El Estado deberá garantizar la búsqueda de miles de desaparecidos en España

El Estado español deberá garantizar la búsqueda de miles de desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1936-1975), un régimen que es declarado ilegal, en virtud de una ley aprobada este jueves en España.

La prevalencia del Derecho Internacional Humanitario sobre la ley nacional que estableció una amnistía tras la dictadura y la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos al inicio de la democracia son otras de las novedades de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español.

La nueva ley incorpora avances respecto a la de 2007 sobre Memoria Histórica, aunque sale adelante sin consenso político ni social.

La ley se espera que entre en vigor el próximo septiembre, tras su paso por el Senado.

Tenso debate

El texto promovido por el Gobierno de coalición de izquierdas salió adelante con apoyos de grupos como EH Bildu (independentistas vascos), pero con la abstención de otros que suelen prestarle apoyos parlamentarios, como ERC (independentistas catalanes) y el rechazo de la oposición de derechas.

La aprobación se produjo tras un tenso debate con reproches cruzados entre grupos de derecha e izquierda por las víctimas de la dictadura franquista y de la banda terrorista ETA (1958-2018) hasta el punto de que los diputados de Unidas Podemos, que con el socialista PSOE forman el Gobierno de coalición, EH Bildu y ERC abandonaron el hemiciclo cuando intervenía el ultraderechista Vox, tercera fuerza en el Congreso.

Partidos de izquierda, como ERC, y buena parte de las víctimas del franquismo consideran que la ley es insuficiente, mientras que derecha y políticos de la etapa de Transición entre la dictadura y la democracia critican sobre todo el pacto entre el Gobierno y EH Bildu.

Los principios de “verdad, justicia y reparación” guían esta ley que avanza respecto a la de 2007, que incluyó un reconocimiento a las víctimas y la retirada de símbolos de la dictadura, pero no estableció la búsqueda de desaparecidos como política de Estado.

Las novedades

La nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá al Estado, que elaborará un mapa para su localización y creará un banco de ADN de víctimas para la identificación de restos.

La ley declara ilegal tanto el régimen como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, lo que dará derecho a obtener “una declaración de reconocimiento y reparación personal” a las víctimas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

La consideración de víctima incluye a exiliados, personas LGTBI, niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.

Otra de las novedades, muy cuestionada al estar pactada con EH Bildu, es una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, ya en época democrática.

Los socios de Gobierno preveían que solo fuera hasta el 31 de diciembre de 1982, pero finalmente se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno del socialista Felipe González.

La principal fuerza de oposición, el conservador Partido Popular, anticipó que derogará la ley si llega al poder, por estar pactada con EH Bildu, al que acusa que no condenar los asesinatos de ETA, pues la derecha considera a este partido “heredero político” de los terroristas.

Las víctimas piden más

Otro punto cuestionado es que si bien no deroga la Ley de Amnistía de 1977, que fue un instrumento a favor de “la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada”, sí determina que todas las leyes españolas, incluida esa, se interpretarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Humanitario, “según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura” son “imprescriptibles y no amnistiables”, detalla.

Amnistía Internacional considera que la ley supone un avance pero falla en este punto, al desatender recomendaciones como la de Naciones Unidas para derogar esa norma de 1977, al entender que obstaculiza la investigación judicial de crímenes de derecho internacional en España.

Varias asociaciones memorialistas protestaron frente al Congreso , al considerar que no se garantiza la justicia a las víctimas de la dictadura, coreado lemas como “Verdad, justicia y reparación” o “Los crímenes del franquismo no prescriben”.

“Han pasado 45 años desde las primeras elecciones democráticas y las víctimas del franquismo seguimos estando ninguneadas”, denunciaron.

EFE