Diputados opositores y una oficialista pidieron cláusula de garantía inflacionaria en jubilaciones

Los diputados comenzaron hoy a discutir en las comisiones de Previsión Social y Presupuesto sobre el proyecto de ley de nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones por hijo, enviado por el Poder Ejecutivo y ya aprobado en Senado. Reprentantes de la oposición e incluso la oficialista Gisela Marziotta reclamaron que los haberes se ajusten en mayor o menor medida por la inflación, y no sólo según la evolución de la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de los salarios, como plantea el Gobierno.

El diputado Alejandro Cacace (UCR-San Luis) pidió introducir un mecanismo en caso de que las jubilaciones suban menos que la inflación y le preguntó a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta —que compareció en la sesión virtual—, si ratificaba su previsión de que en marzo próximo los haberes subirían 11,9%. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, contestó que hay que desindexar la economía para que ésta vuelva a crecer, pero recordó que el 70% de los jubilados le ganó este año a la inflación, pese a la crisis económica, porque el Gobierno puso un “piso” a la negociación paritaria. En clara alusión a tres de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, Moroni recordó que, “salvo en periodos de políticas equivocadas, los salarios superan la inflación”.

Otro de los expositores, Santiago Fraschina, secretario general de la Anses, dijo que aún faltan los datos de la recaudación y del índice salarial total (en blanco y en negro) para determinar el incremento de marzo, pero pronosticó, a partir del indicador de sueldos formales, que las prestaciones le ganarán a los precios. También recordó que la futura fórmula es similar a la que rigió de 2008 a 2017, y que en esos nueve años se logró una mejora del poder de compra, mientras que desde 2018, con el criterio instaurado por Macri, los trabajadores pasivos y los beneficiarios de las asignaciones universal por hijo (para desempleados y ocupados en la informalidad) y familiares (para los empleados en blanco) perdieron un 19% en términos reales. Agregó que los que perciben las jubilaciones mínimas, con los bonos recibidos a lo largo de 2020, recibieron $ 7.000 más de lo que hubieran cobrado con la fórmula de Cambiemos.

Marziotta celebró las modificaciones que hizo el Senado al proyecto original que había diseñado el ministro de Economía, Martín Guzmán. Allí pesó la influencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, asesorada en materia económica por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Por eso, se determinó que la suba del 5% anunciada para este diciembre finalmente no fuera a cuenta de la de marzo próximo y que la fórmula no variara sólo según la recaudación y el índice de salarios formales sino que este último se tomara en cuenta únicamente cuando superara al indicador global de los sueldos (en blanco y en negro). Marziotta recordó que aquellas diferencias fueron “foco de conflicto”, pese a que el presidente Fernández lo había negado y había sostenido que al final le pareció mejor la modificación del Senado.  

La diputada pidió más cambios. Rechazó que la inflación se incorpore a la fórmula, pero reclamó un mecanismo de compensación para los años en que las jubilaciones sufran una pérdida extraordinaria del poder de compra. Moroni no le respondió en forma directa, pero señaló que “cada vez que se metió la inflación en el medio, se terminó en un desastre”.

El diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) señaló que cuando las fórmulas jubilatorias determinan aumentos en términos reales para el año venidero, se cambian antes. Lo dijo en relación a la reforma de Cambiemos a fines de 2017 y a la de Alberto Fernández apenas asumió el cargo en 2019. Preguntó por qué el índice tiene un tope de aumento (no puede superar en tres puntos porcentuales al alza de la recaudación), pero no establece pisos que aseguren que los jubilados no perderán contra la inflación. El radical tucumano José Cano no recordó cuánto ajustó Macri, pero sí calculó que la reforma jubilatoria de 2019 implicó que, en 2020, el Estado gastara $ 100.000 millones menos en pago de jubilaciones.

Del Caño rememoró que el cambio de Macri llevó a que se dejaran de computar las variaciones salarial y de los precios de un semestre, y señaló que ahora ocurrirá lo mismo con un trimestre de evolución de esos recursos y de las remuneraciones. También atribuyó la reforma jubilatoria a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fraschina respondió que el organismo con sede en Washington prefiere una fórmula atada a la inflación y calificó la propuesta del Gobierno como “sustentable, no fiscalista”.

La Cámara de Diputados tratará el proyecto el próximo 29 de diciembre. El mismo día, el Senado votará el proyecto de legalización del aborto.

AR