Suman un nuevo requisito para la compra de dólares por el aumento en el riesgo de lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que bancos, aseguradoras y agentes bursátiles podrán solicitar a los clientes documentación tributaria. El objetivo es “fortalecer las herramientas de control” que habían sido desarticuladas durante la gestión de Mauricio Macri, medida que incrementó el riesgo de lavado de dinero.

La norma fue publicada el viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución N° 6/2022 que modifica los criterios plasmados en las resoluciones UIF número 30 del año 2017; y números 21 y 28 de 2018, además de reforzar la Debida Diligencia del Cliente. La medida pasó casi inadvertida en el mercado y ahora, algunos operadores advierten que podría tratarse de un nuevo impedimento para la compra de dólares.

“La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil transaccional prospectivo (ex ante), sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas. Dicho perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el Cliente o que hubiera podido obtener la propia Entidad, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso”, dice el nuevo texto.

Además, también se modificó el primer párrafo del artículo 36 de la Resolución UIF N° 28/2018 por el siguiente texto: “La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil para aquellos clientes de riesgo bajo, medio y alto, sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas”.

Más maniobras de lavado desde el gobierno de Macri

De esta manera, las entidades podrán pedir las declaraciones juradas de impuestos antes de realizar una operación. Según argumentó la UIF en un comunicado, las normas dispuestas en 2017 y 2018 “incrementaron los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tanto habilitaba a contribuyentes a declarar activos previamente ocultos, lo que podía resultar en que volúmenes considerables de dinero, que previamente se encontraban fuera del sistema financiero formal, sean depositados o transferidos a entidades financieras argentinas, exponiendo de tal manera la integridad de las mismas y del sistema financiero en su conjunto”.

“La Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determina que cuando los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo sean mayores, debe exigirse a las instituciones financieras que ejecuten medidas intensificadas de ´Debida Diligencia del Cliente´ a tono con los riesgos identificados. En particular, deben incrementar el grado y naturaleza del monitoreo de la relación comercial, a fin de determinar si esas transacciones o actividades parecen inusuales o sospechosas”, indicó la UIF en la Resolución.

EM