Jubilados de la mínima, docentes universitarios y beneficiarios del Potenciar Trabajo, las principales víctimas de la licuadora de Milei

Transcurridos prácticamente 10 meses del gobierno de Milei, esta semana el Poder Ejecutivo confirmó que continúa haciendo uso de la licuadora para mantener el ajuste fiscal: el bono de $70.000 para jubilados de la mínima se mantiene congelado, al igual que los planes sociales (ex Potenciar Trabajo) y la garantía salarial para docentes universitarios. 

En los primeros ocho meses del 2024, el Gobierno sostuvo a rajatabla el equilibrio fiscal. Lo hizo principalmente mediante un ajuste en el gasto público, que acumula una caída interanual de 30%. En menor medida lo logró incrementando tributos (impuesto PAIS e impuesto a los combustibles), que lejos estuvieron de compensar el desplome de la recaudación por la parálisis de la actividad económica, que a julio su ubica 3,1% por debajo del nivel de 2023 (6,1% abajo si excluimos el factor agro, que creció enormemente por la recuperación post sequía).

Pese a que Milei sostiene que lo peor ya pasó, y a partir de ahora empiezan las buenas noticias, éstas no parecen abarcar ni a jubilados de la mínima ni a la comunidad universitaria. Ambos recibieron reveses esta semana. Por el lado de quienes cobran el haber mínimo, el día lunes salió publicado en el Boletín Oficial el otorgamiento del bono para este mes de octubre. Una vez más, tal y como ocurre desde marzo, el monto será de $70.000. En el medio, pasaron más de 30 puntos de inflación, y por ende, su poder de compra se licúa mes a mes. El ajuste, lo siguen pagando los de abajo. 

Este congelamiento del bono ubica a los jubilados de la mínima en peor situación que el resto: mientras que quienes no cobran bono se encuentran este trimestre (septiembre-noviembre) 4,9% por debajo de un año atrás en poder adquisitivo, los de la mínima perdieron 14% de capacidad de compra en tan solo un año. La comparación trimestral es la más precisa en términos metodológicos teniendo en cuenta que hasta marzo, las jubilaciones se incrementaban cada 3 meses, por ende el mes del aumento se mejoraba el poder adquisitivo y la inflación lo erosionaba los dos meses siguientes.

Desde marzo (primer mes que el bono fue de $70.000) a esta parte, los haberes aumentaron 81,7%. De haberse aumentado el bono en la misma proporción, hoy debería ser de $127.000, es decir, $57.000 más que lo que se otorgará efectivamente en octubre. Esta licuación es la que se buscaba evitar desde el Congreso al sancionar la ley de movilidad que fue vetada por el Presidente. 

A su vez, hacia adelante la incertidumbre es mayor: en el Presupuesto 2025, no parecen destinarse partidas para el bono, y seguramente sea uno de los debates que se den en el Congreso a partir de la semana que viene, cuando comience el tratamiento del proyecto que envió el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, pese a las masivas marchas en todo el país en defensa de la universidad pública, el Presidente vetó la ley que sancionó el Congreso orientada a garantizar el financiamiento para la educación superior. En un año sin presupuesto, el recorte a las universidades (34%) fue más profundo que el promedio (30%), y en ese marco, el Poder Legislativo optó por garantizar los recursos por ley. La semana entrante seguramente, en la Cámara de Diputados se insista con la iniciativa, pero se necesitan dos tercios de los presentes para lograrlo (y luego, lo mismo en el Senado). 

Independientemente del derrotero que siga esta ley, la discusión continuará en el marco del Presupuesto 2025: en la presentación que hizo el Ejecutivo, los recursos para las universidades se mantienen en el nivel de este año en términos reales, es decir, no hay ningún tipo de recomposición. 

El ajuste sobre las universidades recae sobre los salarios docentes y no docentes. No sólo se otorgaron aumentos que estuvieron muy por debajo de la inflación (91% desde diciembre a octubre contra una inflación estimada de 163%) sino que, además, al mantenerse congelada la garantía salarial docente desde diciembre, quienes se encuentran en la base de la pirámide sufrieron pérdidas de poder adquisitivo que superan el 35%. La misma herramienta que el bono de la mínima, y podríamos agregar también el ex Potenciar Trabajo: congelar el monto perjudicando a los de más abajo y dejar que la licuadora haga su tarea. 

Entre jubilaciones, universidades y programas sociales explican el 40% del ajuste de Milei. Poco puede sorprender entonces que la pobreza haya escalado 13 puntos porcentuales en un año, y que el salto haya sido más acentuado en los mayores de 65 años: en el primer semestre de 2023, el 13,2% se ubicaba por debajo de la línea de pobreza mientras que en 2024 alcanza el 29,7%. Es decir, la pobreza entre los adultos mayores escaló 16,5 puntos porcentuales.

Desde el Gobierno sostienen que la marcha universitaria del miércoles pasado fue política. Y sí, quién paga el ajuste es una decisión profundamente política.