La CIDH condena la “escalada de la represión” política y contra la prensa en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un nuevo informe “la grave escalada de la represión” en Nicaragua en forma de detención de precandidatos a cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos y periodistas independientes.
La CIDH manifestó su “enérgica condena” por la actuación de las autoridades “en los últimos días”, en referencia a la detención de varias figuras de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, el último de ellos el exministro de Educación Humberto Belli.
La Comisión se refirió a la “detención y criminalización” de los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y enumeró a una serie de líderes “y lideresas políticos y personas defensoras de Derechos Humanos” detenidos entre el 8 y el 14 de junio.
“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente”, señaló el organismo internacional en un comunicado.
Estos casos, menos el de Cristiana Chamorro, se amparan en supuestos actos tendientes a “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Además, la CIDH denunció el “empleo desproporcionado de la fuerza” por parte de los agentes que realizaron las detenciones y la irrupción en sus domicilios “sin mediar orden judicial”.
De varios de los detenidos no se tiene noticia desde hace más de diez días y estarían en aislamiento y sin posibilidad de contactar con sus representantes legales.
“Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”, sostuvo la CIDH, que cifra en al menos 328 los fallecidos como consecuencia de acciones de las fuerzas de seguridad y en más de 2.000 las personas heridas.
Hay más de 100.000 personas que emigraron a otros países y son más de 1.600 las personas privadas de libertad ilegal y arbitrariamente, de las que 124 permanecen privadas de libertad.
Esta semana, con el voto favorable de 26 países, negativos de tres y la abstención de cinco, entre ellos la Argentina, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó mediante una resolución su “grave preocupación por el hecho de que el Gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, al tiempo que condenó ”inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes“. Además, pidió ”la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos“.
El Gobierno argentino se abstuvo, al igual que México, Belize, República Dominicana y Honduras, mientras que Bolivia, Nicaragua y San Vicente votaron en contra. A favor, levantaron la mano los representantes de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, entre otras naciones.
CB con información de agencias
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