Un escándalo por supuestas coimas agita el debate por la minería en Chubut
“Ustedes lo que necesitan es un contacto político que abra puertas. Mi empresa se llama Bridges (puentes, en inglés), porque es lo que hago”, dice el hombre, mientras le da unas pitadas a un habano, lo hace jugar entre sus dedos. El que habla es el entonces “consultor comercial” y actual diputado provincial Antonio Sebastián López que, sentado en alguna oficina chubutense frente a representantes de una empresa minera, les explica sus términos: “Para pensar en un futuro y tener un compromiso con ustedes mañana, estoy hablando arriba de cien lucas”.
El video —una cámara oculta difundida ayer por el diario Perfil— es de mediados de 2018, cuando López se desempeñaba en el ámbito privado. Desde diciembre de 2019 ocupa la única banca del PRO en la Legislatura provincial, donde explicitó su apoyo a la iniciativa que hoy agita los ánimos de toda la provincia. Se trata del proyecto de Ley de Desarrollo Industrial Minero Metalífero, que fue enviado por el Ejecutivo el 20 de noviembre pasado y autoriza la explotación minera en dos departamentos de la meseta central de la provincia, Gastre y Telsen, donde se encuentra la mayor reserva mundial de plata.
En las últimas semanas, la iniciativa generó grandes manifestaciones populares de repudio en las principales ciudades de la provincia —con el argumento central de los riesgos ambientales que la actividad implica— y apoyo del pequeño grupo de habitantes de los departamentos directamente afectados por el proyecto, que lo ven como una posibilidad de desarrollo en la zona. El texto iba a ser tratado el 10 de diciembre pasado, pero no obtuvo dictamen de comisión y es probable que sea incluido en el temario de las sesiones extraordinarias.
“La rosca me gusta mucho. La sé, obviamente, la hago de manera profesional. Después veremos a dónde llegamos en la política”, dice López en el video en que pide “arriba de cien lucas” a cambio de sus servicios, sin detallar a qué moneda se refiere. Además, solicita protección en los medios. Puntualmente, que “si sale algún boludo [a hablar], lo frenen”.
La cámara oculta generó la fractura del Bloque Alianza Cambiemos Chubut, integrado por dos diputados radicales además de López, proveniente del PRO. La UCR, que ya había expresado su voto negativo al proyecto de zonificación minera, emitió un comunicado en el que decidió “excluir” a López del bloque y rebautizarlo “Bloque UCR”.
La cámara oculta generó la fractura del Bloque Alianza Cambiemos Chubut, integrado por dos diputados radicales además de López, proveniente del PRO.
En el texto publicado, la UCR provincial explica que fue respetuosa de la decisión de López de acompañar el proyecto, “entendiendo que esa ha sido históricamente la posición” del PRO. “Sin embargo, los hechos que han tomado estado público nos obligan a manifestar nuestro repudio a las expresiones, actitudes y procederes que lo involucran”, añade.
Por otro lado, la dirigencia del PRO Chubut presentó una denuncia penal contra el diputado de su propio partido y evalúa su remoción. “Además de grotesco y desagradable es grave. Lo hablamos con los representantes del partido a nivel nacional y todos coincidimos que no podemos tener una vara distinta a la que hubiéramos usado con otros partidos”, dijo a elDiarioAR Ignacio Torres, diputado nacional y presidente del PRO en Chubut.
Respecto de los rumores que lo señalan como la mano detrás de la filtración del video, Torres dijo: “Puedo entender que Sebastián [López] esté enojado por la actitud que tomamos, obviamente no es una situación cómoda, pero hicimos lo que se tenía que hacer”.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal de la provincia informó que se recibió la denuncia, que será tramitada en Puerto Madryn y estará a cargo del fiscal Daniel Baez.
La cámara oculta de López se suma a otro episodio previo, que también dejó al desnudo la fuerte trama de intereses que subyace al proyecto de ley. La semana pasada comenzó a circular un audio de WhatsApp en el que la diputada provincial peronista Leila Lloyd Jones acusa a otros miembros del recinto de recibir coimas de las empresas mineras para aprobar el proyecto.
“Me piden en el video que les consiga laburo. No, les dije, vayan a pedirle laburo a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras”, se escucha decir a las legislador peronista Leila Lloyd Jones en un audio de WhatsApp que comenzó a circular la semana pasada. Quienes le pidieron trabajo sería un grupo de personas pro minería que se manifestaron en la puerta de su casa por su postura contraria al proyecto.
El lunes fue consultada en una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda por el audio y no negó que fuera su voz; sólo se limitó a decir que daría las explicaciones correspondientes en la Justicia. El procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, confirmó a elDiarioAR que inició una investigación de oficio y que “se están tomando todas las primeras medidas”. Puntualmente, elevó requerimiento a la diputada Lloyd Jones para que reconozca o no la legitimidad del audio y aporte información correspondiente por el supuesto pago a legisladores para la sanción del proyecto minero.
No es el primer escándalo que se desata en la provincia vinculado a la interferencia de las mineras en la política. En 2014, cuando en la Legislatura se avanzaba en otro intento por habilitar la minería, una foto de la pantalla del celular del legislador peronista Gustavo Muñiz se hizo viral: en plena sesión recibía indicaciones del gerente de una minera para modificar un artículo.
El martes el gobernador Mariano Arcioni dio una conferencia de prensa en la que dijo que, pese a los episodios que enrarecen el clima no retirará el proyecto de ley e insistirá en que sea debatido. Lo que subyace a la discusión de la ley es la activación del Proyecto Navidad, el mayor yacimiento de plata del mundo que la empresa canadiense Pan American Silver Corp espera hace años poder comenzar a explotar y para lo que promete una inversión de US$1.100 millones. De aprobarse, la provincia contaría además con regalías del 3% por sobre el valor del mineral extraído, más un 2% en concepto de “bono de compensación minera”, un salvavidas en un momento en que sus cuentas están en rojo y adeuda salarios a los estatales.
“Yo no voy a hipotecar el futuro de la provincia por acusaciones que se realizaron en estos días”, dijo el gobernador. “Venimos trabajando hace más de 10 meses en este proyecto, que es integral y jamás tuvimos una propuesta tan superadora en la provincia, por eso solicitamos el debate, llevará el tiempo que tenga que llevar, se discutirá y se aportará lo necesario”, añadió.
DT
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