Los datos que deforma el Gobierno para afirmar que los ingresos de los trabajadores están subiendo

Mucho se habló esta semana del índice de salarios correspondiente a mayo 2024, publicado por el Indec. En su informe, el organismo reveló que los ingresos de los trabajadores crecieron 8,3% contra una inflación en el mes de 4,2%, por ende, en mayo mejoraron su poder adquisitivo respecto a abril.

Sin embargo, si comparamos con el nivel que estaban en noviembre de 2023, último mes de la gestión anterior, los salarios se ubican 13,1% por debajo en términos reales: un derrumbe que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país. A su vez, se ubican 16,1% por debajo de mayo del año anterior.

Como puede apreciarse en el gráfico a continuación, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, el gran derrumbe se produjo en el mes de diciembre de 2023.

La estrategia discursiva del Gobierno consiste en desentenderse, y no asumir como propio, el desplome que implicó para los ingresos argentinos el 25,5% de inflación del mes de diciembre. Ello implica desconocer que en gran parte, el fogonazo inflacionario se produjo por una mega devaluación, que aumentó el tipo de cambio en 118%, decidida por el Presidente Javier Milei y ejecutada por su ministro de Economía Luis Caputo.

Los salarios no registrados cayeron desde noviembre a mayo 22,7% en poder adquisitivo, los salarios públicos perdieron 18,4% de capacidad de compra y los privados registrados se redujeron “sólo” 6,5%.

Además, el dato que celebran no es representativo del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Si desagregamos el dato salarial, encontramos diferencias muy profundas en los distintos segmentos: mientras que los salarios no registrados cayeron desde noviembre a mayo 22,7% en poder adquisitivo, los salarios públicos perdieron 18,4% de capacidad de compra y los privados registrados se redujeron “sólo” 6,5%. 

Teniendo en cuenta esta enorme fragmentación al interior de los trabajadores, incluso si dejamos de lado el efecto de la inflación de diciembre, sólo los trabajadores registrados privados mejoraron su posición con respecto a diciembre. Tanto los no registrados como los trabajadores públicos continuaron perdiendo poder adquisitivo.

No es casual que éstos resulten los grandes perdedores en la era Milei: en ambos, las decisiones gubernamentales tienen un peso relativo mayor que en los salarios registrados privados.

En el caso de los salarios de los trabajadores no registrados, éstos poseen un estrecho vínculo con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El mismo solía acordarse, en el marco del Consejo del Salario, entre representantes de trabajadores y representantes empresarios. Sin embargo, desde la asunción de Milei, el virtual retiro del Estado de esta mesa, obstaculizó la posibilidad de acuerdo, y terminó siendo el Poder Ejecutivo Nacional el que estableció vía Decretos el monto mensual del SMVM. 

Luego de dejar pasar junio sin ningún tipo de actualización, el viernes se publicó en el Boletín Oficial un aumento para julio de 8,5% y otro para agosto de 3,2%. Estos guarismos no están ni cerca de lo que pedían los representantes de los trabajadores: un 106% para el mes actual que les permita aumentar de los $234.315 correspondientes a junio a $482.000 para julio.

El pedido de las centrales sindicales buscaba recuperar el terreno perdido: en el primer semestre de 2024, el SMVM sólo creció 50% contra una inflación de 80%. Sin embargo, la posición del Poder Ejecutivo se ubicó más cercana a la solicitada por las cámaras empresarias. Para julio el SMVM se fijó en $254.232: el 62% de una canasta básica alimentaria de una familia.

El otro conjunto de salarios sobre los que el Gobierno ejerce un rol importante son los salarios del sector público. Desde su asunción, Milei viene llevando adelante aumentos más bien unilaterales, sin discusión alguna. Esto llevó, por ejemplo, a una brutal pérdida de poder adquisitivo en los salarios universitarios, que desencadenó en una declaración de crisis del Consejo Interuniversitario Nacional bajo el lema “Sin salarios dignos no hay universidad”, y la declaración de emergencia en materia salarial en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Los salarios más afectados en este marco resultan los de la escala más baja: desde diciembre la Secretaría de Educación (perteneciente al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello) no actualiza la garantía salarial, generando una pérdida en los salarios más bajos aún mayor que en los más elevados.

Por ejemplo, a junio un Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple perdió 34,4% de su poder adquisitivo desde noviembre, mientras que el salario de un Titular con dedicación semi-exclusiva cayó 25,6%.

En este marco crítico, el Gobierno pretende instalar un discurso de mejora. Sin embargo, tanto los datos como la vivencia individual se encuentran muy alejados del relato.

DM/CB