En las cárceles de El Salvador de Bukele en la “guerra” contra las pandillas: “Los golpeaban delante de todos y les ponían descargas eléctricas”

“Lamento darle una buena y una mala noticia. Le voy a dar la buena: en las dos audiencias y en el polígrafo, él salió inocente. Pero le voy a dar la mala: tiene insuficiencia renal terminal”. Fue la información recibida por uno de los familiares de Mario (nombre ficticio), uno de los fallecidos bajo custodia policial en El Salvador durante el estado de excepción aprobado hace un año por Nayib Bukele para acabar con las pandillas salvadoreñas. El joven de 24 años, que no tenía enfermedades o padecimientos crónicos previos, fue detenido en mayo de 2022.

Es uno de los testimonios recogidos en el informe de la organización de derechos humanos Cristosal sobre el coste de la “guerra” de Nayib Bukele contra las pandillas de El Salvador. Decenas de presos han sido torturados y asesinados durante el primer año de la operación, según documenta la ONG. Al menos 153 personas murieron bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación, según la ONG.

Después de pasar siete meses en una prisión salvadoreña, Mario fue trasladado al hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca, explica un familiar a Cristosal: “¡Señor de los cielos, si estaba irreconocible! Ya sólo era huesos y piel, el pechito amarillo…”. El médico le contestó: “De seguro él recibía golpes en el estómago. Se le reventó la gastritis… él ya no tiene cura”, recoge el informe. Dos días después, el joven murió en su casa.

Se trata de uno de los muchos jóvenes que, según la organización, murió en prisión sin estar implicado en las pandillas salvadoreñas. Mario era inocente, pero sufrió tratos inhumanos y degradantes recibidos en la cárcel, según los testimonios recogidos por la ONG. “Nos dan comida una vez, no dan desayuno ni almuerzo, solo a la hora de la cena… En una cancha grande nos ponen en fila y a quienes recibimos la comida, nos dan dos garrotazos en el lomo… Yo para que no me pegaran, porque dolían esos garrotazos, mejor no salía a comer”.

El negocio de las funerarias

La mayoría de los familiares de las personas fallecidas no recibieron comunicación de la prisión o de la Dirección General de Centros Penales, ni de los hospitales o de la Policía, aunque las autoridades penitenciarias tienen el deber de llevar un registro de los presos y de sus familiares. La mayoría se enteró por llamadas telefónicas o visitas de empleados de funerarias.

“Me avisaron de que una funeraria me andaba buscando. Nos encontramos, me preguntó si era mi hermano y me mostró una foto de él… en eso me puse mal. Solo me dijeron que había muerto. Me preguntó si quería que ellos fueran a retirar el cadáver. En ese momento yo también le llamé a mi mamá y justo también vinieron dos funerarias más que andaban con el mismo dato de él”, explica uno de los familiares.

Las funerarias se enteran primero de la muerte de una persona porque tienen contacto con el personal de hospitales, la Policía y el IML, y en algunos casos la información se obtiene a cambio de beneficios económicos, como una comisión o porcentaje por los servicios que presta la funeraria, explican desde Cristosal. “Los informantes” reciben comisiones que pueden ir del 5 al 10% del total de los servicios prestados en el mes y, de esta forma, las funerarias obtienen el nombre del fallecido, sus datos personales y dirección de sus familiares, e incluso hasta fotografías del cuerpo.

Recibir la noticia por parte de una empresa que busca vender sus servicios causa un gran sufrimiento a las familias que, desconcertadas, ceden y acaban pagando precios elevados para conseguir más información acerca de su ser querido y poder darle así sepultura. “Yo andaba en el monte cuando regresé y encontré a ese montón de niñas llorando, diciendo que se había muerto papito. Vinieron como cuatro funerarias a ver cuál cada uno iba a agarrar. Traía ceñidas las esposas y un pinchón como de clavo en el ojo”, dice el familiar de otra de las personas fallecidas en prisión, un hombre de 53 años.

Enterrados en fosas comunes

Pero hay familias a las que nadie avisa. La ONG ha registrado varios casos de cadáveres sepultados en fosas comunes. “Los familiares se enteran de la muerte por terceras personas o por las redes sociales”, denuncia la investigación. En su proceso de búsqueda, los seres queridos se enfrentan también a malos tratos y discriminación por empleados y funcionarios gubernamentales al ser tratados como “familiares de pandilleros”, denuncia la investigación.

La familia de Juan (nombre ficticio) acudía cada mes a la prisión donde estaba recluido, preguntaba por él y entregaba un paquete de alimentos. Ocho meses después de su detención les informaron que ya no estaba allí. Había muerto seis meses antes y nadie les había llamado. Fue enterrado en una fosa común y la exhumación se realizó dos meses después, sostiene el estudio. Las fotos tomadas por el IML mostraban que el cuerpo presentaba varios golpes, pero el informe oficial recoge que falleció por “leucemia”. El joven tenía 23 años.

La mayoría de las muertes quedan registradas como consecuencia de causas naturales y enfermedades: edema pulmonar, neumonía, insuficiencia renal, infarto, anemia, hemorragia cerebral, tuberculosis… Pero, en numerosos casos, la causa de la muerte y el aspecto del cadáver no son congruentes, según la ONG.

El cuerpo de Joel (nombre ficticio) también acabó en una fosa común. De 45 años, el hombre sufría discapacidad intelectual. “Su cuerpo fue trasladado al IML con apellidos distintos por lo que fue sepultado en una fosa común en el Parque Memorial [Cementerio] La Bermeja”, indica la organización. El reconocimiento médico oficial establece que murió por un “edema pulmonar”. Sin embargo, las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba moratones en el rostro. Personas entrevistadas informaron a Cristosal que fue golpeado dentro de la cárcel: “Recibió patadas en el estómago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que perdiera la movilidad y no pudiera comer; no recibió atención médica”.

Hacinamiento y tratos inhumanos

Según el informe de Cristosal, El Salvador supera las 105.000 personas privadas de libertad (aproximadamente el 1,6% de su población), lo que lo coloca con el país con más reclusos del mundo. La cifra se debe al régimen de excepción decretado por Bukele, durante el que se detuvieron a más de 66.000 personas en su “guerra” contra las pandillas, lo que generó unos niveles de hacinamiento nunca vistos hasta ahora en las cárceles del país, denuncia Cristosal.

El hacinamiento extremo ha desencadenado una situación de carencia de alimentos y de asistencia sanitaria en las cárceles del país, así como la falta de agua de consumo o aseo y las condiciones de limpieza.

“Los baños estaban tapados y los anteriores que estaban allí habían dejado todo sucio y lleno y rebalsaba hasta el piso, no había lugar para bañarse… Pasó cinco días sin poder defecar. A los cinco días empezaron a dar más de un tiempo de comida. Les pasaban tres baldes de diarios para defecar, no había nada de agua para limpiar, dormían debajo de los catres y en el suelo, algunos en el suelo de los baños, allí se llenaron de hongos en las espaldas. [A su ingreso a la celda] eran 45 personas, a los 10 días eran 252 personas”, cuenta un hombre de 20 años que estuvo recluido en Mariona.

Miedo

Numerosos testimonios recopilados por Cristosal evidencian que los detenidos son trasladados en vehículos policiales a las distintas cárceles y, al llegar, son esposados unos con otros, colocados de rodillas con la cabeza hacia abajo y, por lo general, “permanecen bajo el sol, en el cemento o grava durante más de una hora y, posteriormente, se les obliga a avanzar en cuclillas (con las piernas completamente flexionadas como si estuviese sentado en el suelo)”. Según la ONG, “mientras avanzan, los custodios los golpean” con garrotes de madera, “les dan patadas o golpes en la cabeza, algunos se desvanecen y sufren palizas para obligarlos a que se levanten”.

“Estuvimos media hora en grava y temblando del miedo porque mirábamos cómo los ingresaban [otro grupo que ingresó antes]; agachados, hincados, y te golpeaban. A la par mía había un chamaco que tenía osteoporosis, él temblaba del miedo y me decía ”aquí me van a matar“, y yo le decía ”tranquilo“. A mí no me golpearon, pero a ese chamaco como iba enfermo no podía correr; él venía lento y lo golpearon, aunque estuviera enfermo, eso no les importa”, dice un hombre de 23 años a la ONG.

Quienes han pasado por las prisiones salvadoreñas durante el régimen de excepción denuncian haber sufrido o presenciado torturas y los tratos inhumanos. Los entrevistados por Cristosol hablan de castigos y palizas como prácticas generalizadas. “[La celda] tenían ventanas selladas. No entran aire por esas ventanas, sólo entra aire por la puerta de las celdas y el techo de la celda está formado por un plafón. Vi morir a 10 personas asfixiadas”, explica a la ONG uno de los reclusos ya liberados. “En las celdas de enfrente, vi que murieron otras personas porque los agentes las mataban. Los sacaban, los golpeaban en medio de la cancha y le ponían descargas eléctricas. A otro señor de 95 años, cuando gritaron ”conteo“, lo pusieron a correr en el piso. El señor se cayó y, cuando se iba a levantar, le pegaron en la cabeza y allí murió”.

Signos de tortura

Laceraciones, hematomas, perforaciones, fracturas, cortes, quemaduras, estrangulación… Se trata de un patrón común en los casos registrados como muertes violentas y varios cadáveres presentaban claras evidencias de que la persona fallecida había sido víctima de palizas. Una de las causas más frecuentes descritas en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML) es la asfixia mecánica, uno de los métodos de tortura más comunes conocidos en El Salvador y practicado entre 1970 y 1992 por los cuerpos de seguridad durante el conflicto armado del país.

El IML determinó que un hombre de 30 años murió a consecuencia de “asfixia mecánica por estrangulación”. Su cadáver presentaba una protuberancia a la altura del músculo esternocleidomastoideo (en el cuello) y hematomas, probablemente producida por un objeto rígido. Otro hombre de 42 años murió en un calabozo policial, según el IML por “asfixia mecánica por ahorcadura”. Su cuerpo presentaba varios golpes en la cabeza.

Algunos testimonios de las personas que estuvieron recluidas en los centros penitenciarios de Mariona, Izalco y Quezaltepeque dicen que hay ejecuciones dentro de las cárceles, pero que nadie habla de ello por miedo. Hablan de una pizarra ubicada en la prisión de Quezaltepeque. En ella anotan el número de reclusos que van muriendo. Un hombre ingresó a finales de abril del 2022. Cuando fue trasladado a otro penal un mes después, “la cifra alcanzaba los 40 fallecidos”.