Por qué el alquiler social puede reducir el déficit habitacional

En nuestro país, una vivienda en alquiler parece ser solamente un tema entre privados, o una cuestión de suerte. Entre las barreras de acceso se cuentan los pedidos de garantía inmobiliaria, la baja oferta de propiedades, los altos costos y la discriminación. Hay un sector que no accede a la vivienda a través del alquiler ofrecido por el mercado, y cuya situación excede los puntos generales de la ley, los usos y las costumbres del alquiler en Argentina. Este es el caso de tantas poblaciones como familias con ingresos informales, jubilados, mujeres afectadas por violencia de género, inmigrantes, entre muchas otras que hemos podido identificar. Pensar en esas personas es pensar en la necesidad de implementar el alquiler social.

Vemos muy seguido noticias sobre viviendas que se incendian y se derrumban, con personas que quedan en la calle, sin haber tenido ningún derecho por el pago y sin ninguna garantía sobre su seguridad, como el caso del conventillo que se derrumbó semanas atrás en Floresta. Más silenciosas aún son las consecuencias del hacinamiento, falta de higiene e inseguridad que se viven en muchos lugares de la ciudad por los que transitamos a diario, que no reciben denuncias simplemente por lo normalizadas que están esas condiciones de vida. Hoy, miles de familias en todo el país deben vivir en inquilinatos, hoteles-pensión o conventillos pagando altos precios, pero con pésimas condiciones, lo que produce enfermedades, ausentismo laboral y escolar, y hasta la muerte. 

El alquiler social es el reconocimiento del Estado de la existencia de esta realidad. Es una herramienta que tiene un potencial de reducción del déficit habitacional aún no considerado. Para su implementación, el sector público y el trabajo coordinado con distintos sectores podrían operar a través de herramientas para la implementación de respuestas, como ya ocurre en otros países. 

La Ley 27.551 sancionada en el 2020, crea, en su artículo 17, el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal. Nuevamente, la normativa comprende que existe una población que requiere una atención diferente, que considere las particularidades y características propias de las barreras de acceso. Sin embargo, todavía su cumplimiento se encuentra pendiente.

Desde Hábitat para la Humanidad Argentina, implementamos desde hace más de 10 años un programa propio en el edificio Estela de Esperanzas del barrio de La Boca. Este proyecto fue creado para demostrar que, bajando las barreras formales de acceso, familias que alquilaban precariamente sostienen un alquiler “de mercado”. En el edificio, construido íntegramente por la organización donde antes había un conventillo deshabitado y en malas condiciones, los nueve departamentos son alquilados a familias que tienen el dinero para pagar un alquiler, pero que no pueden acceder a él.  

Desde que iniciamos la campaña de Alquiler Social YA, abogando por la regularización de la ley, descubrimos unanimidad por parte de todos los sectores respecto a la necesidad de implementar el alquiler social en Argentina. Pero primero debemos construir qué es, considerando a todos los actores y escuchando todas las voces. Nos debemos un debate profundo sobre qué implica y cómo podría implementarse. 

Es por esto que estamos convocando a las 1ras. Jornadas de Alquiler Social en Argentina, a celebrarse los días 4, 5 y 6 de septiembre, con el objetivo de escuchar, dialogar y debatir sobre el tema. Este es un desafío que no podemos enfrentar de manera aislada. Reconocer los desafíos y proponer soluciones es una tarea que requiere la participación de distintos sectores y que nos permitirá darle centralidad a la vivienda en la política social, entendiendo el impacto que esto tiene en todos los aspectos de la vida.

(*) La autora es directora adjunta de Desarrollo Institucional de Hábitat para la Humanidad Argentina.

AR