Aumento de tarifas: el Gobierno anunció subas de hasta 42,7% para los sectores medios

Mientras se aguarda el ingreso del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Cámara de Diputados, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó este jueves detalles del acuerdo al que se llegó con el organismo internacional en lo que respecta a tarifas. Según admitió, se trató de un punto en el que el propio Gobierno tenía “diferencias” y que estaba demorando el cierre del texto. 

Según explicó, el esquema aumento de tarifas está basado en la Ley 27.443 sancionada por el Congreso en 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que el incremento de las tarifas debía tener como tope el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). 

Para los usuarios residenciales, la segmentación regirá tanto para 2022 como para 2023 y se hará del siguiente modo:

De acuerdo con los datos oficiales del Indec, en 2021 la suba de los salarios fue de 53,4%. Si se aplican los porcentajes de suba máxima sobre ese dato, resulta que los usuarios con tarifa social tendrían aumentos del orden del 21,4% como máximo. El resto de los usuarios, verían reflejados en sus boletas aumentos de hasta 42,7%. 

Así, a los usuarios con tarifa social no se les podrán aplicar más aumentos que los autorizados hasta el momento, de 20% para el gas y de 22% para la electricidad (en este caso, incluso, debería rebajarse unas décimas). Para los usuarios de “clase media”, en cambio, todavía queda margen para la suba de las tarifas finales a lo largo de 2022.

Según aclaró Cerruti, tanto en 2022 como en 2023 “no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos”. Se trata de una propuesta con “esquema de segmentación de subsidio que enfoca el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”. 

¿Estos topes rigen para todo el país? Si bien resta conocer el detalle, Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, estima que en las tarifas de gas sí, porque se trata de un servicio de jurisdicción nacional. En electricidad, en cambio, cada provincia tiene el control de decidir los aumentos finales excepto por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los hogares son servidos por Edenor y Edesur, reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). 

De acuerdo con Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, el aumento promedio ponderado se ubicaría en torno al 55%, por encima de lo previsto inicialmente el Gobierno. “Está alineado con lo que esperamos de inflación y los subsidios se mantendrían estables como porcentaje del PBI, pero en la medida que tengamos que importar más energía, y con precios en dólares creciendo, es posible que los costos suban un poco más”, apuntó. Por este motivo, el economista consideró que esta segmentación “alcanza para acercarse un poco más a los costos”, pero que la situación excepcional de la guerre en Ucrania podría derivar la necesidad de aumentar un poco los subsidios al sector, que en 2021 representaron casi US$11.000 millones (2,4% PBI, que Martín Guzmán pretende bajar a 1,7%).

Un punto a considerar, es que el CVS es un promedio del aumento que tuvo durante todo el año la masa de trabajadores, incluidos registrados (del sector público y privado) e informales. Pero si se observa el informe en detalle, se advierte que los trabajadores formales tuvieron una mejora superior al promedio, de 56,5% y por lo tanto el aumento de las tarifas será menos representativo en sus bolsillos. Por el contrario, a los trabajadores y trabajadoras informales su salario les mejoró apenas 40,6%, 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Cerruti también adelantó que se contempla un mecanismo para que los usuarios que no consideren justo el aumento percibido por no poder hacerle frente, podrán reclamar que se los excluya. Respecto de la tarifa social, desde 2019 que es responsabilidad de cada provincia otorgarla y financiarla, por lo que dependerá de la voluntad de los gobernadores ampliar o no el segmento que recibirá un reajuste no superior al 21,4%. Para avanzar con la segmentación, el Gobierno convocará a una audiencia pública convocada a fines de abril de 2022. 

DT