responsabilidades que se deslinden.

Las interpretaciones están mediadas por interpretes que en general ofician de construir las hipótesis que refuerzan ciertas ideas o prejuicios de los dirigentes para endulzarles el oído. A veces hay tanto chupamedia rondando los espacios del poder -como la Casa Rosada como el Palacio Legislativo- que nuestros dirigentes, con lo oídos hinchados de los que meten cizaña en beneficio propio y saben decirle a cada uno lo que inconscientemente quiere escuchar, caen en exegesis totalmente erróneas que derivan en posiciones y acciones equivocadas. Estos personajillos rastreros tienen reservado el octavo circulo del Infierno.

También se escucha a los charlatanes del off the record diciendo de un lado que las piedras fueron arrojadas por Grabois y la Cámpora en una suerte de autoatentado; se escucha otros diciendo que fueron sectores afines a Alberto que buscaban amedrentar a Cristina.

El Fondo siempre trajo a nuestro país violencia, hambre y sufrimiento, males de lo que las víctimas nunca son los dirigentes sino el pueblo que lo padece. Ojalá que lo que vi en la Alcaidía Ocho haya sido sólo un ejercicio de rutina. Ojalá que Jaru, los otras detenidos políticos y futuros integrantes de las clases populares no sean quienes paguen con la cárcel por enfrentar la violencia que generan los poderosos. Ojalá nuestros gobernantes sepan revertir o al menos minimizar los males que augura el futuro para que no sea el Pueblo quien pague la fiesta de los capitales financieros fugados con dolor, exclusión, represión y sangre.

JG