“El Gobierno porteño sabe que no refleja la realidad”: polémica por el censo de personas en situación de calle

El martes pasado, entre las 18 y las 6 de la madrugada, 74 móviles del gobierno porteño recorrieron la ciudad para realizar un censo de las personas en situación de calle. Rastrillaron un mapa dividido en cuadrículas para ponerle un número a esa realidad que se confirma cada vez en más esquinas, entradas de comercios vacíos, puentes y cajeros automáticos. Pero, aunque la información recabada está todavía en etapa de procesamiento, el resultado que arrojará está ya envuelto en una polémica. 

El último relevamiento oficial de la Ciudad, correspondientes a abril de 2019 —en 2020 no se hizo por la pandemia— arrojó un universo de 1.147 personas sin techo. Pero el dato salta a 7.250 si se toma el relevamiento realizado el mismo año y de manera conjunta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las organizaciones Proyecto 7, MTE  y Nuestramérica MP.

La diferencia entre ambos números se explica por las metodologías utilizadas en cada caso. Mientras que las organizaciones incluyen dentro del censo a las personas que se encuentran en los paradores (esos lugares donde muchas personas sin techo van a comer, bañarse y pasar la noche) el censo oficial se limita a registrar aquellas personas que efectivamente se encuentran en la calle al momento del relevamiento. Es decir, saca una instantánea de ese momento. 

Había un intención de acercar posiciones. En diciembre de 2020 este grupo de ONGs y organizaciones sociales comenzó a trabajar con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para consensuar una metodología que cerrara la brecha y permitiera construir un dato más preciso, pero ese diálogo se discontinuó de repente cuando los 74 móviles porteños salieron a la calle, el martes pasado, sin incorporar las principales propuestas de las organizaciones. 

Según fuentes del ministerio porteño, la diferencia central entre las partes es que las organizaciones querían extender el relevamiento durante cuatro días y noches, mientras que ellos consideraban mejor hacer un “barrido exhaustivo” durante 12 horas. “No lo aceptamos porque si prolongas el tiempo tenés el riesgo de contar a las mismas personas dos veces, de duplicación, algo que las organizaciones admitieron”, explicaron en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño a elDiarioAR. 

Rosario Fassina, coordinadora del Programa Derecho a la Ciudad de Acij, señaló que efectivamente se habló del riesgo de duplicación, pero que se ofrecieron alternativas metodológicas para evitarlo. “En vez de resolverlo, ellos prefirieron tomar otro riesgo que es el de subregistro, de obtener una cifra que saben que es inferior a la real, que no refleja la realidad”, apuntó. 

“La gente que vive en la calle es una población particular, que no se puede abordar con las mismas herramientas de un censo común, en el que uno va y toca el timbre de una casa”, explicó Leandro Vera, del Cels. “Es una población que se mueve, que está oculta, que en algunos casos se esconde si sabe que hay un relevamiento, que está de día en un lugar y de noche en otro”. 

Para Vera, se trata de una población que, de algún modo, tiene que ser “buscada” y que es más fácil de abordar cuando las organizaciones “van al territorio”. “Una cosa es que estas personas vean un camión del Gobierno de  la Ciudad, que muchas veces asocian a situaciones de violencia institucional, que una organización social que los conoce, les lleva comida, está en el barrio”, apuntó. 

En el Ministerio de Hábitat porteño no consideran que haya una subregistración con su método. En cambio, aseguran que se segmentan mejor a la población con problemas habitacionales. “Consideramos que hay diferentes situaciones, que necesitan distintos abordajes desde el punto de vista de las políticas públicas. Tenés a la población en situación de emergencia, que está efectivamente en la calle; tenés a la población que tiene algún tipo de problema habitacional y las personas que están en la instancia de revincularse o reintegrarse a su círculo familiar o a un trabajo”, explicaron. 

El dato oficial porteño se limita a identificar al grupo de personas “en emergencia”, lo que explica la mayor brecha con el censo de las organizaciones. De todos modos, en el ministerio porteño anticiparon que este año, por primera vez, publicarán el número total de la “gente con problemática habitacional”. Para eso se valerán también de las plantillas que rellenará el personal de los “centros de inclusión” y los “hogares convivenciales”.

Más allá de la cifra, Fassina y Vera señalaron que no fueron aceptadas las propuestas de sumar al cuestionario preguntas sobre Covid-19, violencias y experiencias específicas sobre mujeres y personas trans. “Más allá de que el número es importante, conocer a esa población es central para diseñar políticas públicas que puedan revertir la situación”, explicó Fassina. 

Si bien en el Gobierno de la Ciudad aseguran que el diálogo con las organizaciones sigue abierto, las organizaciones anunciaron en un comunicado en conjunto que volverán a realizar su “censo popular” para poder contrarrestar al resultado oficial. Aunque habrá que esperar a los nuevos relevamientos para tener una idea de la situación, todo indica que con la pandemia y la crisis económica asociada en los últimos dos años se multiplicaron las personas sin hogar. Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, que cuenta con centros de integración para personas sin techo, estima que el número aumentó alrededor del 30% desde 2019. 

DTC