Cómo sigue la crisis peruana

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Crisis en Perú: adelanto de elecciones, protestas y una acusación contra Castillo por “rebelión”

Miles de peruanos salieron este lunes a pedir la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte. También demandaron la disolución del Congreso, la liberación de Pedro Castillo y un adelanto de las elecciones. La secuencia parece repetir los pasos que terminaron con el breve gobierno de Manuel Merino, presidente por solo cinco días en 2020, después de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra.

Los enfrentamientos más violentos tuvieron lugar en el sur del país, en especial en los departamentos de Apurímac y Arequipa. La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, informó en la noche del lunes que al menos siete personas murieron en las protestas, en poco más de 24 horas. “Es una avalancha de información con sangre e heridos de por medio”, ha dicho Revollar.

La presidenta Boluarte presentó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril de 2024. El expresidente Castillo divulgó una carta donde asegura que no renuncia a su puesto de presidente: “Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente, y que no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.

Protestas, reclamos y represión

Las rutas peruanas amanecieron el lunes cortadas en al menos 25 puntos del país, según informó la Policía Nacional. Los cortes estuvieron liderados por manifestantes con demandas diversas. Para Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, “es preciso territorializar las demandas” para entenderlas.

El gobierno peruano decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento de Apurímac, centro de las protestas, donde piden la destitución de la presidenta. Las regiones del sur son aquellas donde el expresidente Castillo tiene más apoyo, en especial en los departamentos de Arequipa, donde queda ubicado el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, que terminó siendo tomado por los manifestantes.

“Nuestro aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa ha sido invadido por un grupo de manifestantes que han ingresado mediante el cerco perimétrico, destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros, nuestro equipo y las operaciones aéreas”, anunció el operador Aeropuertos Andinos del Perú.

La Policía y miembros del Ejército responden a la orden de los ministros de Interior y Defensa para recuperar el orden. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo este lunes a RPP que “se va a imponer el orden, el principio de autoridad” en el país. “No vamos a aceptar que se siga afectando los bienes públicos y particulares”, remarcó antes de señalar que las fuerzas de seguridad actuarán “respetando la integridad de las personas y sin el uso de armas letales”.

Para “la escala de violencia es responsabilidad del Gobierno”. Para Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, “las autoridades no han sabido tomar acciones para evitar la escalada de violencia de manera oportuna”. “En el resto del país se han observado acciones de parte de prefectos que han sido hoy removidos de su cargo por el ministro del Interior”.

Este fin de semana, varias personas han quedado heridas y al menos dos jóvenes murieron. El primero, un menor de 15 años, identificado por las iniciales D.A.Q. El segundo, Becam Romario Quispe Garfias, de 18 años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. La organización internacional Human Rights Watch pidió la fiscalía peruana avanzar con una “investigación minuciosa, imparcial y sin demora de todos los casos”.

El pleno del Congreso deberá reunirse este lunes a las 14 horas de Lima [16 en Buenos Aires] para escuchar las palabras del primer ministro de Perú, Pedro Angulo, y los ministros de Interior y Defensa, para informar “sobre los hechos de violencia”, donde al menos dos manifestantes murieron el fin de semana.

Reforma política y nuevas elecciones

Boluarte presentó ante el Congreso en la tarde del lunes un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. “Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la república para adelantar las elecciones generales para abril del 2024”, anunció Boluarte. También agregó que será el Ejecutivo quien envíe al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

Según aclaró Boluarte, la aprobación del adelanto necesita de reformas constitucionales que deben ser aprobadas por el Congreso. “En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las Elecciones Generales anticipadas, mi gobierno promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de Reforma del Sistema Político”.

Pero además, el Gobierno planea presentar ante el Congreso una reforma política que incluya el delito de corrupción como una causal para destituir a un presidente, anunció este lunes el ministro de Defensa, Alberto Otárola. “Vamos a proponer que se agregue una cláusula al artículo 117 de la Constitución que contemple esta posibilidad”, dijo este lunes Otárola en el Canal N.

Hasta el momento, el artículo 117 determina cuatro causales por las que un presidente en funciones puede ser destituido, entre los que se encuentran traición a la patria o impedir el funcionamiento del Congreso, pero no corrupción ni delitos comunes. También podría instaurarse un Congreso con dos cámaras, aplicarse la reforma del sistema de partidos, la ampliación de la representación popular y la regulación del referéndum además de la figura legal de “vacancia por incapacidad moral” para los presidentes.

El presidente del Congreso, José Williams, en la noche del domingo anunció que el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones será tratado este miércoles en la sesión del Consejo Directivo del Congreso. En esa misma declaración, Williams convocó a los ministros de Defensa e Interior para responder ante el pleno del Congreso sobre el accionar de la Policía Nacional en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, ubicada al sur del país.

Castillo acusado de “rebelión”

El expresidente Pedro Castillo permanece detenido, después de ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Castillo y tres de sus ministros por delitos de “rebelión” y “conspiración”.

En el documento, al que ha accedido la agencia EFE, la Fiscalía acusa a Castillo de “presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión”. Además de haber atentado contra “los poderes del Estado y el orden constitucional-conspiración”. El documento ha sido presentado por la Fiscalía ante el Congreso, después de que el Legislativo aprobara en la madrugada del lunes una resolución que autoriza a levantar la inmunidad que le garantizan los fueros a los expresidentes.

El expresidente Castillo difundió este lunes mediante sus redes sociales una carta escrita a mano donde asegura que es “incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional” que ostenta como presidente y que no renuncia a su cargo. En el comunicado hace referencia sin nombrarla a Boluarte “usurpadora”, que “no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones”.

Respaldo regional

Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Colombia emitieron este lunes una nota conjunta donde expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente. “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”, dice el comunicado.

Pedro Castillo “recibe un trato adecuado, conforme a lo regulado en el ordenamiento jurídico, no evidenciándose vulneración a sus derechos como una persona detenida, desde hace cinco días”, aseguró la Defensoría del Pueblo en un comunicado.