Gustavo Vera: “En los últimos tres años, unas 3.400 personas fueron rescatadas del trabajo esclavo en la Argentina”

Entre 2020 y 2022, unas 3.400 víctimas de redes de trabajo esclavo fueron rescatadas en la Argentina, informó a elDiarioAR el director operativo del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Gustavo Vera, que depende de la Jefatura de Gabinete pero que articula su tarea con ministerios, provincias, municipios, ONG y sindicatos. La mitad de ellas sufría explotación sexual. La otra, laboral. Las primeras fueron halladas en departamentos, cabarets clandestinos y hasta clubes. Entre las otras 1.700 restantes, unas 1.200 fueron halladas trabajando empleadas en campos a partir de denuncias de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre).

“Hubo un cambio de dirección de 180 granos de la Uatre a partir de la asunción de José Voytenco como secretario general en 2020”, comenta Vera, en contraste con la gestión de Gerónimo “Momo” Venegas -aliado de Carlos Menem y Mauricio Macri- entre 1992 y 2017. “El 60% de los establecimientos rurales está trabajando de manera precaria, pero no todos son trabajo esclavo, algunos son trabajo informal”, aclara el funcionario, que ha guardado un bajo perfil en estos años de gobierno de Alberto Fernández.

“Cuando hablamos de trabajo esclavo, estamos hablando de tres parámetros básicos: trabajan más horas del máximo legal permitido, les pagan menos que el salario mínimo vital y móvil y trabajan en condiciones inhumanas, insalubres”, explica Vera lo que constituye la esclavitud en el siglo XXI. “Si se dan esas condiciones ya no es un problema de trabajo irregular. O sea, es un problema que tiene que ver con reducción a la servidumbre o explotación laboral”, explica quien creó la Fundación La Alameda en 2001, desde la que luchó contra la trata y estableció un estrecho vínculo con Jorge Bergoglio, el hoy el papa Francisco. Después fue elegido en 2013 legislador porteño en una alianza con Fernando “Pino” Solanas y Elisa Carrió, pero a partir de la experiencia del gobierno de Macri se sumó al Frente de Todos.

Las redes

En cuanto a las redes de explotación, la captación de víctimas ocurre cada vez más en el terreno digital. “La abrumadora mayoría de las denuncias que ingresan tiene un punto de partida en un contacto virtual, que puede desarrollarse inclusive sin contacto físico entre verdugo y víctima, hasta el momento en que la víctima llega a la boca del lobo, pensando que va a un paraíso, pero va al infierno. Por lo tanto, es muy importante el trabajo preventivo que hagamos con los docentes, con las comunidades, en materia de grooming, trata y virtualidad. Porque muchas vidas se han podido salvar a partir de que había cierto conocimiento de familiares o amigos de que estas cosas ocurren y las denunciaron a tiempo y pudimos parar los micros a mitad de camino con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) o Migraciones”, explica Vera.

El Comité de Trata ha establecido en julio pasado una red con otros ocho países sudamericanos para alertar de forma temprana sobre eventuales casos de personas trasladadas de una nación a otra. “Hoy el fenómeno de la trata en Sudamérica es inverso al que ocurría hace diez años por el tema de la relación del peso local con el dólar. Por lo tanto, hoy rescatamos más víctimas argentinas en el exterior que migrantes acá. En todo caso, acá rescatamos migrantes que no llegaron recientemente, salvo muy rara ocasión como, por ejemplo, en la recolección de la cebolla”, cuenta Vera y agrega contexto: “Durante el período de trabajo rural temporario, que es entre noviembre y marzo, se desplazan 100.000 personas al norte argentino, hacia la zona centro y la Patagonia. Cuando están terminando ese trabajo, en muchos establecimientos los patrones lo dejan de garpe, tirados, y los propios trabajadores llaman y denuncian”, añade el funcionario.

“La otra modalidad que está creciendo mucho son las organizaciones coercitivas, popularmente llamadas sectas, aunque no toda secta es una organización coercitiva”, aclara Vera. “Para que sea una organización coercitiva tiene que ser con fines de explotación sistémica, alguien que esté beneficiado y que se aproveche de la vulnerabilidad de otro. ¿Ejemplo? Templo de Filadelfia o Escuela de Yoga de Buenos Aires o estas comunidades pseudoterapéuticas que se han allanado, como esa donde había un conocido del mundo de los medios que no sé si tenía responsabilidad directa, pero había una situación de reducción de la servidumbre”, se refiere a Marcelo “Teto” Medina. “Otro caso menos conocido y reciente en Concordia: 60 jóvenes en una comunidad pseudoterapéutica, los iban alejando sistemáticamente de sus familias, a las que después les contaron que para rehabilitarlos lo mejor era que fueran al campo para recuperar la cultura del trabajo. Los tenían 14 y 15 horas trabajando gratis para una explotación rural de una manera totalmente vil”, dice.

En su trayectoria en La Alameda, Vera se había distinguido no sólo por denunciar la trata sexual y rural sino también los talleres textiles clandestinos de la ciudad de Buenos Aires. “Seguimos denunciando, pero hoy es muy raro que vos encuentres un taller textil clandestino 100%. Te encontrás que son tres trabajadores en blanco, dos monotributistas y cinco que se escaparon por la ventana. O sea, los tipos juegan al truco con las inspecciones. Más bien por aproximaciones sucesivas fueron regularizando un poquito. Pero recordá que también en los años de Macri se abrió de manera irrestricta la importación y esto fue una quiebra generalizada. Y recordá también que se elevó muchísimo la calidad de vida en Bolivia, comparado con la Argentina”, se refiere al país de donde solían provenir las víctimas de los talleres, muchas veces parientes o conocidos de sus capataces y victimarios.

Entre 2008 y 2019, en la Argentina habían sido rescatadas unas 15.000 víctimas del trabajo esclavo. Pero el problema radicaba en que muchas de ellas volvían a caer en esas redes. Por eso, Vera, que llegó al cargo a principios de 2020, definió que su primer desafío debía ser “evitar la revictimización de las víctimas”. “La Argentina venía rescatando año tras año una importante cantidad de personas, pero el 80% de las personas que fueron rescatadas persistía en una situación de vulnerabilidad y muchas de ellas volvieron a ser explotadas. No había políticas públicas para garantizar la reconstrucción de un horizonte de vida. Logramos con el Ministerio de Desarrollo Social que unos 330 planes Potenciar Trabajo fueran afectados a personas que eran víctimas de delitos de trata. Fue muy importante conseguir 2.200 programas Acompañar, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que equivale a un salario mínimo vital y móvil durante seis meses. También 678 prestaciones laborales del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales), que se dan por única vez a las personas que son rescatadas de trata y que no es incompatible con el Potenciar ni con el Acompañar. Hubo 40 ayudas urgentes. A eso le sumamos una línea de acompañamiento terapéutico permanente que armamos con el Ministerio de Salud. También logramos garantizar el patrocinio jurídico”, resumió las políticas de corto plazo.

En el mediano plazo continúa el acompañamiento terapéutico y se agregan dos medidas más. “Una es la capacitación e inclusión laboral, que es un programa del Ministerio de Trabajo que durante un año paga un salario mínimo y va capacitando en oficios que tienen que ver con las capacidades, habilidades o deseos. Primero empezó con una prueba piloto con 30 víctimas de nueve provincias y en 2022 pudimos aumentarlo a 70. Este año va a superar el centenar en dos convocatorias. Este programa va acompañado de una políticas que estamos haciendo en las provincias para que voten leyes de inclusión laboral. La primera provincia fue Catamarca, que sacó una ley en 2021 que plantea que a toda empresa que contrate víctima del delito de trata el Gobierno provincial le restituye el año de cargas sociales. Chaco votó una ley similar y agregó un cupo laboral en el ámbito estatal. Salta también. Votaron en más de 50 municipios de distintas provincias cupos de reinserción laboral. La otra política pública es más complicada, la estamos peleando provincia por provincia. Tiene que ver con un estatuto especial de acceso a la vivienda. Hay un presupuesto acotado que no alcanza para satisfacer la demanda de todos los que no tienen vivienda. Logramos que con (Jorge) Ferraresi (que fue ministro de Hábitat) firmar un convenio a través del cual se iba a crear un programa que diera soluciones habitacionales a las personas que eran víctimas de delito de trata. Todos los institutos provinciales de la vivienda, del oficialismo y de la oposición, acordaron una prueba piloto. Ya fue entregada la primera vivienda en Santiago del Estero. Ahora estamos prontos a entregar una segunda vivienda en Santiago, unas ocho o nueve en Catamarca, una seis o siete en provincia de Buenos Aires y unas dos o tres en Misiones. No se puede evitar la revictimización de una víctima, sino tiene tres cuestiones fundamentales: acceso al trabajo, acceso a la vivienda y al acompañamiento terapéutico.”

“En el largo plazo está el derecho a la reparación”, comenta el director del Comité contra la Trata. Se creó un fondo de reparación que administra los bienes decomisados por la Justicia en caso de trata y repara a las víctimas en base a la subasta de bienes decomisados. Pero las repara según sentencia judicial firme. Solamente hubo dos reparaciones. Una vergüenza, claramente. Creo que esto se va a acelerar cuando pasemos al sistema acusatorio, como lo está demostrando, por ejemplo, Salta, donde los casos de trata duran tres años y no 12“.

“Otro desafío más complejo, pero en el que también hemos avanzado, tiene que ver con tratar de que las sentencias judiciales vayan a la raíz, o sea, seguir la ruta del dinero”, admite Vera. “La trata de personas es el tercer delito más rentable a escala mundial. No podés combatir la trata si no combatiste el lavado de activos. Por eso empezamos a hacer jugar un rol activo a dos organismos del Estado. Uno es la Unidad de Información Financiera (UIF) para empezar a capacitar a funcionarios en indicios para detectar elementos claves en un allanamiento que a veces no se tenían en cuenta para luego seguir la ruta del dinero. Habilitamos que la UIF pueda ser querellante en causas de trata. Y también se creó una división de la AFIP que se ocupa específicamente del combate al trabajo esclavo. A partir de una investigación tributaria se llegó a una importantísima empresa de soja donde se rescataron 77 personas en situación de esclavitud total en Chaco”, comenta el director del comité. ¿Cómo se llama la compañía? “MSU”, responde Vera, en referencia a las siglas de la firma de Manuel Santos Uribelarrea.

En su etapa como activista de La Alameda, Vera solía escrachar los nombres de las grandes empresas textiles y rurales que contrataban trabajadores esclavos. Ahora como funcionario debe manejarse con mayor prudencia. “Hubo 35 trabajadores que denunciaron explotación en una empresa chinocanadiense en Jujuy”, se refiere a Minera Exar. “Hay una causa abierta”. añade. “Después te podría decir, sin dar nombres precisos, porque son causas que están abiertas, que no han salido en los medios, pero hay campos de jueces federales, intendentes y gobernadores, prostíbulos de intendentes. Eso se sigue encontrando de manera transversal”, apunta a ambos lados de la grieta política.

“Tenemos cerca de 540 sentencias judiciales firmes desde que hay ley de trata en 2008, pero la mayoría rara vez sigue la ruta del dinero y sólo se concentran en el verdugo más inmediato dentro de la cadena de explotación”, lamenta el funcionario. “Para decirlo popularmente, es una colección de perejiles. Las condenas en el ámbito textil habitualmente se circunscriben al tallerista, nunca el intermediario, nunca la marca. A pesar de que la marca dejó todos los dedos del taller, dejó los moldes y dejó las etiquetas. Hay testigos que afirman que iban las propias camionetas, a veces hasta hay remitos. Sin embargo, los jueces, con un criterio clasista, han dejado impunes a la mayoría de las marcas, salvo honrosas excepciones. Lo mismo ocurría en el ámbito rural: las pocas condenas que había se circunscribían a los baquianos, a los cuadrilleros o al capataz que encontraban en este momento en el lugar. Nunca el que alquila campo, nunca al dueño del campo, mucho menos la sociedad anónima. Sobre todo cuando esta sociedad anónima disfraza la explotación de pseudocooperativas que en realidad esconden situaciones de fraude laboral. Cuando se trata de explotación sexual, también en general la condena es a él o la proxeneta, con el agravante de que la proxeneta antes había sido explotada”.

“El año pasado tuvimos dos fallos emblemáticos de la Cámara de Casación”, rescata Vera. “Uno fue el fallo de los hermanos Percara, que habían sido absueltos de una situación de explotación en Corrientes en campos de eucaliptus, pero ahora se ordenó iniciar de vuelta el juicio. Utilizaban pseudocooperativas para disimular explotación. Los Percara son lugartenientes de (Luis Miguel) Etchevehere. El otro fallo es por una familia que era explotada en una granja en Batán en condiciones totalmente inhumanas. Se revocó el sobreseimiento y se ordenó hacer el juicio de vuelta”, comente el director del Comité de Trata, que buscó extender su tarea a todas las provincias, pero en especial a las fronteras que él considera “calientes” como de la Clorinda (Formosa)-Asunción, La Quiaca (Jujuy)-Villazón (Bolivia), Salvador Mazza (Salta)-Yacuiba (Bolivia), Puerto Iguazú (Misiones)-Foz de Iguaçú (Brasil)-Ciudad del Este (Paraguay) o Aguas Blancas (Salta)-Bermejo (Bolivia). También se capacitó en trata a más de 66.000 funcionarios y se difundió la línea 145 para denunciar casos.

“También estamos trabajando para tipificar el delito que increíblemente no está tipificado en la Argentina de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes”, comenta Vera. “Claramente esto está ocurriendo en importante escala en el norte del país”, reconoce. “Tenemos que mejorar nuestra tipificación legal sobre tejidos y fluidos. Lo hemos visto en la pandemia con la venta del plasma. Tenemos que capacitar a la población y particularmente a los funcionarios en lo que tiene que ver con la prevención del tráfico de órganos, tejidos y fluidos porque es la modalidad que más crece en el mundo, no me consta en la Argentina”.

AR