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Alberto Fernández y Patricia Bullrich no llegaron a ningún acuerdo en la audiencia de conciliación

Patricia Bullrich, a su ingreso a Tribunales: se sentará cara a cara con el Presidente.

elDiarioAR

16 de mayo de 2022 17:19 h

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El presidente Alberto Fernández y la dirigente del PRO, Patricia Bullrich, llegaron minutos antes del mediodía al juzgado civil 21 para participar de la audiencia de conciliación, en el marco de una denuncia realizada por el jefe de Estado a la titular del PRO por difamación. La “Piba” enfrenta dos juicios luego de haber acusado al Gobierno nacional de haber pedido un retorno para favorecer la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, algo que fue desmentido por la compañía farmacéutica.

Antes de las 13, la exministra de Seguridad se retiró y confirmó ante los medios presentes que no hubo acuerdo ni encuentro “cara a cara”: “La audiencia no existió como tal, fue una parodia, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió”, dijo, al tiempo que confirmó que ratificó sus dichos ante la Justicia. “¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos. Yo lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, relató.

Frente al encuentro Fernández-Bullrich, la Policía había montado un operativo especial de seguridad, que incluyó un vallado en la zona donde un grupo de “mujeres republicanas” suele manifestarse cada martes.

A la demanda que le inició el Presidente a la dirigente de Juntos por el Cambio, se le suma la que también hizo el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario.

La audiencia había sido fijada por el juez Luis Sáenz para las 12 en la sede del juzgado civil 21, en Talcahuano 490.

El objetivo del Presidente era que Bullrich se retracte de sus dichos. En caso de que no lo hiciera, como finalmente ocurrió, la causa avanzará y si la Justicia la encuentra culpable, la jefa del PRO podría tener que pagar una multa de 100 millones de pesos.

Este fue el segundo intento de mediación, ya que ambos habían sido citados el año pasado, cuando tampoco hubo acuerdo.

“La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo”, anunció Dalbón, en junio del año pasado, a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter.

La conciliación de este martes era diferente a la anterior dado que la misma fue ante el juez del caso y, como la demandada no cambió de postura, el caso se abrirá a prueba, es decir que comenzará a investigarse si efectivamente Bullrich difamó al jefe de Estado.

Bullrich había dicho en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un “socio local” en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un “retorno” a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.

Esas declaraciones fueron desmentidas por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.

El pasado 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún “pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener “interés” en bienes naturales o reservas del Banco Central.

“En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios”, aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo “el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina”.

Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían “hechos de gravedad institucional”, porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.

Con información de agencias.

MG

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