Con Trump procesado por asociación ilícita, ¿está Biden más cerca de ganar su reeleección?

Acusado de asociación ilícita, Donald Trump fue imputado penalmente el martes en Washington por la Justicia Federal. Según el fiscal especial Jack Smith, el ex presidente y actual candidato presidencial republicano conspiró para revertir en su favor el resultado de elecciones que perdió. Desde noviembre de 2020 intentó estafar al pueblo de EEUU y en enero de 2021 conspiró para obstruir el funcionamiento del Poder Legislativo. Buscaba los medios para hacer ver como ilegítima la victoria en las urnas del candidato opositor Joe Biden. Aspiraba a que el miércoles 6 de enero de 2021 la Asamblea legislativa lo proclamara a él presidente electo y no a su contrincante demócrata que “le había robado el voto” (esto sostenía) y frustrado su reelección por un segundo mandato. El actual inquilino de la Casa Blanca es su presunto rival en las presidenciales de noviembre de 2024, que en el bipartidista EEUU volverán a enfrentar a los mismos titulares de las mismas fórmulas que cuatro años atrás.

La situación judicial de Trump acusado de conspirar para que sus partidarios ultra asaltaran el Congreso el 6 de enero de 2021, en la antepenúltima semana de su única presidencia, era la anhelada por el partido demócrata. Si la noticia judicial es causa eficiente de la mejor ilusión oficialista, si se hará realidad a tiempo el sueño de la esperada proscripción pública del enemigo n° 1 de la democracia, es más exigente ilusión. Para ser proscrito, no basta con ser el enemigo n°1 del Partido Demócrata.  

En EEUU la Federal District Court in Washington resuena como en la Argentina la Justicia Federal de Comodoro Py. En ese tribunal se inició el proceso contra Trump cuya apertura solicitó el fiscal especial Jack Smith. Al ex presidente norteamericano le imputan cuatro delitos: de asociación ilícita (conspiracy) de fraude contra el Estado, de conspiracy para amenazar derechos de la ciudadanía, de conspiracy y de obstrucción del normal funcionamiento del Congreso. Las penas por los dos primeros delitos llegan hasta cinco años de prisión cada una. Por los dos últimos, hasta 20 años de cárcel: a los 77 años de Trump, el equivalente a prisión perpetua. Como los tres primeros delitos son de asociación, hay asociados. El Fiscal se refirió a seis, pero reservó sus nombres. Técnicamente, cada uno de ellos será una batalla judicial, y demorará el día de la primera audiencia de este proceso.  

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Rarísima es ya de por sí la coyuntura de la acusación y del procesamiento de Trump. Más único que raro sería el panorama después de una sola pena, aun mínima, para castigar un solo delito, aun el menor, entre los cuatro de la acusación. EEUU no podría apartar los ojos de una situación ya irrefregable. Un escenario jamás previsto por la imaginación realista desde que 236 años atrás en un día fresco, de cielos despejados, los constituyentes presentaron en Filadelfia la Constitución vigente en el país desde entonces. La más que bicentenaria democracia nacida en 1787 habría presenciado el espectáculo de un ex presidente, el mismo que ahora está en campaña para regresar a la Casa Blanca, condenado por haberse valido en enero de 2021 de las ventajas de ocupar todavía el Poder Ejecutivo para subvertir las reglas del juego electoral y permanecer en el poder en contra de la voluntad soberana del voto.

“Sin importarle haber perdido la elección presidencial de noviembre de 2020, el acusado estaba determinado a no abandonar el poder”, puede leerse la primera de las 45 páginas del dictamen incriminatorio del acusador. La vocación de Jack Smith por investigar a Trump no deja espacio al escepticismo. Fiscal en jefe en un proceso especial litigado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, abandonó este cargo en noviembre cuando fue invitado por el actual ministro de Justicia norteamericano Merrick Garland para supervisar las investigaciones judiciales que concernieran al ex presidente republicano. Registrado como independiente, su posición manifiesta queda por encima, o a un lado, del antagonismo bipartidista. Como acentuando, exteriormente, su prontuario de juego limpio, el barbado Jack Smith, es un reconocido triatleta que a sus 54 años ha participado en un centenar de competencias de triatlón en el mundo. Es el mismo fiscal que acusó a Trump en el anterior proceso penal abierto en su contra, incriminándolo por la retención en su residencia de Mar-a-Lago en Florida de documentos clasificados, secretos y sensibles del Gobierno de EEUU.   

Por lo pronto, una encuesta publicada el último día de julio por el New York Times ratificó el liderazgo incontestado de Trump en su partido. El ex presidente precandidato supera con desahogo a toda la competencia. Está casi 40 puntos por delante del gobernador de Florida Ron DeSantis en unas primarias que decidieran la fórmula definitiva de la candidatura presidencial republicana de 2024. Es un dato que asombró a los medios y analistas, empezando por el diario neoyorquino organizador de la encuesta. En los sondeos de opinión pública que revelan con ininterrumpida regularidad empresas o instituciones como Gallup o Pew, ese quiebre de la confianza del electorado republicano en el presidente n°45 de EEUU que aspira a ser también el n°47 ha decepcionado, faltando a todas las citas, frustrando todas las impaciencias demócratas.

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Lejos de bajar, algo suben en promedio, entre su electorado, los números de aprobación de Trump después de cada nueva causa abierta por las Justicia federal o estadual. A diferencia del octogenario Biden, que ha vivido súbitos picos de depreciación popular, descensos récord para un presidente en actividad, una característica de Trump ha sido la relativamente plácida estabilidad que refleja le opinión pública, insistentemente inquirida sobre qué opina ahora de él.

En un último sondeo, el de la Radio y Televisión públicas de EEUU (virulentamente partisanas y demócratas) asociadas con la encuestadora Marist, conocido antes de la imputación que esos medios habían preconizado, se veía el mismo monótono paisaje que en junio, con variaciones que se advierten sólo miradas muy de cerca. Un 51% de la población de EEUU encuestada considera que Trump ‘ha hecho algo ilegal’, un 27% estima que ‘ha hecho algo que no es ético, pero que no es ilegal’ y un 19% opina que ‘no ha hecho nada malo’. Entre quienes se declaran votantes del Partido Republicano, un 59% (bajó del 64% de junio) asegura que votará por Trump en cualquier escenario posible, y un 37% preferirá en las primarias (en el caso de que se celebren) otra precandidatura partidaria para elegir la fórmula presidencial que desafíe a Biden en 2024.

Tomando distancia, y abarcando la mayor cantidad posible de encuestas desde 2021, la suba de la popularidad de Trump es frecuente; toda variación hacia abajo, ligera e inhabitual. Ni un solo derrumbe o devaluación maciza, ninguna tendencia negativa duradera sufrió jamás la apreciación de Trump. Característicamente, nunca padeció ningún golpe al conocerse la apertura de cada proceso abierto contra el ciudadano o el ex presidente, imputado por inconductas o infracciones cometidas en su vida privada o desde lo más alto de la función pública. Como si las exiguas desafecciones coincidieran, antes bien, con períodos en los cuales el protagonismo mediático de Trump luciera parcialmente eclipsado por el de otras figuras y primicias.  

Cómo se rearma el arsenal de la contra-ofensiva republicana

Hay rasgo común, que se acentúa no en su aumento, pero sí en su inamovilidad, aun después de la incriminación penal y federal contra el ex presidente. Una sólida mayoría de su electorado, que incluye a quienes admiten una elevada probabilidad de que Trump sea responsable y aun punible por la participación en algún delito, opina que los procesos judiciales están viciados porque su motivación es política y no jurídica. Una ‘caza de brujas’, una ofensiva contra la libertad de opinión y de expresión, según dijo a CNN John Laurio, abogado de Trump.

En el partido Republicano opinan que se aplican dobles estándares, que Trump está desprovisto o disminuido en lo que toca a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio. Y que esos principios son más importantes que la eventual pero no tan evidente culpabilidad de Trump. Otra vertiente de la opinión considera que el negacionismo del resultado, la acusación de ilegitimidad de la elección y las incendiarias quejas que por esto formuló en las redes sociales o ante multitudes partidarias enardecidas (y convocadas frente a la Casa Blanca para oírlas en vivo de la misma boca del presidente saliente) son hechos políticos acaso lamentables, pero no justiciables. Según el fiscal Smith, lo que convierte en delitos a las opiniones de Trump son sus “mentiras”.

Para este electorado republicano, en contra de la expectativa de daño oficialista, cuanto más se avance en la imputación de delitos, y cuanto más se multipliquen las causas por aquellos delitos que precisamente consideran menos que sean tales, la desafección por Trump será más y más limitada. Desde luego, la hipótesis contraria, que parece ser la del propio Trump, la de que su popularidad crecerá convenientemente, tampoco está demostrada.

AGB