En Haití a un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse la investigación sigue en punto muerto

El 7 de julio de 2121, mediante un comunicado oficial que reproduce la red alternativa haitiana de información AlterPresse, el primer ministro saliente Claude Joseph informaba que a la 1.00 de la mañana “un grupo de individuos no identificados de los cuales algunos hablaban español habían atacado la residencia privada del Presidente de la República y así herido mortalmente al Jefe de Estado”. Otro medio alternativo, Haiti Press Network, había dado la noticia antes de la confirmación oficial, y lo había hecho en términos más brutales: el Jefe de Estado, el presidente Jovenel Moïse “había sido asesinado después de medianoche” en su residencia privada. Y añadía el dato fundamental, sobreentendido en el mensaje del gobierno, de que los desconocidos estaban fuertemente armados.

El presidente asesinado

Jovenel Moïse había ganado las elecciones de noviembre de 2016 con el 54% de los votos. Era un empresario sin carrera política, del partido centro-derechista Tèt Kale fundado por su mentor el popular Michel Martelly. Asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017. El gobierno de Moïse estuvo marcado por la inestabilidad política y acusaciones de corrupción agravadas por el escándalo de Petrocaribe y por una larga disputa sobre el término de su período en el cargo. En esos momentos, la  oposición había sostenido que debería haber dimitido el 7 de febrero cumplidos los cinco años de las elecciones de 2015 -canceladas por acusaciones de fraude-y realizadas en 2016. Tampoco se habían celebrado las legislativas en 2019, como dispone la Constitución de 1987. A principios del 2021  , Moïse argumentando que un complot organizaba un golpe de Estado que planeaba “asesinarlo” y reprimiendo nuevas protestas políticas, ordenó el arresto de 23 personas, incluido un juez de la Corte Suprema y un alto cargo de la Policía.

El historiador Christophe Wargny, uno de los mayores estudiosos de Haití, descreyó de “que sea un ataque contra la democracia: el presidente había sido mal elegido, había gobernado mal –lo que es un eufemismo- y ha terminado mal. De su asesinato se ha dicho que es una ‘tragedia horrible’ y un ‘crimen espantoso’. Él es en buena medida responsable de esta horrible tragedia, y el autor de no pocos espantosos crímenes”.

En Haití,  el país con 11 millones de habitantes, el  más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo, el de Moïse no fue el primer asesinato de un jefe de Estado. En 1915, cuando el magnicidio fue causa alegada e insatisfactoria excusa de la ocupación militar de la isla por EEUU y pusieron fin a las dos semanas de caos que siguieron al asesinato de Jean Vilbrun Guillaume Sam, quien durante los cuatro meses que duró su mandato había hecho encarcelar y fusilar a casi dos centenares de líderes opositores. La ocupación duró hasta 1934.

La ayuda internacional sin estrategia ni supervisión

Desde el golpe de Estado de 2004 contra el expresidente Bertrand Aristide, “las misiones de paz de la ONU han fallado, no hay paz”, señala Kenberly Etienne, profesor de francés en el Colegio Chimalistac de la Ciudad de México. Los disturbios que dieron paso a la inestabilidad política, económica y social que se vive desde ese año se extienden hasta hoy, insiste el profesor haitiano, quien salió de su “inhabitable” país en 2018.

A un mes del asesinato de Moïse – cuando aún Haití padecía las secuelas del huracán Matthew  cinco años atrás con el saldo letal de 500 muertos- se produjo otro terremoto. El desastre natural aumentó las  protestas que sacudían al país antes de que estallara la pandemia del coronavirus, como también aumentaron las bandas delictivas. 

Como otras veces llegó el  dinero destinado a la reconstrucción del asolado país. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , la asistencia internacional destinada a Haití en 2020 fue de 449 millones de dólares

Sin embargo,  parece haber sido una “ayuda asistencialista”, que no genera autogestión ni estructuras, pero sí refuerza la dependencia y la corrupción, como apunta Jimena Esquivel, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana de la CDMX. 

En los centros para damnificados siguió habiendo trata de personas, drogas y violaciones sistematizadas. La ayuda no llega a la gente, porque la inyección de capital carece de estrategia y supervisión, señala Kevin Castro, experto en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey.

 

Fracturas institucionales 

A la vulnerabilidad de Haití ante desastres naturales, la pobreza y la pandemia de coronavirus, se suma que “hay una gran cantidad de miembros del crimen organizado dentro de la cúpula política”, lo que da lugar a una crisis social, en la que falta apoyo de la comunidad internacional para revertirla.

Luego del magnicidio, el Gobierno de transición del septuagenario neurocirujano Ariel Henry, que estudió Medicina en Montpelier (Francia) no ha podido crear un entorno político-electoral para celebrar comicios.

Las sospechas de que estuvo involucrado en el asesinato del expresidente generaron un rechazo contra Henry: “Hay cierta legitimidad a nivel internacional del primer ministro, pero no dentro de la estructura política del país, ni en la sociedad”, sostiene Castro.

“Todo juez encargado de tratar el caso tiene miedo por amenazas de muerte o secuestro de su familia”, añade el profesor Etienne. “La ONU debería apoyar el fortalecimiento institucional, como lo hizo en Afganistán”, sugiere Castro, especialista en solución de conflictos internacionales.

Existe el temor de que Haití se fragmente en pequeñas colonias, cada una controlada por una fracción del crimen organizado, en ausencia de una estructura política que pueda hacerle frente: los grupos políticos carecen de una base constitucional que haga viable siquiera proponer a un candidato presidencial. Estas “juntas”, como les llama Castro, dividen más a un debilitado Haití, sin oposición unificada y con un Parlamento fracturado. “El problema es que no hay un plan”, apunta Castro quien sostiene la necesidad de una figura política que defina el funcionamiento de los poderes fácticos y la figura presidencial. “Tiene que perder el miedo de involucrarse de una forma un poco más severa” refiriéndose a la ONU, de la mano de las instituciones que atienden a América Latina y el Caribe que tendría que generar una estrategia de gestión de elecciones y funcionamiento del Estado.

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