Suspensiones a cooperativas: detrás de los anuncios del Gobierno no hay más que procedimientos de rutina

Semanas atrás el Gobierno Nacional anunció la suspensión de más de 11.000 cooperativas en todo el país por irregularidades en presentaciones administrativas, sin embargo se trata de un procedimiento de rutina que cada año realiza el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de “otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, pero el INAES es un organismo descentralizado que tiene un rol de fiscalización y que está financiado en un 80% con los aportes de las cooperativas asociadas. Desde el sector advirtieron que se trata de una demonización para facilitar la llegada de otros actores económicos a mercados importantes como el de los servicios públicos o de compañías de seguro, donde las cooperativas tienen una presencia importante.

Según informó el gobierno, se suspende la operatoria de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022 y se van a inspeccionar 4.355 creadas en 2023. Además, se retira la autorización para operar a 11.853 cooperativas. Lo que fue presentado como una excepcionalidad se trata de un proceso de fiscalización habitual que realiza el INAES para controlar la documentación y balances de las cooperativas. Así lo explicó a elDiarioAR Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs: “Es normal que se realice eso, en éste caso lo que ocurrió es que firmaron dos resoluciones. Una que intima a las entidades que no hicieron un censo anual en 2023 y la otra, que intima con un plazo de 30 días hábiles a las que debían documentación ordinaria como actas de asambleas o copias de balances anuales”. 

Si bien 11.853 cooperativas suspendidas parece una número elevado, el expresidente del INAES Alexandre Roig explicó que se trata una cifra comprensible producto del acumulado histórico después de la pandemia y por la situación económica de varias cooperativas que no tienen dinero para realizar los balances contables que cuestan alrededor de $300.000. “En los últimos años hubo un crecimiento muy grande de matrículas, algunas funcionaron y otras no, algunas no presentaban balances porque no les daba la plata. También hay retrasos por la suspensión de los plazos administrativos que se dieron durante la pandemia, ahí hay un proceso de regulación histórico de atraso. También hay algunas que seguramente se crearon y no presentaron los papeles porque no les dio y hay que cerrarlas. Por eso, el procedimiento que plantea el INAES ahora en términos administrativos no está mal, lo que está mal es el manejo político que hace el gobierno que transforma eso en un escándalo”, le dijo Roig a este diario.

Adorni afirmó que “de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, el 70% no presentó balances ni asambleas”. Sin embargo, aquellas creadas en el 2022 están dentro de los plazos legales para presentarla. En Argentina hay 22.393 cooperativas vigentes, más de la mitad (57%) están en la región Centro y en segundo lugar en el Noroeste (18%). Según el último balance de gestión del INAES, el 46% (10.292) se inscribió en estos últimos 3 años, con un pico durante el año 2022 con un total de 5.142. Se trata de un espectro amplio que incluye cooperativas de trabajo, de servicios, culturales y clubes de barrio, por ejemplo, pero que también engloba a grandes empresas como compañías de seguros o bancos. 

“Hasta hace años conseguir una matrícula demoraba dos años. Simplificamos el proceso y lo hicimos online para que se pueda hacer en dos meses por eso aumentaron la cantidad de matrículas, porque había una demanda reprimida. Había 2000 matrículas en trámite y salieron todas y a partir de ahí hubo una demanda grande en sectores del mundo del trabajo y otros nuevos, por ejemplo, 1000 cooperativas en el mundo de la cultura”, detalló Roig. En cuanto a la cantidad de personas que nuclean,el último registro indica hay 333.878 trabajadores y trabajadoras y se estima que todo el sector hace un aporte del 15% al PBI.

El presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Ramiro Martínez, puso en contexto esta medida del gobierno de Javier Milei. “Hay precedentes desde 2009, tenemos varias resoluciones que han implementado las mismas situaciones en diferentes gestiones. La verdadera baja es la cancelación, no la suspensión. Esta última permite en algunos casos las actividades e insta a la regularización lo más pronto posible. Después tenes la comunicación que hace el gobierno nacional con respecto a las normativas y habla de bajas instantáneas de matrículas, que es totalmente fuera de contexto, porque estas resoluciones han sido de uso en varias gestiones nacionales como parte de un modelo”, le dijo a elDiarioAR. Tonarelli agregó: “Pensando en la situación económica, es lógico que muchas entidades tengan atraso en la documentación producto de la baja en la facturación”.

Adorni también denunció que el 22% de las cooperativas repitió asociados, el 20% usó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio. Acá tampoco hay irregularidades porque la ley permite que una persona se asocie a más de una cooperativa. Con respecto al mail, desde las federaciones explicaron que hay contadores y abogados especializados que hacen los trámites y que hacen los registro desde su casilla.

Distintas federaciones comparten la misma lectura de la situación, un intento de desprestigiar al cooperativismo para sacarlos de mercados rentables. “Mi hipótesis es que el gobierno está tratando de cambiar los jugadores del mercado, de cambiar la lógica a favor de actores que son más favorables. El ataque a las cooperativas de trabajo tiene una dirección política más específica pero a su vez tendría cuidado de que no empiecen a atacar otro sector del cooperativismo por ejemplo, a las compañías de seguro cooperativas que son el 30% del mercado. Otros casos, por ejemplo, una cooperativa obrera en Bahía Blanca es competidora directa de La Anónima en todo el sur de la Provincia de Buenos Aires o las cooperativas eléctricas en el interior de Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires que tienen el 80% de la distribución”, detalló Roig.

Las cooperativas de trabajo representan el 81,5% del total, seguidas de las de servicios públicos que son el 5,3%, las de vivienda que son el 4% y las agropecuarias el 3,7%. En cuanto a los servicios públicos, en muchas localidades son los únicos prestadores como en La Pampa. Un número reducido también generó divisas en el exterior. En 2022, 68 cooperativas registraron exportaciones por casi cuatro mil millones de dólares con productos como aceite de girasol, trigo y morcajo, y cebada en grano vendidos a China, Vietnam e India.

“Uno de cada dos argentinos está relacionado con una cooperativa o una mutual, pero un alto porcentaje no lo sabe. Por ejemplo, con las aseguradoras o el sistema bancario, hay desconocimiento hacia el movimiento cooperativo y mutual. El gobierno tiene una visión en que nuestro modelo no entra”, afirmó Martínez.

CDB/ DTC