Entre los palos por los precios de los alimentos y las zanahorias para la inversión que logre reactivar

Matías Kulfas está bajo fuego. El ministro de Desarrollo Productivo es el encargado de controlar el precio de los alimentos, el asunto que más preocupa al Gobierno en el comienzo de un año en el que todo el planeta aspira a mejorar respecto del pandémico 2020. Los cristinistas lo detestan y no dudan en tacharlo de “inútil que no va a fondo”. Lo desprecian desde que, en 2016, escribió Los tres kirchnerismos, texto en el que distinguió tres etapas económicas en los 12 años K y en el que criticó con delicadeza la última, que lideró Axel Kicillof. 

Los empresarios de la alimentación mantienen duras conversaciones con él por la renovación de los planes Precios Cuidados, que vence este jueves, y Precios Máximos, que termina a fin de mes. El ministro pretende ampliar la cantidad de productos cuidados con acuerdos voluntarios, que hasta ahora llegan a 400, y acotar la lista de bienes a los que obliga a respetar valores máximos, que alcanzan a 92.000. Además, Kulfas, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), Gustavo Idígoras, firmaron el pasado miércoles un acuerdo para garantizar un precio “accesible” el aceite de consumo familiar y compensar por ello a las fábricas. Fue un día después que el Gobierno, de fluida relación con Ciara, interviniera para terminar con un paro portuario de 20 días y facilitar una fuerte alza salarial.

Los alimentos representan un cuarto del índice de precios al consumidor (IPC), pero la mitad de ese cuarto son los productos industrializados. El resto está compuesto por carnes, frutas y verduras. “La suba del precio de la soja y los demás commodities, que es una buena noticia para el país y las reservas, no es buena para la canasta básica, porque sube el maíz y eso hacer subir la carne, el pollo y el cerdo, y es difícil atenuarlo”, analizan en el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán. 

Por eso, Kulfas también negocia con los frigoríficos exportadores un pacto de precios de cortes populares -que no se exportan, como el lomo- más extenso que el de tres días que se rubricó para ofrecer antes de la Navidad. En la misma dirección, el miércoles, el ministro Basterra echó mano de una de las herramientas de intervención de la era K que tanto irritó a los productores agrícolas: la prohibición por dos meses de las exportaciones de maíz, de modo de abastecer a mejor precio a los criadores de vacas, cerdos y pollos.

En una entrevista a principios de 2019, se le había preguntado a Kulfas por los cupos a la exportación agrícola del kirchnerismo y respondió: “Había todo un esquema bastante complejo en cómo administrar el comercio interno y externo, herramientas muy criticadas. Nunca voy a enamorarme de una herramienta. Hay que analizarlo en cada contexto en particular. En ese momento generaron problemas, creció mucho el cultivo de soja, en detrimento del trigo y el maíz. Lo más importante es potenciar todo lo posible lo que está funcionando bien y aplicar medidas cuando sea estrictamente necesarias y en cada momento particular”. Ese momento ha llegado, según su parecer.

Si la medida es de corto plazo, puede abaratar los costos de los criadores de animales y, por tanto, beneficiar al consumidor. Si se extiende demasiado, puede terminar perjudicándolo. En la Mesa de Enlace admiten que la prohibición de exportación de maíz por dos meses no los llevará, por ahora, a una guerra con el Gobierno como la de 2008. Pero lamentan la falta de diálogo y advierten sobre un impacto en la producción. Ese efecto recién se percibiría en la siembra, dentro de un año.

Más difícil resulta para el Gobierno intervenir en los mercados, más atomizados, de frutas y verduras. Por un lado, esperan que, después del salto de precios que dieron en 2020, producto del retraso que arrastraban tras las devaluaciones de 2018 y 2019, en 2021 acompañen el ritmo de la inflación. Por otro, en el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, aspiran a incentivar la producción de cooperativas de alimentos ubicadas alrededor de las grandes ciudades, de modo de desconcentrar el mercado y reducir los costos de los fletes. 

Se trata de una de las cinco patas del programa Potenciar Trabajo (con el que el Gobierno ha reformado los planes sociales de capacitación que había creado Mauricio Macri), que ya suma 700.000 beneficiarios al incorporar 200.000 de los 9 millones que cobraron los tres ingresos familiares de emergencia (IFE) durante el aislamiento. Las otras cuatro patas son construcción (incluida la urbanización de barrios, prometida tras la crisis de las tomas, y la edificación de jardines de infantes), textil, cuidado de niños y ancianos y reciclado. Están bajo la órbita del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, que junto con su subsecretario Daniel Menéndez, de Barrios de Pie-Somos, pretenden recrear un espacio político propio de las organizaciones sociales para pesar en el armado de listas de las legislativas de este año.  

En Desarrollo Social identifican al precio de los alimentos como una de las tres claves del año que comienza. La segunda es la recuperación de las changas, que por ahora es lo que ha motorizado la reactivación del empleo poscuarentena. En las últimas cinco semanas viene bajando la cantidad de personas que asisten a los comedores (según monitorea el ministerio), porque resurgen la construcción y la industria textil. Pero Arroyo, que ya había sido viceministro del área en el gobierno de Néstor Kirchner, recuerda que también en aquellos tiempos primero se mejoró el empleo informal y, recién después, el formal. Por último, el tercer eje es la vuelta a las clases presenciales, dado su impacto no solo en la educación de los chicos sino en la posibilidad de liberar a los padres y madres de las tareas de cuidado y de facilitar sus obligaciones laborales.

El rebrote de casos, sin embargo, amenaza con el regreso a cuarentenas, como en Europa o Chile, con la consiguiente necesidad de ayudas económicas que en la Argentina (que, sin acceso a los mercados internacionales de deuda, se financian con una emisión monetaria que desestabiliza al dólar). Pero el Gobierno apuesta a que el aumento de contagiados afecte en forma moderada en la recuperación económica porque se encomienda al proceso ya iniciado de vacunación (apuesta a las que proveen Vladimir Putin y Hugo Sigman, quien fabrica aquí el principio activo de la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford), al mejoramiento de la infraestructura sanitaria que logró a paso acelerado al comienzo de la pandemia y al aprendizaje en materia de protocolos de prevención y tratamiento de la enfermedad.

Si efectivamente se transita la segunda ola del virus sin aislamientos estrictos y extensos y Guzmán logra firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo o abril, en el ala no kirchnerista del Frente de Todos confían en que la economía rebote este año más que el 5,5% previsto en el presupuesto. Ese salto podría traer calma a la coalición: menor desequilibrio en la correlación de fuerzas, victoria en las elecciones legislativas y fortalecimiento de la figura de Alberto Fernández frente a las tensiones con una vicepresidenta que coloca cada vez más funcionarios. Igual casi todos en el FdT confían en que, ni antes ni después de los comicios, habrá ruptura porque a ninguno le conviene, por motivos políticos y judiciales. Las causas contra Cristina Kirchner y ex funcionarios K siguen, aunque ya no avancen al frenético ritmo electoral de 2017, con un detenido por TV cada semana. “Hay un valor en la unidad. Hay tensiones que limitan la acción de gobierno, pero las tensiones son dentro del ring y sin que nadie rompa las reglas”, explica un alto funcionario, en coincidencia con otros.

A Martín Guzmán le parece que lo más relevante, en el corto plazo, radica en la recuperación de la actividad económica y, en segundo término, cómo financiarla. Solo en el mediano plazo, el ministro aspira a la consolidación fiscal.

El equipo de Guzmán propuso al FMI retomar esta semana los contactos por Zoom. Saben que no será fácil arribar a un acuerdo, y menos a uno que después ratifique el Congreso, como aspira el ministro. Economistas de consulta del Fondo pronostican que el organismo pedirá un déficit menor al 4,5% del PBI presupuestado, dado que, a diferencia de otros países latinoamericanos con acceso a los mercados internacionales de deuda, la Argentina debe financiarse en buena parte con emisión monetaria. También se prevé que reclame acotar la brecha cambiaria y acumular reservas.

En el Palacio de Hacienda opinan que el FMI suele exigir la misma receta, pero ahora se encuentra en una situación sui generis, por el monto, los motivos y las presuntas irregularidades del préstamo récord que le dio a Macri y por la crisis mundial de la pandemia. A Guzmán le parece que lo más relevante, en el corto plazo, radica en la recuperación de la actividad económica y, en segundo término, cómo financiarla. Solo en el mediano plazo, el ministro aspira a la consolidación fiscal. Está de acuerdo en que todo financiamiento que reemplace a la emisión monetaria es adecuado y por eso plantea en la negociación con el FMI que el acuerdo incluye fondeo extra de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID). También confía en seguir aumentando el financiamiento en el mercado de deuda local y en pesos. A pesar de que a fin de año canjeó bonos en moneda local por otros en la norteamericana -el Congreso autorizó hasta US$ 1.500 millones- para calmar el mercado cambiario, el balance de 2020 cerró con una deuda con mayor proporción en pesos.

En el equipo de Guzmán consideran que los cambios en la reforma jubilatoria que impuso el Senado y el retraso de los aumentos tarifarios de luz y gas a marzo no impedirán que se cumpla la meta de bajar el déficit fiscal al 4,5% del PBI. Al ministro le interesa que se respete ese objetivo en la negociación intensa con las empresas que ya empezaron los interventores de los entes reguladores de la electricidad y el gas, los cristinistas María Soledad Manin y Federico Bernal, respectivamente. Para ello, buena parte de los usuarios deberían recibir alzas similares a la inflación, que el Gobierno presupuestó en 29%. Si después no se llega al 4,5%, en el Palacio de Hacienda aseguran que “habrá que buscar más ingresos o menos gastos en determinados rubros”, sin especificar cuáles. Es decir, subir algún impuesto o podar erogaciones relevantes en por su peso presupuestario, como pensiones no contributivas o transferencias a provincias, universidades o empresas estatales. En el oficialismo crece la imagen de un Guzmán fortalecido pero ajustador, aunque también los más heterodoxos comprenden que, sin un poco de ortodoxia, el dólar blue se hubiera llevado puesto todo a fines de octubre pasado.

Por lo pronto, en un 2020 con una inflación de alrededor del 35%, el Gobierno ha logrado imponer una pauta salarial del 25% a los empleados públicos. El pasado miércoles, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, cerró el acuerdo por esa cifra con los empleados de Aerolíneas, que recibirán 7% retroactivo a octubre, 8% este enero, otro 8% en febrero y 2% en abril. Los empleados de la firma aérea se mostraron comprensivos dada la crisis mundial que afecta a su sector. No tienen el mismo anhelo los maquinistas de tren de La Fraternidad, que quieren que el Estado les otorgue un aumento mayor al 25% como el que consiguieron con las empresas privadas que transportan cargas que se exportan, por caso granos y metales.   

En el frente cambiario, el Gobierno y el Banco Central, que conduce Miguel Pesce, están conformes de que en diciembre se recuperaran US$ 789 millones de reservas. También con las intervenciones en los mercados de bonos para controlar las cotizaciones paralelas legales, el dólar Bolsa y el contado con liqui. Pero admiten que deben seguir trabajando en la acumulación de reservas para el día de mañana suavizar el cepo y, así, reducir la brecha. Reconocen que enero y febrero suelen ser meses de caída de los activos del Central, mientras se espera la cosecha gruesa a partir de mediados de marzo.

Será difícil convencer al establishment argentino, con Héctor Magnetto a la cabeza, de que este modelo económico es distinto al del último kirchnerismo y que va camino a concretar las inversiones requeridas para lograr el esquivo desarrollo del país.

Kulfas y Guzmán no solo quieren hablar con los empresarios para seguir el consejo de la vicepresidenta de “alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. También quieren dialogar con ellos para activar las inversiones (en noviembre reputaron, es verdad que desde el pozo, por primera vez desde abril de 2018). Por ejemplo, el martes pasado Kulfas recibió a representantes de la cadena automotriz, con quienes que negoció un proyecto de ley que la fomente. El mismo día vio a los empresarios de la economía del conocimiento para revisar la reciente reglamentación de la norma que la promueve. Además, el Gobierno eliminó el jueves las retenciones a las exportaciones de las economías regionales y a las de productos industriales terminados. 

Será difícil convencer al establishment argentino, con Héctor Magnetto a la cabeza, de que este modelo económico es distinto al del último kirchnerismo y que va camino a concretar las inversiones requeridas para lograr, algún día, el esquivo desarrollo del país. La muerte de Jorge Brito privará a los hombres de negocios, este enero, del encuentro que tradicionalmente los reunía en su estancia de Punta del Este, Mama Ganso. Sin embargo, no están de brazos cruzados. Algunos empresarios aprovechan los precios de saldos para quedarse con empresas endeudadas pero relevantes de la Argentina, como Francisco de Narváez, que se quedó con la filial local de Walmart, o José Luis Manzano, que falló en su intento por Vicentin pero ahora adquirió Edenor junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti. También se suma el sindicalista Víctor Santa María, que se quedó con Canal 9. Habrá más novedades sobre la renovada burguesía nacional de la era Alberto Fernández, en la que también tienen lugar el ya mencionado Sigman y Cristóbal López. En esa categoría también se apuntan el papelero José Urtubey y el farmacéutico Marcelo Figueiras. En este grupo de empresarios calculan que, en 2021, la economía solo recuperará la mitad de lo perdido en la pandemia y temen no solo al rebrote del virus sino al de una inflación que trepe al 50%.  

En este contexto se perfila la batalla por suceder, en mayo, al aceitero Miguel Acevedo como presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Los aspirantes son Daniel Funes de Rioja, el abogado laboralista que representa a la industria de la alimentación; Martín Rapallini, que preside la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba); Miguel Ángel Rodríguez, vicepresidente pyme de la UIA y dueño de Sinteplast; y la autopartista Carolina Castro, que no sólo cuenta con el atractivo de convertirse en la primera mujer que presida la entidad sino con un discurso industrialista sólido que atrae al Presidente. Solo “carga” en su curriculum con el peso de haber sido tres años funcionaria del gobierno de Macri.

A.R.