Discapacidad: un laberinto de prestadores, obras sociales y organismos oficiales

“Ahora llegó el momento de hacer lo que no queríamos hacer: elegir con cuáles pacientes continuamos trabajando y con cuáles no, en base a si la obra social pagó o no pagó”, dice Giuliana Nicolau desde su consultorio en Ramos Mejía. Es la tarde del miércoles 21 de septiembre y en media hora recibirá a la familia de un niño con discapacidad para informarle que suspenderá el tratamiento. La familia tiene O.S.C.T.C.P, la obra social de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). “Nos están debiendo mayo. A la cuestión económica se nos suma la cuestión ética de dejar a chicos sin tratamiento”, agrega la psicóloga y psicopedagoga (MN 70618). 

Desde hace dos semanas, prestadores y familias de personas con discapacidad están movilizadas por demoras en la cadena de pagos, que en algunos casos provocó suspensiones de tratamientos o pagos de manera particular. El Gobierno Nacional informó que no existe ningún recorte en el área y que los pagos se restablecieron, sin embargo hay obras sociales que aún mantienen deudas con los prestadores, algunas superan los seis meses. elDiarioAR habló con los distintos eslabones de la cadena para conocer cómo funciona este sector de la salud que engloba a 1.503.779 personas, según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad para marzo de 2022.

Desde el lado de prestadores indicaron que se fueron regularizando los pagos, pero no en todas las obras sociales. Algunas prepagas también lo confirmaron. Sin embargo, hay familias con riesgo de perder los servicios. ¿Dónde está el problema?

En el país existen diferentes tipos de coberturas. Por un lado, las personas con Registro de Discapacidad que no tienen obra social y poseen una pensión no contributiva están nucleadas en el Programa Federal Incluir Salud, que depende principalmente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en corresponsabilidad con las provincias. Por otro lado, para aquellas personas que tienen obra social o prepaga existe el Fondo Solidario, que recibe aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras y está sujeto a la recaudación de la AFIP. Ese dinero se administra de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que es la que regula y controla. También existe otro grupo que depende de las obras sociales provinciales sin injerencia del Estado Nacional. 

Es en el segundo grupo donde se focalizaron la mayoría de las quejas. No solo en la demora de pago a los prestadores, sino también en las dilataciones para las autorizaciones médicas. “Los atrasos de los aranceles no se regularizaron, hay obras sociales que te pagan con dos meses de atraso, otras con tres y otras que vienen desde enero. Eso no es regularizar, es hacer que peligren las prestaciones. Hay gente que en junio cobró facturas de 2020 de Osuthgra”, dice Gilda Kriskovich, presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) en referencia a la obra social de la Unión de Trabajadores Hoteleros, cuyo secretario general es Luis Barrionuevo. Este jueves, el colectivo que lidera realizó una nueva Marcha de Antorchas desde el Obelisco hasta la Casa Rosada.

Si bien Kriskovich admite que llegaron algunos pagos, explica que no son la totalidad. Tradicionalmente los pagos son a 60 días, pero en los últimos meses todo se alargó. “Hay obras sociales, las más ordenadas pagaron junio, otras todavía no lo hicieron. El Gobierno dijo que para fines de septiembre iba a pagar julio, todavía no cobramos. El 15 de septiembre comenzaron a aparecer los pagos de las obras sociales porque la SSS empezó a pagar a las más chiquitas, las grandes quedaron últimas y son las que más pacientes tiene. Pero quedaron obras sociales que no pagaron junio y a las que la Superintendencia les pagó. Yo no sé que se hace con la plata, podrán en plazo fijo, no sé, la destinan para otra cosa”, cuenta la mujer que es profesora de Pedagogía Diferencial y mamá de un nene con discapacidad.

Desde el Gobierno Nacional negaron cualquier recorte o decisión de ajuste y explicaron que el Fondo Solidario no depende del presupuesto sino de AFIP. Además, indicaron que en el último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, del total de las obras sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%. El vocero de la ANDIS, Matías Fernández, lo confirmó en diálogo con elDiarioAR: “No hay recortes en el caso de la Agencia, tampoco en el de las prestaciones. La actual gestión ha tenido sistemáticamente aumentos presupuestarios, en lo general, por encima de la inflación. Además ha habido ampliaciones presupuestarias para poder mejorar las políticas públicas”. 

Fernández indicó que desde que asumió la actual gestión de Fernando Galarraga, el valor de las prestaciones (que están reguladas por un nomenclador) tuvo un aumento acumulado del 231%. “Está muy por encima de lo que es la inflación. El año pasado el aumento fue del 78.35% sobre el nomenclador y la inflación fue del 50.9%, casi 30 puntos arriba. Este año ya hay un 69% acumulado y una revisión en octubre. Cuando cambió el gobierno, nos encontramos con siete meses de demora en los pagos de las prestaciones del Incluir salud, tuvimos que regularizar una deuda de 6 mil millones de pesos por prestaciones”, explicó. Actualmente una consulta para psicología, por ejemplo, cuesta  2324.89 pesos según el nomenclador.

Sin embargo, en el otro extremo de la cadena hay familias que fueron notificadas y deberán pagar el tratamiento de manera particular o suspenderlo. Es el caso de Esteban, papá de Brisa, una nena de 8 años con Síndrome de Down. Tiene Unión Personal (UP), la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y el grupo terapéutico que atiende a su hija le avisó que deberá pagar 1500 pesos las sesiones de fonoaudiología, psicología y psicopedagogía. Estima que deberá tener 80.000 pesos por mes para el tratamiento y decidió enviar una carta documento a UP. “El domingo pasado tuvimos una reunión donde nos informaron que la situación era muy crítica, que tuvieron que pedir un préstamo para solventar el alquiler y los materiales, y nos dijeron que no le quedaba otra que empezar a cobrar. La situación es crítica e injusta porque hago los aportes, la gente no quiere ver una problemática que tenemos que es triste e injusta. Es un mundo con muchas barreras, persiguiendo a las obras sociales. Estamos con el peligro inminente de que nos corten los servicios”, explica. 

Bettina Tevere, mamá de Delfina, contó que el colegio especial privado al que asiste su hija les informó a principios de mes que si no se regulariza la deuda, evalúan cerrar. “Ya de por sí en Argentina es una burocracia total conseguir una terapia, hay un surco desde mi casa hasta la obra social. Pero este retraso llevó a esa comunicación del colegio. Las terapias son una fortuna, Delfi tiene psicopedagoga, fonoaudióloga y terapia conductivo-conductual. Las familias estamos asustadas, hay prestadores que están en paro y hay chicos sin terapia”, cuenta . “En el chat de madres, algunas dicen que cortarán las terapias, la gente del transporte escolar avisó que hasta que no les actualicen los pagos no siguen”, agrega. 

Fuentes de prepagas consultadas por este diario confirmaron que el dinero llegó a mediados de esta semana. “Lo que ocurrió el último mes fue un retraso importante en los depósitos. No era exactamente un ajuste, pero generó serias dificultades. Muchos prestadores son profesionales independientes o monotributistas sin la espalda suficiente para hacer frente a estas demoras. Afortunadamente, en las últimas horas , AFIP se puso al día”, indicaron desde una importante empresa de medicina prepaga.

“Tengo colegas que están sacando créditos en los bancos. Yo de junio cobré dos obras sociales nada más. La semana pasada Osuthgra me pagó abril, otra me debe mayo. Hay gente que no cobró cosas del año pasado todavía. Las respuestas son que la SSS no giró la plata o solamente el 30%. Hay casos en los que están pagando el 20% de una factura cuando todos sabemos que el monotributo hay que pagarlo al 100%”, explica Giuliana Nicolau. “Después del paro de dos semanas, empezamos a ver un poco de movimiento de plata, más que nada de las obras sociales chiquitas. Pero así como entró se fue porque tuvimos que pagar deudas de los gastos de seguros, matriculados, materiales, consultorio,  luz, etcétera. Entró, empecemos a pagar deudas y ahora llegó el momento de hacer lo que no queríamos hacer que es elegir con qué pacientes continuamos trabajando”, agregó.

Si efectivamente la SSS envió el dinero, pero algunas obras sociales no están pagando a todos los prestadores ¿qué pasa en el medio?. El rol de la Superintendencia no es solo destinar los fondos sino también controlarlos.

Paro por tiempo indeterminado

Desde PDU indicaron que si para fines de septiembre no tienen el pago correspondiente a julio, harán un paro el primer día de octubre por tiempo indeterminado. Otro de los reclamos de la marcha de este jueves será el de las demoras en las autorizaciones por parte de las auditorías médicas que realizan las obras sociales y prepagas para habilitar los tratamientos. “Hay retrasos en las autorizaciones de las prestaciones, eso es perjudicial. La obra social te dice que no brindes el servicio hasta que no esté la autorización porque se comienza a abonar en el momento. Por ejemplo, yo le presto servicio al paciente desde enero y recién la semana pasada lo autorizaron”, explicó Kriskovich

 “El reclamo es para que se mejore todo el área de discapacidad, el atraso de los haberes mostró lo mal que funciona el sistema, donde hay vulneración de derechos, violencia institucional hacia las familias y las personas con discapacidad, donde se tiene que seguir judicializando y haciendo amparos o recursos para que la persona tenga sus medicamentos, sus apoyos, la interconsulta, el pañal. Eso es un abandono hacia un sector que es vulnerable”, agregó. Todos coinciden en que el sector funciona de manera deficiente desde hace décadas. “El sistema está mal desde hace 30 años, no es ni con este gobierno, ni con el anterior. Siempre cobramos así, cuando uno decide dedicarse a discapacidad sabe que tiene estas demoras. Lamentablemente esto hace que los profesionales dejen de elegir estas carreras”, comentó Nicolau. 

Desde el Gobierno también trabajan en una nueva ley que contemple un nuevo paradigma y realizaron audiencias públicas en todo el país durante el primer semestre. “La ley vigente es de 1981, lleva la firma de Videla, está pensada desde el modelo médico de la discapacidad. Hoy hablamos del modelo social. Hace muchos años se pensaba cómo normalizar a la persona con discapacidad. Hoy, a nivel mundial se entiende que la persona tiene un déficit, pero la discapacidad se manifiesta cuando ese déficit entra en contacto con los entornos discapacitantes: barreras sociales, culturales y actitudinales que imposibilitan a la persona el llevar adelante una vida plenamente autónoma”, explicó Fernández.

CDB/MG