Pese a la resistencia a la explotación minera en Chubut, el gobernador Arcioni maniobra para lograr el aval de la Legislatura

Tras un breve impasse en el inicio del año, el debate por la habilitación de la minería en la provincia de Chubut retomó impulso y el Gobierno de Mariano Arcioni, al mando de una provincia en crisis y urgida de recursos, se muestra decidido a avanzar pese a la resistencia que genera en parte de la población de la provincia patagónica. Al cabo de una nueva ronda de discusión con diversos sectores, la semana pasada el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, envió a la Legislatura un documento con modificaciones al proyecto original, con lo que espera acercar posiciones y alcanzar los votos necesarios para aprobarlo cuanto antes. 

El proyecto en cuestión, llamado de “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial en noviembre pasado. La iniciativa es más conocida como proyecto de “zonificación minera” porque propone eliminar la prohibición de la actividad que rige sólo para los departamentos de Gastre y Telsen, ambos ubicados en “la meseta”, una región árida y muy poco poblada del centro de Chubut, provincia en la que sus 550.000 habitantes se ubican principalmente en la costa atlántica (Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson) y en los Andes (Esquel).

Si bien no lo nombra, la iniciativa legal tiene como objetivo dar rienda suelta a la explotación de un yacimiento de plata que la compañía canadiense Pan American Silver adquirió hace once años y espera pacientemente el momento de usufructuar. En el llamado proyecto Navidad se encuentra una de las reservas de plata más grandes del mundo que, según fuentes de la empresa, tendría una vida útil de 18 años, con la posibilidad de prolongarse con nuevas explotaciones en la zona. 

La presencia de la minería en Chubut vuelve recurrentemente, pese a un hito clave en 2003, cuando un plebiscito en la ciudad de Esquel que arrojó el rechazo del 81% de la población a la instalación de una explotación de oro en sus alrededores por parte de la canadiense Meridian Gold. Ese contundente resultado derivó en una ley que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia, y continuó con un activismo contra la actividad en la provincia que dura hasta hoy. 

El rechazo principal de los grupos antimineros radica en el impacto ambiental. Según detalla un proyecto de ley presentado por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses que procura sostener la prohibición, la minería es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua, recurso que deja luego irreversiblemente contaminado por los tóxicos que se emplean en el proceso. La organización argumenta que es imposible asegurar que los diques que se utilicen para almacenar el agua contaminada permanezcan en buen estado a lo largo del tiempo. “Existe un riesgo cierto de que se fisuren, quiebren o produzcan filtraciones que puedan contaminar gravemente el agua superficial o subterránea de la zona, trasladándose la contaminación a grandes distancias”, asegura el texto, y menciona como ejemplo lo ocurrido en 2015 en San Juan, cuando una falla en el sistema de la empresa Barrick Gold produjo el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero. “El derrame tóxico llegó primero al río Potrerillos hasta alcanzar el río Jáchal y rápidamente aumentó la concentración de metales pesados en el agua, convirtiéndola en no apta para el consumo humano”, detalla.

Pese a la firme intención del oficialismo de sancionar la ley en 2020, no se logró acuerdo para tratar el proyecto en sesiones extraordinarias. Después de una breve pausa, el 19 de enero el Gobierno —y la propia Pan American Silver, mediante sus canales institucionales— anunció el “reinicio del debate”. En la primera reunión virtual, el ministro Cerdá convocó a 47 representantes de organizaciones empresariales y cámaras, y continuó luego con una cargada agenda de encuentros virtuales, hasta en tres turnos diarios. 

Tras esta nueva rueda, Cerdá remitió la semana pasada a la Legislatura una serie de modificaciones al proyecto hechas por legisladores provinciales de los distintos bloques. Entre otros puntos, se sugiere que los proyectos mineros especifiquen la participación de empleo chubutense que demandarán en cada etapa, que no podrá ser menos del 80% del total, y que deberá involucrar a personas con no menos de cinco años de residencia en la provincia. También apuntan a reorganizar lo recaudado en concepto de regalías mineras, asignando 2% a los sindicatos que tengan participación en la actividad.

Cerdá también remitió observaciones hechas por el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan PabLo Luque, en un encuentro en Buenos Aires con el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. En este caso, se introduce un refuerzo a la regulación en materia hídrica y los mecanismos de control y tratamiento. Además, se suman sanciones para quienes no cumplan con el procedimiento del cierre de minas. 

En su hiperactividad por avanzar con la iniciativa, el Ejecutivo provincial también lanzó en enero un sitio web (https://lameseta.org/) en el que vuelca información sobre el tema y pone a disposición un canal de comunicación para consultas. De algún modo, apunta a fortalecer la idea de que se debe dar un debate técnico y no político, y evitar la distorsión generada por “500 ruidosos”, como llamó públicamente el gobernador a los activistas antimineros.  

Pese a los esfuerzos de la administración Arcioni, cuyo referente nacional es Sergio Massa, la oposición del kirchnerismo provincial, del radicalismo (que rompió su alianza con el PRO por el supuesto pedido de coima a las mineras de su representante en el recinto local) e incluso de algunos legisladores que conquistaron sus bancas en la lista del oficialismo y luego se alejaron, los votos para habilitar el negocio son por ahora insuficientes, motivo que fuerza la postergación del llamado a sesiones extraordinarias para tratarlo. 

Promesas tentadoras y aval nacional

Según los números que hace Pan American Silver, la mina le garantizaría a la provincia exportaciones despachadas en sus propios puertos por US$350 millones anuales y demandaría una inversión de entre US$1.000 y US$1.300 millones a lo largo de todo el desarrollo. 

Según las estimaciones del ministro de Hidrocarburos de la provincia, al 3 por ciento contemplado por ley en materia de regalías se sumarían otros puntos como los fondos de infraestructura, fortalecimiento institucional y un fondo fiduciario que llevaría a un 9% en concepto total de rentas. Las exportaciones mineras pagan además 8 por ciento de retenciones, luego de que la Casa Rosada las bajara en octubre desde 12 por ciento heredado por la administración Macri. Tras eliminarlas no bien asumió, el Ejecutivo de Cambiemos las reinstauró en el último tramo de su mandato.

Las autoridades —y Pan American Silver— ponen como ejemplo de viabilidad del proyecto a la provincia vecina de Santa Cruz, donde actualmente hay explotaciones activas. Incluso “se emplea cianuro y no sucedió ninguna catástrofe”, sostuvo Cerdá en diálogo con La Opinión Austral. El proyecto chubutense prohíbe, sin embargo, la utilización de cianuro, que es necesaria para la extracción de oro, pero no para la de plata.

El gobierno provincial tiene el aval para avanzar de las autoridades nacionales. El ministro Arcioni y el propio Cerdá fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández en las primeras semanas del año y también por el secretario de Minería de la Nación, Darío Martínez. 

Además, las autoridades locales enarbolan el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, que fue presentado en octubre pasado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien considera a la minería una de las actividades estratégicas de cara al futuro. En línea, el secretario de Minería Hensel aseguró a Télam que la Argentina tiene enormes posibilidades de competir en este rubro y una importante cartera de proyectos en factibilidad avanzada, con posibilidades concretas de inversión por unos US$30.000 millones en oro, plata, cobre y litio. 

A favor y en contra

Según la estimación de la empresa interesada, la activación del proyecto Navidad generaría 700 empleos directos y, si se sumaran los indirectos —contratistas, bienes y servicios— llegaría a 2.700 empleos de manera escalonada, lo que se vuelve una promesa tentadora para los escasos habitantes de la meseta, que dependen en su mayoría del menguante trabajo rural y distintas ayudas gubernamentales. 

“Si uno recorre la provincia queda a las claras que el desarrollo se ha generado históricamente en cinco o seis centros urbanos y el resto de localidades siguen siendo pequeñas aldeas que subsisten gracias a los sueldos del Estado y planes. Esa es la matriz económica para los pueblos del interior, y no debería ser así. Tenemos reservas al alcance de la mano y no las podemos aprovechar”, dijo a elDiarioAR Carlos Montenegro, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Servicios e Industria de la Meseta del Chubut (Camecch).

Montenegro aseguró que, mientras en las principales ciudades de Chubut se realizan multitudinarias marchas en contra de la minería, la gran mayoría de los habitantes de la zona directamente afectada están a favor, pero que recién a partir de 2018, cuando llegó el servicio de internet a la zona, pudieron empezar a “hacerse escuchar”. Explicó que tanto en Telsen como en Gastre hay alrededor de 700 habitantes y un desarrollo de infraestructura ínfimo.  Apenas una escuela con baja matrícula y un minihospital que atiende afecciones menores. En casos de mayor complejidad, deben viajar 400 kilómetros por ripio hasta Trelew. 

Por otro lado, en noviembre ingresó a la Legislatura un proyecto presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut en el que se busca asegurar la prohibición total de la actividad en la provincia. Según argumenta el texto, este método extractivo impacta negativamente en territorios, ecosistemas y poblaciones de manera irreversible. Además, señala que, aún con controles, es imposible garantizar que no habrá accidentes de graves consecuencias para el ambiente.  

“En la zona de influencia directa de los emprendimientos mineros se genera un contexto de contaminación psíquica y social” mediante la intervención de los distintos poderes en connivencia con las corporaciones mineras que “intentan legitimar el discurso falaz de que la única forma de supervivencia regional es la actividad minera”, añade el texto en su argumentación.  Esta misma Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses convocó a quienes se oponen a la minería a manifestarse en las calles el próximo 4 de febrero.

DT