El oficialismo impulsa en Diputados que el Poder Judicial pague Ganancias a partir de 2023

El oficialismo decidió incorporar un artículo en el Proyecto de Presupuesto para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que “hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales.

El legislador entrerriano argumentó que no se trata de una cuestión de “independencia del Poder Judicial”, sino de “justicia” para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo.

“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva.

Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable“, enfatizó el diputado del Frente de Todos.

La propuesta cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical y ahora se discutirá su inclusión durante la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller.

La idea de Casaretto viene a sumarle un grado más de tensión a la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.

El debate del Presupuesto 2023

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó después de las 10 la reunión donde se analiza el dictamen que se emitirá sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023, con el fin de que pueda ser tratado en una sesión que se celebrará el 25 de octubre.

Al comenzar el plenario, el presidente de la comisión, Carlos Heller, dijo que la idea sería que la reunión termine a las 14 horas.

Durante el debate el oficialismo definirá si aceptará el pedido de Juntos por el Cambio de una cláusula para que en caso de que la recaudación suba un 10 por ciento o la inflación supera a mediados de año el 60 por ciento que el Gobierno envíe una corrección del Presupuesto.

Se espera la incorporación de cambios solicitados por los gobernadores sobre los subsidios para el transporte del interior y un nuevo mecanismo para el pago de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y otros pedidos por legisladores sobre universidades, manejo del fuego y programas sociales.

El Frente de Todos tenía asegurado anoche poder tener un despacho con un alto consenso ya que no solo lo firmarán los diputados oficialistas, sino que también lo haría el de Provincias Unidas, por lo que reuniría 25 firmas sobre las de los 49 integrantes de la comisión.

El resto, tanto los 23 de Juntos por el Cambio, como el del interbloque Federal, no firmarían ningún despacho o expresarían algunas disidencias parciales, y se inclinarían por el acompañamiento en general o la abstención cuando se de la votación en el recinto.

La intención del oficialismo es poder tratar el proyecto en una sesión que se celebraría el próximo martes a las 13, y que se extendería por más de 20 horas, según confiaron fuentes parlamentarias a Télam.

Para diagramar esa sesión, el próximo lunes se reunirán los presidentes de bloque, en Labor Parlamentaria.

El objetivo es obtener entre martes y miércoles la media sanción para permitir que el Senado tenga el tiempo necesario para convertir en ley este proyecto clave para el Gobierno antes del 30 de noviembre.

Asimismo, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) resumió sus discrepancias con el proyecto del Poder Ejecutivo al reprobar el accionar del Banco Central. 

“Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera”, fustigó para luego criticar que “este diseño institucional es nocivo para el crecimiento del país, la desigualdad, la pobreza y un estigma para el crecimiento”.

Al rechazar “técnicamente” el proyecto, López Murphy consideró “equivocado el programa macroeconómico que subyace a este presupuesto, no sólo por su impacto inflacionario, sino por el impacto macroeconómico para el empleo y el crecimiento”. Al respecto, puntualizó que “Argentina va a crecer cuando el eje sean las importaciones y la inversión y no la deuda neta que crece espectacularmente en este esquema”.

Luego, Héctor Bárbaro (FdT) hizo hincapié en la importancia del sector tabacalero para el país. “El 83% del tabaco que se produce en la Argentina se exporta, es un producto que tiene un procesamiento y tiene retenciones. 

También movemos la industria local porque compramos todo lo que se necesita para producir el tabaco“, detalló.

Romina Del Plá (PO/FIT – Unidad) ratificó que “vamos a rechazar” el proyecto y, además, “denunciar que sigue habiendo cortes notorios en distintas áreas para que les cierre las cuentas”. En ese sentido, manifestó que “tenemos una divergencia de fondo” en relación a las bases económicas del presupuesto, que se evidencia, entre otras cuestiones, por estar orientado “integralmente a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el FMI”.

“Estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ayuste para la mayoría de los trabajadores”, sostuvo. Y, prosiguió: “La mayoría de lo que se vota son subsidios a distintos sectores patronales”, sentenció.

En tanto, Martín Tetaz (Evolución Radical) hizo referencia a modificaciones que sugiere a ciertos artículos del proyecto. Por ejemplo, entre otros, pidió que el artículo 9 diga “claramente que cualquier gasto por encima de la autorización que vamos a hacer en esta ley tiene que venir al Congreso y no como DNU”. “El segundo punto tiene que ver con lo que hemos denominado desde la oposición el ´plan bomba´ de adelantar ingresos que le corresponde al año siguiente y disponer de esos ingresos”, dijo.

“El tercer punto es sobre el artículo 72 de blanqueo que es un premio para los que no cumplen, que debe incluir un premio para los contribuyentes cumplidores, que la clase media pueda deducir hasta 50 mil pesos por mes de gastos educativos en el impuesto a las ganancias”, ejemplificó al tiempo que añadió: “El último punto es en el articulo 96 vinculada a la facultad extraordinaria para establecer retenciones que son un pésimo impuesto”, ilustró al pedir un compromiso por parte del gobierno para empezar a “discutir un sendero para la reducción de las retenciones y de todos los impuestos a las exportaciones”.

Con información de Télam.

IG