La Justicia del Perú procesó al ex presidente Alberto Fujimori por su campaña de esterilizaciones forzadas

Después casi tres meses de audiencias interrumpidas y postergadas, y más de 20 años de espera por parte de las víctimas para alcanzar justicia, se conoció el sábado 11 de diciembre el fallo del juez peruano Rafael Martínez que decidió el proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori por su presunta responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas durante su mandato (1990-2000). Junto a Fujimori serán juzgados los tres exministros Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga -actual legislador- imputados como “autores con dominio del hecho del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”.

Para iniciar el proceso penal se debe esperar que la Corte Suprema de Justicia de Chile amplíe su extradición – tras la captura de Fujimori en el vecino país en 2005- que no incluía el caso de las esterilizaciones forzadas. En espera la respuesta de Chile sobre la solicitud de extradición, el juez dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.

Fujimori, de 83 años, fue condenado por delitos de lesa humanidad en el 2009 a 25 años de prisión por su autoría mediata en el asesinato de 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). El exmandatario también tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción. A pesar de la gravedad de sus delitos, es un preso privilegiado, en un amplio espacio acondicionado especialmente para él en un cuartel de la Policía en las afueras de Lima. El único detenido en esa prisión VIP, donde tiene una habitación, una salita para recibir visitas, un estudio para pintar, cocina y un pequeño huerto para sembrar.

En marzo, el fiscal Pablo Espinoza denunció a Fujimori y especificó que “el Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay problemas de otros sectores sociales”. Entre los años 1996 y 2000 se organizaban varios “festivales de salud” en pueblos, en donde detrás de muestras artísticas, fuegos artificiales y comida buscaban engañar a las personas y conseguir la esterilización. “Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos”, añadió el fiscal.

Los datos del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo testimonian que al menos 272.000 mujeres y unos 22.000 varones fueron esterilizados por medio de ligadura de trompas y vasectomías a través del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impuesto por la administración de Fujimori. De las 8.000 víctimas inscriptas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, tan solo 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas forzadamente; 1.307 terminaron con lesiones graves y cinco perdieron la vida a causa de complicaciones por la intervención, una de ellas, Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.

Por dos décadas las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se manifestaron con las faldas y piernas manchadas con tinta roja y mostrando dibujos de trompas de Falopio ensangrentadas. Presidentes de todos los espectros políticos les han dado la espalda las denunciantes, en su gran mayoría, mujeres indígenas andinas, de bajos recursos, quechua hablantes.

El actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, denunció en 1997 a laf iscalía, junto con otros médicos, que eran obligados a operar hasta 60 mujeres por día en las campañas de esterilizaciones. El presidente Pedro Castillo también prometió justicia a las mujeres esterilizadas días antes de una ajustada segunda vuelta presidencial en junio cuando venció a Keiko Fujimori. Castillo recordó que su propia familia campesina también sufrió las esterilizaciones y comentó que “el dolor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas es el mío”.

AGB con información de agencias