El plan del Gobierno para reprimir su primera marcha en contra, que buscará llegar a Plaza de Mayo

El miércoles próximo será un día clave para el gobierno de Javier Milei. Se pondrá a prueba por primera vez el alcance del flamante “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich ante una multitudinaria movilización a la Plaza de Mayo que convocan organizaciones de izquierda, de derechos humanos, estudiantiles y sindicatos en memoria del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Qué escenario se verá en la calles del microcentro porteño esa jornada? A priori, habrá máxima tensión. 

La ministra de Seguridad ya avisó que se reprimirá cualquier corte o piquete en la vía pública mientras las agrupaciones esperan convocar a por lo menos unas 25 mil personas. Desde el Polo Obrero ratificaron la realización de la marcha y afirmaron su intención de que sea “pacífica” y sin buscar “entrar en la provocación del Gobierno”: “No vamos a una guerra el 20 de diciembre”, dijo el legislador Gabriel Solano a este medio.

Las últimas horas fueron frenéticas entre la Nación y la Ciudad para lograr un plan conjunto, ya que el protocolo de Bullrich alcanza a las vías públicas federales, pero deja abierta la posibilidad de dar apoyo en los territorios siempre y cuando las provincias o la Capital Federal lo demanden. Es lo que ocurriría el miércoles: se desplegarán agentes federales en puntos estratégicos para reforzar el operativo del gobierno porteño de Jorge Macri, que sólo cuenta con unos 26 mil efectivos propios.

“Cerco federal”

Como gran parte de los manifestantes que nutren los piquetes porteños provienen del conurbano bonaerense –sobre todo del llamado primer cordón–, lo que planean Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff, es que las fuerzas federales impidan el acceso a la ciudad por las vías habituales –sobre todo las que conectan el sur–, como son el puente Pueyrredón, la autopista Ricchieri y las estaciones y terminales de trenes Roca, Belgrano Sur y Sarmiento. Una especie de “cerco federal” para evitar que los manifestantes lleguen siquiera a pisar las calles porteñas. 

“Ellos van a cubrir esos accesos”, aseguraron desde el gobierno porteño sobre el accionar de la Nación. Se espera un control exhaustivo: habrá hasta requisa de los micros escolares y combis, que suelen usarse para movilizar manifestantes. Queda en el aire la contradicción de que sea el propio operativo policial el que demore o interrumpa el tránsito. También hay duda sobre cuál será el rol de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya que no trascendió aún que Axel Kicillof se adhiera al protocolo de Bullrich. elDiarioAR no tuvo respuesta a reiteradas consultas a La Plata. 

Se espera un control exhaustivo: habrá hasta requisa de los micros escolares y combis, que suelen usarse para movilizar manifestantes. Queda en el aire la contradicción de que sea el propio operativo policial el que demore o interrumpa el tránsito

La “frontera” más visible entre ambas jurisdicciones es en la avenida General Paz, que es de custodia porteña, pero la colectora del lado bonaerense depende de la Provincia. A cargo de la fuerza bonaerense ya no está Sergio Berni, sino un funcionario de menor perfil mediático: Javier Alonso, que en su primera medida cambió la jefatura de la policía.

En las estaciones de trenes –que son nacionales– habrá controles “por si hay desmanes”, apuntó una importante fuente oficial, aunque aclaró que no habrá “inteligencia” para “marcar” a los pasajeros: “En el tren no se puede hacer nada. Las personas podrán viajar normalmente”, dijo el funcionario nacional. Bullrich había advirtido que podría haber detenciones si se encuentran “palos o encapuchados”.

“Balas de goma, gases y camiones hidrantes”

El territorio capitalino estará custodiado por la policía de la Ciudad, pero ante cualquier eventualidad o necesidad de reforzar el número de agentes pedirá la asistencia de los federales –el protocolo de Bullrich involucra a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y hasta el Servicio Penitenciario Federal–. “Si necesitamos ayuda obviamente vamos a pedirle a las fuerzas federales”, recogió este medio de una de las fuentes consultadas. “No hay un efectivo por manifestante”, reconoció otro vocero porteño ante la superioridad numérica en la que se encontraría la fuerza porteña.

La policía quedó días atrás encabezada por Diego Kravetz, a la vez segundo de Wolff. Y su defensa de los agentes es cerrada. Mañana habrá un “homenaje” a agentes porteños que fueron heridos en 2017 cuando una importante manifestación impidió que el macrismo avance con su reforma previsional en el Congreso. Fue el famoso día de “las 14 toneladas de piedra”.

“Hay un número más que suficiente de agentes federales para ayudar a la Ciudad”, afirmó un encumbrado funcionario de Seguridad nacional en off a elDiarioAR. La fuente aclaró que el protocolo impide que los agentes utilicen armas de fuego letales, pero detalló los pertrechos que se podrán a disposición el miércoles para lo que sería una eventual represión: “Los agentes podrán utilizar balas de goma, gases lacrimógenos, cachiporras, camiones hidrantes; todo lo que sirva para disuadir colectivamente al piquete”, enumeró el funcionario que tiene contacto directo y permanente con Bullrich. Aclaró también que las fuerzas federales pondrán en marcha a “todas sus unidades especiales con experiencia antitumulto”, como es la Infantería. 

El protocolo de Seguridad contempla la detención de los manifestantes que estén “en flagrancia”, amparándose en el artículo 194 del Código Penal, que reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. 

“Corte una vía pública es delito. Al que corta se lo detiene y se lo pone a disposición de un juez, que eventualmente luego podría liberarlo o no”, señaló el funcionario nacional consultado. Pero más allá de su detención, el protocolo habilita a Seguridad a coaccionar contra el apresado trasladando su información personal al resto de las demás dependencias del Estado: así, por ejemplo, si es beneficiario de un plan social, el ministerio de Capital Humano podría quitárselo; si está quemando una cubierta, podría ser acusado de “contaminar el ambiente”; si es conductor de un transporte escolar pero lleva manifestantes, la secretaría de Transporte podría quitarle la licencia.

“Va a haber rocanrol”, anticiparon sobre la expectativa de la semana en el entorno de Bullrich, que se rodeó de caras conocidas en su regreso a Seguridad: como jefe de Gabinete ungió a Carlos Manfroni, con quien tiene relación de años y comparte un vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel; mientras el secretario de Seguridad –virtual viceministro– es Vicente “Tito” Ventura, del riñón de Cristian Ritondo. También nombró a Sebastián García de Luca, que fue responsable de sus fiscales durante la campaña, a cargo del relacionamiento político del ministerio, y a Martín Siracusa, un incondicional suyo, como secretario administrativo, consignó Perfil.

La marcha, del Congreso a Plaza de Mayo

La izquierda también se prepara para la movilización del miércoles, que estiman multitudinaria. En el PO esperan entre 25 mil y 50 mil personas, sobre todo por la adhesión de unas cien organizaciones luego de que Bullrich oficializara su protocolo represivo. La concentración recorrería en el horario de la tarde la traza de la avenida de Mayo, del Congreso a la Plaza de Mayo, para confluir en la Casa Rosada. Tiene el simbolismo de conmemorar a las víctimas de la feroz represión del 2001, pero también cuestionarán el ajuste económico de Milei. 

La izquierda en cada movilización pone en marcha una aceitada organización, que abarca desde el transporte de los manifestantes hasta su propia seguridad, la comida, los encargados de llevar las banderas y una lista con los participantes

Pese a su convocatoria, el bloque piquetero no contará con el apoyo de la CGT o la UTEP, el gremio de la economía popular que abarca a las organizaciones kirchneristas. “Chocar de frente no tiene ningún sentido; profundiza la estigmatización. Hoy no hay consenso para cortar la calle. Te pones en un rincón social para que la sociedad te putee. Esto pronto va a empeorar, pero ahora no hay que forzar de más el malestar”, comentó una importante dirigente del Movimiento Evita a elDiarioAR. La agrupación que conduce Emilio Pérsico sí tiene en agenda realizar pronto una gran feria popular en la Plaza de Mayo o frente al Congreso, como los conocidos “verdurazos”. El MTE de Juan Grabois –como ya es habitual– va a organizar una “celebración” de Navidad el sábado próximo frente a la Casa Rosada con cartoneros y personas en situación de calle.

Para contrarrestar el operativo de “cerco” a la Capital, los organizadores de la marcha dispondrán que haya abogados en las estaciones de trenes para evitar “detenciones arbitrarias”. También esperan que la Justicia se expida en las próximas horas avalando el derecho constitucional de la protesta. 

Eduardo “Chiquito” Belliboni, uno de los máximos referente del PO, supo detallar a elDiarioAR que para cada movilización se pone en marcha una aceitada organización para evitar cualquier incidente: abarca desde el transporte de los manifestantes –el miércoles será en tren– hasta su propia seguridad, la comida, los encargados de llevar las banderas y una lista con los participantes “para que nadie se pierda”. También hay reglas claras en sus marchas: no se puede beber alcohol, fumar ni mucho menos drogarse. Incluso hay un sistema de rondas internas de control y recomiendan no mirar a los automovilistas a la cara para evitar escenas de tensión. 

“Bullrich busca intimidarnos, tratando de que la gente no marche”, denunció a su vez Solano, que entiende que el miércoles tendrán el desafío de no “hacerle el juego” a la policía. “Nosotros tomaremos las precauciones del caso, como es estar bien organizado y evitar que entren provocadores a la manifestación”, afirmó el ex precandidato presidencial del PO y actual legislador. Y anticipó el carácter que tendría la manifestación: “La nuestra es una marcha pacífica”. 

MC/JJD