El Salvador: Bukele declaró una nueva guerra contra las maras y promulgó el estado de excepción ante un nuevo récord de homicidios

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que “se han realizado más de 1.400 detenciones en alrededor de 50 operativos que se han llevado a cabo en todo el país”. Dicha declaración del funcionario fue brindada a periodistas tras la detención de 24 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) en una colonia populosa al norte del departamento de San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió este lunes mediante un mensaje en Twitter a los pandilleros que “dejen de matar ya” y advirtió que si la escalada de asesinatos en el país no para, sus compañeros presos “la van a pagar también”.

Las pandillas poseen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 se encuentran encarcelados. Los índices de homicidios crecieron hasta 2015, cuando El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo con 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Después de ese año, las cifras comenzaron a disminuir paulatinamente y la caída se acentuó desde 2019, cuando Bukele llegó a la presidencia. Pero el país registró el viernes 14 homicidios, 62 el sábado y 11 el domingo. El 26 de marzo se convirtió en el día más mortífero de la historia reciente de El Salvador.

Nayid Bukele, el presidente de El Salvador - el país más densamente poblado de América continental y uno de los más densamente poblados del mundo-  promulgó el domingo con aval del Parlamento, un régimen de excepción  que por un período de 30 días dispone la restricción de las libertades civiles (libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones)  y otorga mayor margen de acción a los  poderes de la Policía, para enfrentar un vertiginoso aumento de la violencia pandillera que tan solo en los dos días comprendidos entre 25 y 27 de marzo 87 víctimas mortales. 

El presidente aclaró que “para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal”, aunque habrá “cierres focalizados y temporales” en algunas zonas. Los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal. 

El éxito de la medida tuvo resonancia  inmediata.  “Casi 600 capturas en solo dos días”,  escribió la noche del domingo, vía Twitter, Bukele quien responsabiliza a las sangrientas pandillas criminales Mara Salvatrucha ( MS-13) y de Barrio 18  -dedicadas a la venta de arma, drogas, secuestros y extorsiones y rivales entre sí - de la ola de violencia desatada. Y no es la  primera vez que las pandillas, que cuentan con unos 70.000 miembros, ponen en jaque la estrategia gubernamental de seguridad de la gestión de Bukele. En noviembre de 2021, el país también registró un alza repentina de los homicidios cuyo saldo fue de 40 asesinatos en tres días, que el Gobierno atribuyó a las pandillas y a “fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado”.

Bukele aseguró el racionamiento de alimentos en las cárceles salvadoreñas: "Si la 'comunidad internacional' está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, yo no quitaré presupuesto a las escuelas para darles de comer a estos terroristas"

Bukele desde el inicio de su mandato  expresó también su voluntad de perseguir el crimen organizado de las maras e impulso el mega proyecto de seguridad llamado Plan  Control Territorial (PCT), dotado con más de 575 millones de dólares y tres objetivos principales: el control de los centros penales del país; la interrupción del financiamiento a las pandillas; y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. En esa oportunidad, junio 2019, el fiscal general de la República, Raúl Melara consideró : “Hay que decirlo, sí, los homicidios han reducido, ha habido una baja importante, cada vida cuenta y ahí está, habrá que ver cómo se va desarrollando el plan del presidente y cuáles son las siguientes etapas para que esta reducción sea sostenible en el tiempo”. Sin embargo, el aumento exponencial de la violencia de los últimos días puso a prueba la eficacia del PCT. 

El 2021 cerró con 1.140 homicidios, según la Policía Nacional Civil (PNC), para una tasa de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra resulta escandalosa en otras latitudes; sin embargo, para el pequeño país centroamericano -etiquetado por años como el más homicida del mundo- representó un fuerte descenso, difícil siquiera de imaginar hace apenas un lustro. En 2015 El Salvador registró 6.656 homicidios, para una tasa de 106 por cada 100.000 habitantes y el Sistema de Naciones Unidas establece que un país o una sociedad sufre “epidemia de violencia” cuando la tasa supera 10. 

Bukele -un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que llegó al poder en junio de 2019-  e hizo de la seguridad un eje de su campaña-  también decretó  “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas que viven en El Salvador. “Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, escribió el mandatario y agregó un “mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys ‘ [compañeros presos] no podrán ni ver un rayo de sol”. En el mismo hilo: “tenemos 16.000 'homeboys' en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”. 

El presidente aseguró el racionamiento de  alimentos en prisión. “Si la 'comunidad internacional' está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto en las escuelas para darles de comer a estos terroristas”, sentenció ante previsibles  objeciones a sus medidas. Como la declaración de  Juan Pappier, de la División de las Américas de Human Rights Watch:“Urge que el Gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho”. 

Tampoco será la primera ni la última vez que Bukele - quien asumió el poder con un respaldo indubitable: no sólo venció en primera vuelta, sino que el segundo candidato más votado, el también empresario, derechista y opositor Carlos Calleja estaba 20 puntos debajo de él-  sea  señalado por la oposición por sus   actitudes “autoritarias”. El primer mandatario conserva altos índices de popularidad en su país aunque la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal fue resistida por parte de algunos sectores.  

Washington le ha reprochado no respetar la separación de poderes, cuando el 1 de mayo el oficialismo dejó prueba de su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y destituyó a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal de El Salvador, y luego, al Fiscal General de la Nación, y repuso las vacantes así generadas.  

En  diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EEUU  sancionó a dos funcionarios de su Gobierno –el viceministro de Justicia y director de prisiones Osiris Luna Meza, y el director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia por presunta negociación con pandillas para que apoyaran al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.Según la acusación, a cambio, las pandillas obtuvieron dinero del Gobierno y privilegios para sus jefes presos. Bukele – quien desplazó totalmente del poder a los partidos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) –heredera de los militares represores  de la guerra civil- y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)- de la guerrilla reprimida- que se alternaron en el poder durante las tres décadas que siguieron a los acuerdos de paz de 1992 - no dudó en declarar que la incriminación era  “una mentira”. 

El Faro, el periódico en línea más importante de la nación centroamericana, abiertamente crítico con la gestión  bukelista, y  que ha investigado a fondo las presuntas negociaciones secretas entre el Presidente y las cúpulas de las pandillas, sostiene que el aumento de los asesinatos se debería al incumplimiento de las promesas del gobierno. Aunque es difícil determinar qué grado de diálogo hubo o hay entre el gobierno de Bukele y los líderes de las maras.

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