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Uruguay: se filtran los chats del excustodio de Lacalle Pou y la oposición habla de “escándalo”

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo.

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La aparición de una serie de chats donde el exjefe de la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou ofrece a un empresario argentino contactos en Inteligencia y el uso de un programa oficial para intervenir celulares, llevó a que el ministro del Interior del Uruguay diera explicaciones ante una comisión del Senado. Mientras tanto, dirigentes de la coalición opositora de izquierda Frente Amplio (FA) hablaron de un “escándalo sin precedentes”.

Alejandro Astesiano estuvo a cargo de la custodia del mandatario uruguayo hasta hace pocos meses, cuando fue detenido bajo la acusación de formar parte de una organización que fraguaba documentación para otorgar pasaportes a ciudadanos rusos. Previo a su detención, borró toda la información de su celular, pero la Policía Científica logró recuperar el 100%, poniendo a disposición de la Fiscalía varios intercambios que había tenido por WhatsApp, algunos de los cuales trascendieron en estos días a la prensa local.

De acuerdo con La Diaria, en una serie de conversaciones de septiembre pasado figura un empresario agropecuario argentino, quien produce trigo y soja en la Argentina, Paraguay y Uruguay, al que Astesiano le da información supuestamente obtenida a través de El Guardián, un sistema utilizado por el Gobierno para ordenar escuchas telefónicas, así como de sus contactos en Inteligencia.

Según el medio, el empresario quería confirmar si algún vehículo “furtivo” participaba sin autorización en descargas de trigo y soja de su propiedad. Por su parte, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, compareció ayer ante la Comisión de Seguridad del Senado, donde aseguró que es “una mentira” que el exjefe de seguridad presidencial haya podido acceder a dicho sistema.

“Sólo puede intervenirse un teléfono cuando lo realizan los operadores telefónicos, y ellos no hacen la interceptación de la llamada si no es con orden judicial, y para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerite interceptar ese teléfono. O sea, que es prácticamente imposible que alguien ajeno a la Policía, a la Fiscalía o al Poder Judicial pueda intervenir desde El Guardián”, dijo Heber ante la prensa.

El ministro aseguró que no hay otro sistema oficial que no sea El Guardián y que este “está debidamente auditado”. “Cada tres meses tiene que auditarse por parte de la Suprema Corte de Justicia”, agregó en declaraciones recogidas por el diario El País. Ante la consulta de cómo se explica lo que decía Astesiano en sus chats, el ministro respondió: “No puedo explicar una mentira. Una mentira es una mentira, no tiene explicación”.

Gabriela Fossati, la fiscal del caso, había aclarado la semana pasada que no está comprobado que el excustodio haya tenido acceso al sistema: “El hecho de que alguien haga alarde de que puede hacer tal cosa no quiere decir que efectivamente lo haya hecho”, señaló en un comunicado. De todos modos, la Fiscalía citó para la semana que viene al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al prosecretario Rodrigo Ferrés y a otros funcionarios como testigos, después de que en las conversaciones de Astesiano éste sugiriera que tenía acceso al sistema de escuchas, así como a las cámaras del Ministerio del Interior.

De esas conversaciones surge también que el excustodio oficial tuvo contacto en julio con alguien supuestamente cercano al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay en 2018 por una condena de evasión fiscal y lavado, quien le pide que interceda para lograr una reunión con Lacalle Pou. “Dale, movete que hay mucha guita”, le dice Balcedoa Astesiano. Actualmente, el argentino cumple prisión domiciliaria en el este de Uruguay y en mayo inició un juicio por 22 millones de dólares contra ese Estado, al que acusa de haber frustrado un negocio millonario.

El Frente Amplio anunció anoche la creación de un grupo de seguimiento a la investigación de Astesiano. “El FA tiene que dar un seguimiento porque posiblemente en el futuro tenga que haber acciones parlamentarias más de fondo”, dijo el presidente de la coalición opositora, Fernando Pereira. “No nos precipitamos, no queremos generar un tema de fácil solución, creemos que hubo actos de corrupción graves en el gobierno al lado del presidente y nadie se lo advirtió. Fallaron todos los mecanismos de prevención”, aseguró.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, considerado uno de los posibles candidatos del FA para las elecciones presidenciales de 2024, habló hoy de un “escándalo sin precedentes”. “Dije que con lo de Astesiano no habían cuidado a la Presidencia. Es mucho peor. La Presidencia hoy aparece involucrada en un escándalo sin precedentes. Más allá de lo que dictamine la Justicia, hay una responsabilidad política que se tiene que asumir. Por el bien de la República”, señaló en Twitter.

El presidente Lacalle Pou defendió la actuación, asegurando que se está colaborando en la investigación: “El Gobierno no tiene cola de paja. Estamos tranquilos con lo que hicimos. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, afuera de la ley, no. Me parece que en este tema hay que ir hasta el hueso”.

Astesiano es uno de los cinco imputados por falsificación de documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran el pasaporte uruguayo. Se encuentran implicados en el caso también dos ciudadanos rusos, un escribano y su esposa, acusados de formar una red ilícita. A su vez, hay dos jerarcas policiales que están indagados por el caso, uno con cargo “jerárquico” y otro con un cargo “muy jerárquico”, según la fiscal.

LC con información de agencia Télam

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