Milei, entre la acusación contra Alberto Fernández y su quimera de pasar del suelo al cielo

Este viernes desde el atril Javier Milei observará lo que él llama “nido de ratas”, sus ex colegas diputados y los senadores, les hablará a los gobernadores que influyen sobre ellos y a los “argentinos de bien”, como él denomina a quienes lo votaron y que en general todavía lo apoyan en su dicotomía contra la política tradicional. Pero también lo estarán escuchando desde Estados Unidos las jefas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, y los inversores de Wall Street, quienes comparten el mismo entusiasmo por la vocación de ajuste fiscal y reformas liberalizadoras del economista libertario devenido presidente pero también sostienen idéntica preocupación por su falta de interés por el consenso político y por el impacto social de sus medidas.

No es que se conmuevan particularmente por recortes que hasta dejan sin remedios a enfermos graves, con la excusa de revisar procedimientos de compras costosos, sino por la sostenibilidad del cambio que desean.

Milei le ha ordenado a sus funcionarios que revisaran los gastos del anterior gobierno para reducirlos, pero también denunciarlos como supuestos curros. En esa estrategia cae de todo: desde la demonización del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), al que dejó fisura por la disminución del 97% del financiamiento que le proveía el impuesto PAÍS, hasta el “análisis de costos” que dice haber elaborado el despedido jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el cordobés Osvaldo Giordano, sobre las contrataciones de aseguradoras e intermediarios y que derivó en la imputación del fiscal Ramiro González contra el expresidente Alberto Fernández.

La abogada Silvina Martínez, que antes denunciaba corrupción en dupla con Margarita Stolbizer a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y sus ex funcionarios y que en 2023 hizo campaña por Patricia Bullrich, fue quien presentó la denuncia citando una nota de Clarín. Apunta contra una decisión de Fernández de 2021 para que todos los organismos públicos se aseguraran con Nación Seguros. Cita que así lo hicieron la Anses y el Ministerio de Seguridad y que la aseguradora del Banco Nación a su vez contrataba a otras empresas de seguros privadas y brokers. Cita a dos intermediarios: Pablo Torres García, amigo de Sergio Massa que supuestamente cobraba 17% de comisión, tres veces más que en el mercado, según Clarín, y Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria personal de Fernández, María Cantero, también imputado. “Cuentan empresarios que los llamaban desde la Rosada para que contrataran a Martínez Sosa”, cita el diario. Allá por 2020, consultores confesaban a elDiarioAR que quien llamaba era Cantero. El expresidente sostiene que “si lo hizo, se extralimitó”.

Nombres ocultos

En el mundo del seguro apuntan que la Anses pagaba demasiado a Nación Seguros, pero el exsubdirector ejecutivo del organismo previsional Lisandro Cleri advierte que asegurar préstamos a gente mayor resulta más caro y es poco frecuente en la banca. En cambio, la ex directora ejecutiva de la Anses Fernanda Raverta guarda llamativo silencio. Cleri explica que el ente contrataba aseguradoras para sus créditos hasta 2018, lo dejó de hacer y empezó a autoasegurarse como una medida de ajuste de Mauricio Macri, pero con la mayor mortalidad del Covid-19 se perdió mucho dinero en 2020 y entonces dio marcha atrás al año siguiente. Como explica el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano, esta entidad impulsó la política de que los organismos públicos le dieran prioridad para abrir sus cuentas y contratar sus seguros, a diferencia de lo sucedido con Carlos Menem o Macri, que privilegiaban a la banca privada.

Pero Nación Seguros carecía de capacidad propia para cubrir todos los préstamos de Anses y por eso los coaseguraba con otras compañías, que también hicieron así grandes negocios pero cuyos nombres fueron ocultados por la filtración del gobierno libertario. Se trata de Provincia Seguros -–a aseguradora del Banco Provincia de Buenos Aires–, la cooperativa Sancor Seguros –que preside Gustavo Badosa–, Life –del Grupo BST, de Roberto Domínguez y Pablo Peralta–, San Cristóbal –que conduce Diego Guaita–, San Germán –de Nicolás Rosendi, que tiene al extenista Gastón Gaudio como representante– y Boston –que en 2023 fue vendida por el Grupo Campici–.

La lista fue confirmada por el expresidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, el tercer imputado del caso y que atendió a elDiarioAR desde el hospital donde está internado de gravedad en San Rafael, Mendoza.

Desde San Cristobal, comentan que esta aseguradora “actuó de manera íntegra y transparente”, en referencia a su tarifa y la intermediación de productores de seguros especializados.

Pagliano, quien antes había trabajado en las superintendencia de Seguros y de Riesgo del Trabajo y en el Grupo Provincia, afirma: “Es todo una injuria”,

“Las tarifas de los seguros eran las que marcan las tablas de mortalidad para un colectivo de gente mayor, sobre todo después de la pandemia”, afirma el empresario. Ante la pregunta sobre por qué era necesario un intermediario entre la Anses y Nación Seguros si Fernández ya había dispuesto que todos los organismos debían contratar esa aseguradora, Pagliano responde: “El asesor fue solicitado por la Anses y se le pagaba con un tope del 10%, pero creo que en este caso terminó siendo el 5% mientras en el mercado se pagaba de 25% a 35%. Nación Seguros ofrecía seguros directamente. Espero que todo esto se aclare rápido porque es algo terrible que esto me haya pasado a los 70 años, después de toda una vida dedicada a los seguros”, contó por audio de Whatsapp tras salir de una transfusión.

El diputado radical Martín Tetaz pidió al actual presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, que detalle los nombres de los brokers con los que trabaja Nación Seguros. Ya el año pasado en 2023 le había solicitado lo mismo a la entonces presidenta de la entidad bancaria, Silvina Batakis, y a Pagliano. Allí se señalaba que Aerolíneas, YPF, Ferrocarriles Argentinos y otras empresas estatales habían contratado a Nación Seguros con intermediarios. También se mencionaba que Martínez Sosa era broker de la póliza contratada por Gendarmería y cobraba 20% hasta que en 2023 se rebajó al 10% después de que se difundiera públicamente que le había prestado dinero a Fernández en 2008 y que todavía era su acreedor.

En su nuevo pedido informes, el diputado cuenta que después las coberturas de esta fuerza de seguridad pasaron a Provincia Seguros. No menciona por escrito su sospecha de que Martínez Sosa optó por el cambio ante los menores honorarios. El broker no respondió a la consulta de elDiarioAR. Pero Tetaz también apuntó el año pasado contra el uso de tarjetas corporativas por parte de los entonces directores del Nación, incluido el vicepresidente segundo José Miguel Ballesteros, que supuestamente compró trajes por $800.000 de entonces. El diputado también objetó gastos en un viaje oficial a China y regalos familiares. No explicita la conjetura de que los plásticos hayan pagado alquileres a amigas íntimas.

Mientras tanto, Taillard enfrentaba la primera sospecha en su contra. La Política Online publicó que el presidente del Nación habilitó la compra de $400 millones de una obligación negociable de Aconcagua Energía, de José Luis Manzano, que colocó a su vez Max Capital, la sociedad bursátil de Ignacio Taillard, hijo del funcionario. Max se llevó el 1% de comisión. En el banco niega que el presidente haya autorizado la adquisición: “No es así. Constantemente, el banco toma bonos en dólares. En este caso, esta empresa que habitualmente opera con el Nación estaba calificada y previamente aprobada por la Comisión Nacional de Valores. Son operaciones habituales en el mercado”. ¿Primer conflicto de interés del gobierno de Milei? Su ministro de Economía, Luis Caputo, ya tiene experiencia de cuando era jefe de Finanzas con Macri.

La era de la posverdad

En las auditorías ordenadas por un fanático de la posverdad como Milei pueden caer realidades y mentiras. Habrá que ir desgranando con la sutileza de la que carece el Presidente. Sobre todo porque quien lleva adelante parte de esos informes es Caputo, de reputación vidriosa. A él le llegan los análisis de los 31 fondos fiduciarios, que fueron creados por ley a lo largo de décadas para usar cierta recaudación tributaria con fines bien específicos. Caputo sospecha que muchos de ellos han sido mal utilizados. Fue quien encabezó entre bambalinas la campaña de desprestigio del FISU, pese a que el subsecretario de Integración Socio Urbana de Milei, Sebastián Pareja, descartaba irregularidades.

Ahora el ministro se escandaliza porque descubrió que el Fondo de Capital Social (Foncap) destinó el 30% de sus fondos no para microcréditos, que es su finalidad, sino para capacitación. De gran experiencia como broker en bancos internacionales, quizás desconoce que las fundaciones y asociaciones civiles que prestan a los más pobres necesitan invertir mucho en capacitarlos para gestionar sus emprendimientos. Foncap asesoraba a instituciones de microcrédito y a sus clientes. Quizás más polémica sea que otro fondo fiduciario gastaba $500 millones en publicidad en la agencia Télam.

Pero Caputo tiene buena fama entre sus pares de Wall Street. Él, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Milei fueron elogiados en el Argentina Day que organizó la semana pasada el Bank of America en Nueva York, previo al viaje de inversores que esta entidad organizará el jueves y viernes próximos a Buenos Aires. “Se los ve como gente constructiva, con idea de ir a fondo con ajuste fiscal, pero estamos preocupados con la dinamita política”, comentó uno de los asistentes al encuentro, inquieto porque las reformas laboral, previsional y de desregulación sectorial queden en la nada. Espera al discurso presidencial en el Congreso para ver si Milei sigue redoblando la apuesta contra los opositores moderados, o si sirve de algo la seguidilla de reuniones pacificadoras que emprendió el ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores en las últimas semanas. “Si se pelea con todos, no va a durar”, advierte. Escuchó en el Argentina Day al consultor político Alejandro Catterberg, que destacó la alta popularidad de Milei pero alertó sobre el creciente malhumor social en territorio bonaerense.

Habrá que ver cómo reacciona la calle. Este jueves ya protestaron ante el Ministerio Economía los beneficiarios del recientemente disuelto Potenciar Trabajo. Dudan que vayan a conseguir empleo formal: ya lo intentaron con poco éxito los gobiernos de Macri y Fernández. El de Milei confía en que esta vez sea distinto porque quien consiga un trabajo registrado no perderá el plan social, que igualmente se irá licuando con la inflación. Algunos beneficiarios incumplían con su contraprestación, pero otros no y por eso queda la incógnita de quiénes barrerán las calles y pasillos de las villas, reciclarán residuos o atenderán comedores al eliminarse el Potenciar Trabajo. Los intermediarios no eran sólo organizaciones sociales sino municipios, provincias, parroquias y empresas recuperadas.

En Wall Street quieren ver si con los dólares de la cosecha, que no será récord, se liberará el cepo cambiario. En el Central calculan que llegaron al poder con US$11.000 millones de reservas negativas (más deudas que activos), acumularon ya 7.000 millones, pero todavía requieren de 4.000 millones para terminar con los controles de capitales. Sólo después podrán caminar a la competencia de monedas en la que, según Milei, la gente preferirá el dólar antes que el peso.

Entre los inversores celebran que Gopinath haya venido a la Argentina y que se hable de un nuevo acuerdo por el que el FMI aportaría fondos frescos, pero ponen en duda de que se concrete por las tensiones electorales en Estados Unidos, con un Joe Biden menos dispuesto a asistir que su rival Donald Trump. Además, temen que el Fondo preste más a cambio de exigir que ese dinero no vaya esta vez –a diferencia de 2018– a pagar la deuda al sector privado sino que este haga su esfuerzo también y vuelva a aceptar otra reestructuración como en 2020.

En Nueva York también preocupa cuándo bajará la inflación a niveles bajos. No da festejar que febrero haya cerrado en 16%, según C&T Asesores Económicos o la Fundación Libertad y Progreso. A los argentinos nos aflige todavía más. Pero allá en el Norte advierten de que si Milei no consigue terminar 2024 con precios bajos, no tendrá nada bueno que mostrar a la población, pues se descuenta que la economía rozará el suelo en el segundo trimestre antes de soñar con saltar al cielo.

En Buenos Aires, uno de los economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, el menos ortodoxo de los tres de esta entidad, se preguntó ante inversores si la inflación bajaría por tobogán o escalones, celebró que en febrero no llegara al 25% que él proyectaba a fin de año, pero advirtió que se debe al retraso en el alza de tarifas de energía. Elogió la disciplina fiscal –aunque otros académicos alertan que se logre con el padecimiento de los jubilados y los impuestos al comercio exterior– y matizó que los fondos fiduciarios no deben dinamitarse y el Estado no debe sacarse de encima sus empresas sino reformar unos y otras. Además, alertó sobre errores, por ejemplo, en la redefinición de los subsidios energéticos, con cargos fijos altos en las tarifas y con desfinanciamiento de las centrales eléctricas para llegar al promocionado déficit cero de enero.

AR/MG