En el directorio del FMI señalan que la negociación puede extenderse hasta fin de mes por las tarifas energéticas

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó este miércoles el avance de las negociaciones para terminar de redactar la carta de intención, pero no emitió un comunicado con posterioridad. Mientras en el gobierno de Alberto Fernández ansían finalizar esta semana la discusión final del acuerdo, en algunas potencias que dominan el FMI consideran que las discusiones se extenderán hasta fin de mes. Lo consideran un plazo ambicioso, pero posible para sellar el pacto.

Hasta ahora hubo a fines de enero una declaración de intención de un convenio para reprogramar el préstamo récord que el Fondo entregó al gobierno de Mauricio Macri. Cuando se termine de definir la letra chica de la carta de intención, el staff del Fondo la presentará informalmente al directorio. Luego se iniciará el debate en el Congreso argentino y si se consigue la aprobación de las dos cámaras, podrá ratificarse formalmente entre los directores del FMI, donde sobre todo pesan Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido. El objetivo es que este proceso finalice antes del 22 de marzo, cuando cae un fuerte vencimiento de la deuda con el organismo, pero si se retrasa unos pocos días, la Argentina no será declarada en “atrasos”, como se llama técnicamente a los casos de default con el Fondo.

“Esperemos que el Congreso lo apoye porque si lo rechaza, tenemos un problema”, especulan fuentes diplomáticas de países influyentes en el directorio. “Pero hasta ahora parece que hay apoyo político suficiente, entre parte del oficialismo y parte de la oposición. Mucho dependerá de la letra chica”, añaden.

Esa letra chica es la que está discutiéndose online por estos días y la que más urticaria provoca es la referida a la reducción de subsidios a la luz y el gas. En el FMI consideran que el 20% de aumento de tarifas anunciado es poco para bajar el presupuesto de subvenciones, teniendo en cuenta una inflación que podrían proyectar en el 45%. Saben que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo comprende, pero también conocen la resistencia cristinista a elevar más los precios. Admiten que el 20% de incremento puede ser mucho para el 40% de la población que sufre la pobreza, pero consideran que es insuficiente en relación al índice de precios al consumidor (IPC). De todos modos, el Fondo no planea indicar cuánto deben subir o a quiénes deben quitarles los subsidios y aplicarles un tarifazo sino que pregunta informalmente cómo el Gobierno logrará la meta de poda de subsidios y por escrito dejarán plasmado ese objetivo en uno de los dos anexos del llamado memorandum de entendimiento. El primer adjunto definirá la política económica y financiera. El segundo será técnico y detallará los números de la hoja de ruta de ajuste fiscal, incluidas las ayudas a la electricidad y el gas.

Un informe conjunto de las consultoras PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, y Economía & Energía, de Nicolás Arceo, advierte que con un alza de tarifas del 20%, el presupuesto de subsidios subirá de 2,3% del PBI en 2021 al 2,4% en 2022. Calcula que se requeriría un incremento del 80% para bajar las subvenciones al 1,9%. Sus autores señalan que si se elevara 20% al 50% de la población de menos ingresos (incluido el 40% en la pobreza y el 10% que corre riesgo de caer en ella), al resto deberían subirle un 140%.

En 2018, cuando el Fondo y el gobierno de Macri definieron el programa económico, los técnicos de Washington pedían retenciones al campo, pero el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se resistió y ahí se acabó la discusión. Pero poco después debió reponer esos derechos de exportación. Antes, el FMI presionaba por las metas de déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda), pero no definía cómo alcanzarlas, pero a partir de la experiencia con Cambiemos, ahora sí quiere inmiscuirse en cómo se llegará a un 2,5% del PBI en 2022. Además, notan en el Frente de Todos menor compromiso por el ajuste que en el anterior gobierno.

En el directorio algunos países consideran que la Argentina no crecerá 3%, como pronostica el staff, sino sólo 2% y calculan que con ese incremento de la economía la recaudación tributaria no subirá lo suficiente para alcanzar la meta de déficit del 2,5% sin un recorte del gasto total. Es decir, prevén que Alberto Fernández no podrá cumplir su promesa de mantener las erogaciones en términos reales (ajustadas por inflación), por lo que deberá recortar más los subsidios energéticos, pero también otras partidas. Admiten que también puede bajarse el gasto con una alta inflación que lo licúe. “Sin reducir subsidios y gastos, el plan no va a funcionar”, advierten, pero abogan a la vez por una receta que también baje los precios: reducción de la emisión monetaria, suba de la tasa de interés y baja de la brecha cambiaria. Claro que recuerdan que para acotar la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, se necesitará confianza del mercado y para ello, el Gobierno debe pactar con el FMI un plan macroeconómico, según su razonamiento. Sólo si la Argentina creciera en 2022 un 4%, como preveía Guzmán en su frustrado presupuesto, se podría lograr la meta fiscal del 2,5% con más recaudación y sin recorte del gasto, según Daniel Artana, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Algunas naciones como Francia, Italia y España son las más piadosas con la Argentina porque contemplan, por un lado, que la pobreza ya es del 40% y, por otro, porque quieren facilitar un acuerdo que mejore las condiciones de sus empresas en el país. Otras como Japón, Alemania o incluso Estados Unidos comprenden que no se puede reducir el gasto social ni bajar los salarios, dicen que no quieren insistir en lo que el Gobierno no puede prometer (ajuste drástico del gasto o reformas estructurales como laborales y previsionales), pero le reclaman más “ambición” y anticipan que “lo peor está por venir”, un año de “menos gasto y más ingresos”, porque consideran imposible en el corto plazo solucionar al mismo tiempo los problemas económicos, financieros y sociales. Reclaman que la Argentina comience a transitar este sendero de una vez y no lo demore dos años hasta el próximo gobierno que asuma en diciembre de 2023.

AR