Después de que Guzmán reconociera el desacuerdo fiscal, el Gobierno y el FMI retoman mañana las negociaciones
Después de tres semanas de parate por las vacaciones obligadas que se toman en Navidad los burócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI), ellos y sus colegas del Ministerio de Economía y el Banco Central de la Argentina volverán a prender sus computadoras y a abrir el Google Meet este lunes para reanudar las negociaciones virtuales del acuerdo para evitar un impago de la deuda en marzo próximo. El pasado miércoles, Martín Guzmán admitió que la diferencia radica en que el FMI -como siempre- pide ajuste y su Gobierno, en cambio, quiere ir bajando el déficit fiscal de modo más gradual, de modo de que la economía siga creciendo este año y los próximos.
El reconocimiento del ministro de Economía provocó un derrumbe de los títulos públicos y, por consiguiente, el ascenso del riesgo país a más de 1.800 puntos básicos ante el creciente temor de los mercados de que el pacto esté lejos de alcanzarse, pero en el equipo negociador de la Argentina interpretaron el mensaje al revés y consideran que el Fondo tampoco pide un recorte salvaje que sea imposible de asumir por parte de la administración que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
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En el plantel económico destacan que Guzmán señaló coincidencias en la necesidad de acumular reservas. Sostienen que al organismo sólo le interesa cobrar el préstamo récord que le otorgó en 2018 al Gobierno de Mauricio Macri, sobre todo los intereses porque el capital se empezaría a devolver dentro de cuatro o seis años. El ministro también destacó que ambas partes buscan ir camino a la eliminación de la emisión monetaria para financiar el rojo fiscal. En sus huestes celebran que el Fondo ya no pida reformas laborales o jubilatorias.
Con el plan de bajar la inflación en forma gradual a lo largo de diez años -como hicieron los países europeos y latinoamericanos exitosos en la tarea y como apunta también el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza-, el ajustado gasto en jubilaciones, pensiones y asignaciones -el que más pesa en el Estado nacional- se mantendrá controlado por la fórmula de movilidad. El Fondo ya no habla de reformas estructurales, pero sí de políticas pro crecimiento y, en ese sentido, pregunta cómo se apuntalarán las exportaciones.
En el Gobierno puntualizan que la brecha radica entre llegar al déficit cero en 2027, como quiere el ministro, en 2023 -dentro del mandato de Fernández- o en 2024, dos años que menciona el FMI. Eso plantea un problema inmediato: cuánto será el desequilibrio fiscal primario (antes del pago de la deuda) del año actual. El rechazo del Congreso al proyecto de presupuesto 2022, en el que Guzmán planteaba un rojo del 3,3% del PBI, le quitó al ministro su base para discutir con el organismo. Ahora la entidad que dirige la búlgara Kristalina Georgieva pretende un 2,3% y el jefe del Palacio de Hacienda sólo se estira al 2,9%.
Los 0,6 puntos del PBI de discrepancia podrían salvarse con dos medidas combinadas. Por un lado, con un aumento de tarifas de luz y gas mayor al 20% que anunciaron el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. No se descarta una segunda suba más adelante dentro de 2022. En el albertismo quieren sacar la cuenta de cuántos más subsidios reciben los ricos que los pobres, de modo de terminar de convencer a los cristinistas de elevar más las tarifas. Por otro lado, se diseñarían obras públicas menos ambiciosas que las que planteaba Guzmán en el frustrado proyecto de presupuesto, en el que estaban sobredimensionadas, según admiten altos funcionarios oficialistas.
Otro asunto de debate radica en cuándo caerán los principales vencimientos del capital en este programa a diez años, es decir, 2022-2031. El plan firmado por Macri en 2018 colocaba casi todos los pagos en 2022 y 2023. Ahora, el Fondo quiere concentrarlos en 2028 y 2029, pero Guzmán pretende distribuirlos hasta 2031, de modo de facilitar el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de deuda.
A partir de 2025 comienzan a caer fuertes vencimientos de los bonos que renegoció el ministro en 2020. Si el país pudiera refinanciar sus obligaciones en el mercado externo, podría dejar de depender tanto de lo que consiga en la acotada plaza local y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ante las dificultades de financiamiento, el FMI presiona para reducir al mínimo cuanto antes la emisión monetaria y plantea que la Nación tome deuda de las provincias, que están superavitarias. En el Frente de Todos admiten que será difícil convencer a los gobernadores de que, en lugar de colocar sus excedentes en plazos fijos, se jueguen a ponerlos en letras del Tesoro. El Gobierno apuesta a financiarse con los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), pero el Fondo considera que se basa en supuestos poco realistas.
Expectativa de alta inflación
También hay diferencias porque el FMI quiere que se acote la brecha cambiaria lo antes posible para eliminar el cepo apenas se pueda. El Banco Central, que preside Miguel Ángel Pesce, apuesta a una devaluación progresiva, pero en el organismo temen que resulte insuficiente. Quizá el mes próximo se acelere el ritmo. “La Argentina corre el riesgo de caer, una vez más, en la lógica típica del ajuste fiscal y el ajuste cambiario”, advirtió el ex presidente del Central Martín Redrado en Twitter el pasado jueves. Es decir, que el Fondo sugiera un salto brusco del tipo de cambio seguido por un alza de retenciones. Una salida así empeoraría el escenario económico y, por tanto, las expectativas electorales del Frente de Todos para 2023, a la vez que recrudecería la tensión con las entidades del campo, que este sábado se manifestaron en Armstrong (Santa Fe) contra las regulaciones a la exportación.
Aumentos de tarifas y del dólar recalientan las expectativas de inflación hasta elevarse al 55% para 2022. En ese contexto se complica la situación social en un país con 40% de pobres. La economía se recupera, el empleo también, pero lo que se cobra por salario se escapa de las manos por los precios. Por eso, Guzmán, su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y Pesce se reunieron esta semana con empresarios de la alimentación para renovar Precios Cuidados. Los funcionarios intentaron convencerlos de que, en 2022, la economía volverá a crecer y no repetirá el subibaja en el que entró en los años pares desde 2012. “Va a haber más demanda, así que produzcan más, no quieran ganar subiendo los precios”, pidió el presidente del Central.
Las compañías multinacionales presentes como Unilever, Procter & Gamble (P&G), AB InBev (dueña de Quilmes) y Coca-Cola plantearon que sus casas matrices les piden que les giren más dividendos de los que permite el cepo y no saben qué hacer con la montaña de pesos que se les acumulan en sus filiales locales. Algunas los usan para equiparse, adelantar pagos o ponerlas en plazos fijos, pero no para invertir en serio. Las autoridades prometieron contactarse con esas casas matrices para invitarlas a participar del mercado argentino de capitales.
Las negociaciones técnicas que se retomarán esta semana entre el Gobierno y el FMI serán encabezadas por la subdirectora gerenta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, la norteamericana Julie Kozack, y el jefe de la misión para la Argentina, el venezolano Luis Cubeddu. Sin embargo, el pasado lunes se incorporó al Fondo como director de ese departamento el brasileño Ilan Goldfajn, un ortodoxo que fue presidente del Banco Central de su país en el gobierno de Michel Temer y directivo del banco Credit Suisse. Goldfajn supervisará la negociación.
Un banquero local analiza que al FMI sólo le interesa cobrar, ya no intervenir en un plan económico: “Piden subir la tasa, el dólar, bajar el déficit, para que le paguen. Seguramente llegarán a un acuerdo más tarde que temprano, pero lo deberán renegociar en dos años”. Macri debió renegociarlo a los tres meses en 2018. El banquero también advierte por el déficit de las empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y del cuasifical del Banco Central, aunque las autoridades consideran que este rojo irá bajando en la medida en que la economía crezca y la inflación baje y aclaran que nada tiene que ver con la bola de letras que había armado entre 2015 y 2018 el entonces jefe monetario, Federico Sturzenegger, para atraer dólares.
Fuentes cercanas al FMI admiten que sobrevendrán semanas de mayor tensión, pero sin ruptura porque consideran que a ninguna de las dos partes les conviene esa opción.
Al igual que en la negociación con los bonistas privados en 2020, Guzmán está dispuesto a ceder sus posiciones inicialmente más duras con tal de acordar, pero siempre y cuando eso no implique condenar al PBI a una contracción. En el albertismo consideran que las consecuencias políticas y sociales de no pactar serían peores que las del mayor ajuste planteado por el Fondo. “Cualquier viento, te llevaría puesto”, razonan y pronostican un acuerdo en febrero o marzo. “Esto también lo entiende Cristina, que no quiere ser la cara del ajuste y por eso lo puso a Alberto de presidente”, agregan. No obstante, predicen que el ministro tensionará la negociación hasta acordar a último momento. Rechazan la estrategia condescendiente que eligieron en 2018 los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, y Sturzenegger. Incluso advierten que están investigando los supuestos vínculos de la ex gestora de Caputo, Axis, y los fondos internacionales que buscaron salir de la Argentina apenas estalló la crisis ese año, como BlackRock, Templeton y Pimco. Fuentes cercanas al FMI admiten que sobrevendrán semanas de mayor tensión, pero sin ruptura porque consideran que a ninguna de las dos partes les conviene esa opción. Eso sí, opinan que ahora la que debe mover ficha es la Argentina. Y que con la suba de tasa de interés de esta semana no alcanza.
En el directorio del FMI, donde pesan las grandes potencias, Estados Unidos se muestra duro, pero no por cuestiones geopolíticas sino técnicas. A diferencia del gobierno de Donald Trump, que impulsó que el Fondo aprobara a toda costa un respaldo al de Macri para apuntalar el giro a la derecha de Latinoamérica, el de Joe Biden quiere que se sigan los criterios institucionales tradicionales para la aprobación de un convenio. Aunque el Departamento de Estado prefiere que la Argentina mantenga sus equilibrios en las relaciones con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia o China y no se decante definitivamente por ellos, en el del Tesoro se concentran en los números de las cuentas fiscales. Es que allí asesora el demócrata pero ortodoxo David Lipton, que era número dos del Fondo cuando Trump le hizo tragar el megapréstamo de US$ 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron finalmente 44.000 millones.
Japón apoya la estrategia de Biden. Lo mismo que Alemania, pese al cambio de gobierno. Sólo Francia se presenta más flexible. “No se busca un acuerdo ideal sino realista, pero que sea sólido”, aclaran fuentes de las potencias que dominan el directorio y que se negaron a aceptar que los programas sean a plazos más largos (por ejemplo a 20 años, como quería Cristina Kirchner) o a eliminar los sobrecargos (como insistió Guzmán). La que guarda silencio en el directorio es China, el gigante asiático que el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra plantea como salvavidas en caso de desacuerdo con el FMI. En el albertismo consideran que la opción de recurrir a China o a Rusia, a la que se le acaban de comprar 560 vagones de tren, es un “plan H que no está gestionando nadie en la actualidad”.
AR
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