El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la libertad inmediata de Alberto Fujimori

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) saldrá en libertad en los próximos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo este jueves que restituye la vigencia del indulto humanitario presidencial que en 2017 había beneficiado al ex mandatario derechista y auto-golpista. Había sido indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Supuestamente, el político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, habría negociado el perdón a cambio de votos de parlamentarios fujimoristas que evitarían, aunque finalmente no evitaron, la destitución del Ejecutivo por el Congreso unicameral peruano. para no ser destituido de su cargo.

La resolución del TC no solo le abrirá las puertas de la prisión al exmandatario. De 83 años de edad, Fujimori está condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La sentencia ha acrecentado la polarización en un Perú por demás polarizado, y ha enfrentado nuevamente con violencia a fujimoristas y anti fujimoristas. La división ya estaba presente en el propio Tribunal, que ha aprobado la excarcelación por el voto decisivo de su presidente, Augusto Ferrero, que desempató tras un empate de tres votos a favor y tres en contra.

En las altas esferas del poder también fue recibida con indignación y rechazo, al punto que el gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a organismos internacionales para intentar revertir la decisión del TC nacional, y revocar la libertad de Fujimori.

En medio de esa polémica, Fujimori puede ser excarcelado el lunes o martes próximo, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales para acatar la resolución, según adelantó su abogado defensor, Cesar Nakazaki.

Mientras que los seguidores del exgobernante celebraron la decisión, y decenas de ellos llegaron hasta las afueras de la cárcel de Lima en la que cumple su condena, su hija mayor, Keiko Fujimori, afirmó que la medida “es de justicia” y que la familia esperará “los siguientes pasos” para que el Poder Judicial cumpla con la resolución del TC.

La tres veces candidata presidencial derrotada también dijo que no comentará por ahora “las diversas opiniones que ha escuchado” en contra de la liberación de su padre, pero aseguró que los opositores a la medida “están en su derecho”.

El voto dirimente de Ferrero decidió la nulidad de la resolución judicial que en 2018 había suspendido el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de “habeas corpus” que solicitó esa medida quedara empatada en tres votos a favor y tres en contra.

El TC declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK, 2016-2018).

El antiguo indulto de 2017, revocado en 2018, y rehabilitado el jueves por el Tribunal Constitucional peruano, está bajo investigación judicial: la Fiscalía lo cree el pago del presidente Kuczynski a Kenji Fujimori a cambio de votos en el Congreso.

El Poder Judicial había anulado ese indulto por considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.

Actualmente, el indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre PPK y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.

La decisión del TC también generó el rechazo de cientos de personas, que manifestaron en el centro histórico de Lima para protestar de manera pacífica, junto con familiares de las víctimas de los crímenes por las que fue sentenciado Fujimori.

“Como familiares de las víctimas del caso Cantuta, en particular, y de todos los casos de la dictadura de Alberto Fujimori, estamos indignados por esta situación que resuelve darle libertad de forma ilegal”, aseguró a la agencia española Efe la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, quien es hermana de uno de los estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos en la universidad limeña La Cantuta en 1992.

En un primer momento, la resolución también motivó el rechazo político del presidente Castillo y del primer ministro Aníbal Torres, La posición fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

Tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el gobernante, Carrasco adelantó que el Ejecutivo nacional acudirá “a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para, a través de estos medios, revertir este fallo” 

Reconocido constitucionalista que presidió el TC entre 2006 y 2008, Landa sostuvo que la decisión “no es válida, pues va en contra de las decisiones” de la CorteIDH y, por tanto, “correspondería ser revertida” por ese tribunal.

Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo de tareas paramilitar Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

AGB con información de diarios y agencias