En el año de la pandemia, el Gobierno transfirió subsidios por US$264 millones al brazo petrolero de Techint

Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas del Grupo Techint, recibió subsidios del Estado nacional para el desarrollo de sus actividades en la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta por $36.768 millones desde abril de 2018 hasta diciembre de 2020, de acuerdo a información de la Secretaría de Energía. De ese monto, el 42% —medido en términos reales— fue abonado durante el año pasado por el Gobierno de Alberto Fernández, pese a las restricciones económicas de la pandemia.

Los datos fueron publicados el 29 de diciembre por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence y obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.

El monto transferido ubica a la empresa de Techint como una de las receptoras individuales que más subsidios del Estado nacional acumuló en los últimos 3 años. El aporte no sólo fue continuado durante la gestión de Fernández sino que fue profundizado. Con el Frente de Todos en la Casa Rosada, los pagos a Tecpetrol alcanzaron $20.402 millones, cifra que superó, como parámetro, a lo destinado por el gobierno central para el transporte urbano y de corta distancia en todo el país excepto el AMBA, o representó 10 veces el presupuesto asignado al plan de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina durante 2020.

Las cuentas no cierran allí. Techint reclama ante la Justicia lo que considera subsidios no saldados que, en principio, superarían los $23.500 millones, unos US$280 millones al valor de hoy, según el balance de la empresa. Para el Gobierno, en cambio, ya no hay deuda, informó la Secretaría de Energía.

Medidos en dólares a la cotización del mes en que las transferencias fueron desembolsadas, Tecpetrol acumuló incentivos por US$619 millones en 33 meses, de los cuales US$264,4 millones (42%) fueron saldados entre febrero y diciembre de 2020. El año anterior, el Ejecutivo de Macri —que creó el plan de estímulo— giró a la filial de Techint $13.450 millones (US$265,9 millones de acuerdo al tipo de cambio de los meses del pago, 43% del total) mientras que, en 2018, abonó $2.915 millones (USD88.7 millones, 15%).

Tras un conflicto entre el Gobierno de Cambiemos y la empresa que conduce Paolo Rocca, derivado del quiebre económico de 2018, Macri aceleró los pagos antes de dejar la Quinta de Olivos. En el segundo semestre de 2019, el Gobierno PRO-UCR-Coalición Cívica apretó enter por $9.487 millones, unos US$170 millones de dólares a la cotización de entonces.

Cuentas pendientes

El recelo personal entre Rocca y el ex Presidente, proveniente de la época en que ambos pugnaban por contratos con el Estado, había alcanzado una inquina mayor tras la irrupción del caso Cuadernos en agosto de 2018, una trama en la que parte del empresariado vio una prestidigitación de un del macrismo de Inteligencia. Entre los pagadores de coimas presuntamente anotados por el chofer Oscar Centeno se ubicaba la firma de Rocca, pero tanto él como su histórico gerente principal, Luis Betnaza, fueron salvados por el fuero federal que opera en Comodoro Py 2002. No obstante, la desconfianza mutua con Macri no impidió que Rocca hiciera público su favoritismo por la política económica del macrismo, incluso un año después de la asunción de Fernández. 

El mayor peso proporcional de los pagos a Tecpetrol durante el gobierno del Frente de Todos no deja de representar una curiosidad, ya que Fernández, cuando era candidato y durante los primeros meses de su mandato, criticó en numerosas oportunidades que la política energética de su predecesor había sido diseñada “para los amigos de Macri”. En uno de los años más recesivos de la historia argentina, el Gobierno del Frente de Todos mantuvo los pagos y saldó la deuda de 2018 y 2019 reconocida por el Estado.

Pasaron cosas

El subsidio multimillonario se inscribe en la resolución 46, firmada en 2017 por el entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren, y famosa en el mundillo energético. El programa apuntó a una segunda fase de desarrollo en Vaca Muerta, tras el impulso inicial logrado en 2012 con la estatización del 51% de YPF y la posterior asociación con Chevron. Bajo el paradigma de Aranguren, hacía falta garantizar precios a través de elevados subsidios dolarizados como modo de atraer inversores que perforaran el suelo de una de las mayores reservas de petróleo y gas del continente. Era la forma, en los planes, de iniciar un esquema virtuoso que duraría décadas (ver aparte).

Como en toda su política de gas, petróleo, generación y distribución de energía, la estrategia de Aranguren —exejecutivo de Shell— y su sucesor, Javier Iguacel —exejecutivo de Pluspetrol—, consistió en garantizar rentabilidades altísimas para las empresas privadas a expensas del presupuesto estatal o de los hogares que asumirían las tarifas dolarizadas de servicios públicos como método para “sincerar” la economía.

La resolución 46 estableció el pago de US$7,50 por millón de BTU a partir de 2018, en una escala descendente que terminaría en US$6 en el año que acaba de comenzar.

La compañía energética de la familia Rocca —cuya razón social última es un sello radicado en Uruguay—anotó ante la Secretaría de Energía el proyecto de Fortín de Piedra para extraer shale gas y obtuvo, de inmediato, excelentes resultados de producción. En 2018, Tecpetrol “enterró” US$ 1.640 millones —una de las mayores inversiones privadas no financieras de la era Macri—con la mira puesta en recibir los pagos garantizados por el Estado, según documentos judiciales de la empresa citados por REDD. En cuestión de meses, Tecpetrol duplicó la producción prevista al momento de suscribir el programa de estímulo.

La resolución 46 resultó ser una trampa mortal. Los precios internacionales de los hidrocarburos se precipitaron al poco tiempo, primero a la mitad y finalmente a un tercio; la devaluación del peso desestabilizó las cuentas del Estado y las de todos los argentinos; y la recesión acelerada en abril de 2018 hizo que sobrara gas gran parte del año, por lo cual, la producción extraordinaria de Tecpetrol resultó innecesaria. Como la energética de Techint tenía un subsidio garantizado, en lugar de frenar por la baja demanda, aceleró. Cuanto más producía, más pagos extraordinarios a US$7,50 por millón de BTU recibía, porque el Estado ponía la diferencia entre el valor del mercado y el precio tope. El resultado fue un conflicto judicial y una montaña de deuda en dólares reclamada por la empresa, y el taxímetro corriendo su favor.

Recalculando

En enero de 2019, el Gobierno de Macri, sin financiamiento externo y ávido de recursos, recalculó el subsidio. Desplazado Iguacel, Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, estableció que se pagaría el incentivo por la producción estimada en el momento en que fue presentado el proyecto (noviembre de 2017) y no en función de la producción realmente alcanzada. En el caso de Tecpetrol, la diferencia en dólares era el doble. La empresa previó que produciría 7 millones de metros cúbicos de gas por día en Fortín de Piedra, y terminó eyectando 14 millones de metros cúbicos menos de un año después.

En su recurso administrativo ante la Secretaría de Energía y la denuncia judicial ante el fuero contencioso administrativo federal, la firma de Rocca reclamó en mayo de 2019 que el Estado reconociera el salto exponencial en la producción, no sólo porque el asterisco reinterpretado por el gobierno de Macri —a su juicio— no estaba contenido en la letra de la resolución 46 (se pagaría por producción real, no por estimación, dijo Techint), sino porque su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta, indicaron los textos de la compañía en el expediente judicial, citados por REDD.

Como resultado de la debacle económica, el resto de las empresas paralizó sus proyectos de exploración y cerró pozos. La queja soterrada de toda la industria, con YPF a la cabeza, fue que la resolución 46 pareció creada a la medida de Tecpetrol. De hecho, la empresa de Techint acaparó más del 70% de los subsidios y el resto se repartió entre YPF, Compañía General de Combustibles (Eurnekián), la francesa Total, Pan American Energy (Bulgheroni), la alemana Wintershall y Capex (Gotz). Otras firmas como Pampa Energía (Mindlin), Pluspetrol (Héctor Poli, adherente a Macri y muy crítico de Fernández), Exxon Mobil, Shell y otras no llegaron a entrar antes de que Lopetegui cerrara la ventanilla para nuevos proyectos. Así fue como Tecpetrol pasó, en menos de un año, de ser un actor marginal en Vaca Muerta a convertirse en uno de los principales productores de gas gracias a su proyecto estelar de Fortín de Piedra, mientras el resto vendía toda o gran parte de su producción a mitad de precio.  

Alberto Fernández prefirió mantener casi inalterados los subsidios y los contratos en dólares de generación eléctrica y producción de gas y petróleo, en contraste con el congelamiento de tarifas de gas y electricidad y, hasta mitad de año, del precio de venta de los combustibles.

Techint argumentó que su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta

Con la producción de gas en caída libre y con YPF contra las cuerdas, el Ejecutivo discutió durante la segunda mitad de 2020 un nuevo plan de subsidio a la producción, con precios en torno a US$ 3,70 por millón de BTU, la mitad del esquema Aranguren. El nuevo estímulo se transformó en una imperiosa necesidad para Martín Guzmán —de quien depende la Secretaría de Energía desde septiembre pasado—, porque al ritmo que se venía, el Estado tendría que gastar el año próximo los dólares que no tiene para importar el combustible desde Bolivia o el oneroso gas licuado que llega en barco.

Uno de los escollos del nuevo Plan Gas era que las empresas exigían el pago de los subsidios atrasados. El principal punto de la discordia era la resolución 46 y las supuestas deudas con Techint, tanto la reclamada judicialmente (que sería de, al menos, $23.500 millones) como la del cálculo reinterpretado por el Macri de 2019. A diciembre pasado, para el Gobierno de Fernández la cuenta estaba en cero, según el informe de la Secretaría de Energía.

Acuerdo

Finalmente hubo acuerdo y la energética de Techint suscribió el nuevo precio estímulo del gas por los siguientes 4 años. Esta vez, el beneficio estuvo repartido entre todas a las empresas que quisieron participar, con YPF a la cabeza y Tecpetrol un paso atrás.

Durante las negociaciones entre la firma de Rocca y la Secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez —peronista de buenas relaciones con Cristina Fernández de Kirchner—, se especuló con que el Gobierno pondría como requisito que Tecpetrol abandonara los reclamos por el recálculo implementado por la administración Macri cuando el costo de la resolución 46 se fue por las nubes. No ocurrió. En principio, se supone que Techint mantendrá el juicio abierto en el juzgado contencioso administrativo federal número 6, pero frenará el taxímetro y no ampliará la denuncia a los pagos de 2021, ya que la resolución 46 sigue vigente hasta diciembre próximo. Es decir, coexistirán los dos subsidios, el de Aranguren y el de Martínez.

Tras permanecer paralizado casi todo el año, el expediente judicial iniciado por Tecpetrol contra la administración pública se abrió a período de pruebas en octubre pasado, informó REDD. Así las cosas, las transferencias a la energética de Techint podrían incrementarse si la Justicia entiende que Rocca tiene razón y la variante de Lopetegui dispuesta en 2019 resultó un cambio en las reglas de juego.

Tecpetrol y la Secretaría de Energía declinaron responder para esta nota. 

SL