Un año de Milei: 12 meses de gestión

Desde su llegada a la Presidencia de Argentina, Javier Milei ha estado marcado por una profunda disonancia entre su retórica agresiva y la realidad aplastante que golpea a la mayoría de la población. Si bien la crisis económica y social argentina era preexistente a su llegada, lejos de implementar soluciones efectivas, Milei ha profundizado la polarización social y el deterioro institucional, mientras la pobreza y la desigualdad se agudizan en una Argentina con escasos resortes sociales para seguir resistiendo el ajuste sobre los más vulnerables.

Una de las principales preocupaciones radica en las políticas económicas que buscan reducir el gasto público de manera drástica. Desde Amnistía Internacional hemos señalado que estas medidas pueden afectar gravemente el acceso a servicios esenciales, como salud y educación. Por ejemplo, la eliminación de subsidios a servicios básicos podría dejar a muchas familias sin acceso a la electricidad y el agua potable, cercenando así su derecho a un nivel de vida adecuado.

A la par, el presidente ha construido su relato de relegitimación en torno a un discurso de odio basado en la confrontación constante, la estigmatización de opositores y la desinformación a través de la permanente propalación de “noticias falsas”. Lo que alarma todavía más es que este clima de agresividad latente, solo funcional a su estrategia de poder, ha derivado en hechos concretos de violencia hacia quienes piensan diferente, incluyendo agresiones a periodistas, la criminalización de la protesta social y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Esto se ha traducido en acciones concretas contra periodistas, manifestantes y opositores políticos, en un círculo de retroalimentación entre la construcción de un discurso en las redes sociales y su apalancamiento desde la vocería tradicional. Milei ha hecho uso frecuente, por caso, de su cuenta de Twitter como así también del micrófono en actos institucionales y partidarios para denostar a periodistas bajo los calificativos de “mentirosos”, “chorros”, “corruptos”, “soretes” y “basura”. 

Pero también hizo lo propio con legisladores de diversas extracciones que se oponen a sus proyectos de ley, llegando a calificarlo de “nido de ratas”, y optando por los decretos de necesidad y urgencia y los vetos –herramientas constitucionales en su naturaleza– para intentar avanzar con determinadas medidas sin respetar los procesos institucionales o bloquear iniciativas del Poder Legislativo que buscan garantizar el financiamiento para rubros esenciales como la educación universitaria o las jubilaciones.

En más de una ocasión, la sola mención de un referente de cualquier sector o actividad ha obrado de catalizador para gatillar una campaña de acoso desde las redes por parte de un pelotón de cuentas orgánicas e inorgánicas del espacio libertario, lo que puede derivar en futuros actos de autocensura por parte de sus víctimas. 

La “casta” no era quien se pensaba 

Pese a ganar las elecciones sobre la base de una promesa de cambio y castigo a la “casta” –apuntando, al menos desde lo retórico, contra las elites que administran el statu quo–, el ajuste recayó sistemáticamente sobre las personas más vulnerables. Las políticas de austeridad implementadas por Milei han impactado principalmente en jubilaciones y pensiones, los sectores de menores ingresos y la clase media. Decisiones como la liberación de precios en el aumento de las prepagas y el desfinanciamiento del sistema público de salud, han dejado a millones de personas en una situación de extrema fragilidad.

De hecho, acorde a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la licuación salarial y de jubilaciones explicó el 38% del ajuste de gasto nacional en el primer semestre del año. Y esta mecánica se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores, llevando al haber mínimo a estar por debajo de la canasta básica por primera vez desde 2016. En simultáneo, el mega decreto 70/2023 derogó la regulación sobre el aumento de las cuotas de medicina prepaga, lo que provocó un incremento promedio del 40% en enero de 2024 y ajustes al alza sucesivos que vedaron el acceso a la salud privada para miles de personas, especialmente adultos mayores con bajos ingresos, obligados a recurrir a la Justicia para frenar los incrementos.

La prórroga del Presupuesto 2023 para el 2024 sin tener en cuenta la inflación implicó, en paralelo, un desfinanciamiento del sistema público de salud. Sumado a esto, la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE), que provee medicamentos a personas sin cobertura médica con enfermedades graves, no funcionó durante varios meses, dejando a pacientes sin acceso a sus tratamientos crónicos de alta complejidad, en algunos casos.

La estigmatización y criminalización de la protesta social que derivó de gran parte de estas acciones, mediante la implementación de un “Protocolo para el mantenimiento del orden público” que restringe el derecho a la protesta y habilita el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, desembocó en numerosos actos de violencia institucional. 

Sin ir más lejos, durante las protestas contra la Ley de Bases, hubo no solo heridos por la represión policial –que incluyó casos de pérdidas de la visión por el impacto de bala de goma, en un modus operandi que ya vimos en otras represiones latinoamericanas–, sino también la detención de manifestantes, que permanecieron privados de su libertad bajo cargos de intimidación pública que finalmente fueron desestimados por la Justicia.

La batalla cultural

Las políticas y declaraciones del primer mandatario y sus funcionarios no se comprenden fuera de un radio de acción dogmático que forma parte de la batalla cultural que el Gobierno está dispuesto a dar como parte sustancial de su gestión diaria. No obstante, las palabras y acciones tienen consecuencias duraderas. El negacionismo del cambio climático y los intentos de debilitar la legislación ambiental no solo ponen en riesgo el futuro del país sino representan un retroceso en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, la postura manifiesta contra el derecho al aborto, la educación sexual integral y los derechos de la comunidad LGBTIQ+, basadas en la desinformación y el desprecio por la legislación vigente, atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad sexual. En ocasiones, se ha referido al aborto como un “asesinato agravado por el vínculo”, desconociendo la legislación vigente y los derechos de las mujeres.

Como muchos otros mandatarios, Milei no convive bien con la crítica. Pero su accionar a la hora de imponer un relato propio ha ido más allá de lo meramente discursivo, incurriendo en restricciones al acceso a la información de tipo normativo y físico. 

A través del Decreto 780/2024, el gobierno ha reglamentado la ley de acceso a la información pública limitando su órbita y excluyendo a todos aquellos datos que se consideren parte de la “esfera privada” de los funcionarios. Del mismo modo, entre otras mordazas disfrazadas de tecnicismos legales, obvió de la difusión la entrega de los documentos que forman parte del proceso de toma de decisiones y donde figuran los fundamentos de la implementación de las políticas públicas. 

A la vez, expulsó durante un tiempo a una periodista de las ruedas de prensa en la Casa de Gobierno y utilizó la Justicia para criminalizar el trabajo periodístico mediante la acción –paradójicamente– del propio ministro de Justicia. Fue este funcionario el que se ocupó de denunciar penalmente a los periodistas por supuesta “instigación a cometer delitos”, luego de que ambos cuestionaran la gestión libertaria por la demora en la entrega de alimentos acopiados en depósitos del Ministerio de Capital Humano.

Las acciones del gobierno de Milei contra la prensa y la protesta social construyen un efecto inhibidor en el imaginario colectivo sobre la libertad de expresión en general. En consecuencia, la población puede sentir temor a expresar sus opiniones o participar en manifestaciones públicas por miedo a represalias por parte del Gobierno y renunciar así a derechos contemplados en la Constitución.

Esto fue acompañado, además, de un giro en el paradigma de la seguridad, con una fuerte impronta punitivista y un nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad, establecido a través de la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre otras cuestiones, el reglamento no establece de manera explícita el concepto del último recurso para proteger la vida de las personas, introduce supuestos que permiten el uso de armas de fuego de manera vaga e imprecisa, y amplía las situaciones que se consideran como “peligro inminente”, habilitando el uso de armas de fuego en un mayor número de casos. 

A todo esto, se añade que se limita la obligación de las fuerzas de seguridad de rendir cuentas por sus acciones, al establecer que no se abrirán sumarios administrativos cuando se considere “verosímilmente” que el uso de la fuerza se ajustó al reglamento. 

Con el fin de que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas sobre el modo en que se llevaron a cabo los operativos policiales en las manifestaciones durante 2024, Amnistía Internacional se presentó ante la justicia para obtener información de indiscutible carácter público que fue negada por el ministerio. A contramano, nuestra organización recibió tan solo dos respuestas parciales e incompletas del Ministerio de Seguridad alegando la confidencialidad de los datos, aunque revisten carácter público y resultan fundamentales para evaluar la conducta institucional acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

Curiosamente, la negativa del Estado a informar va a contramano de lo que el gobierno pregona en la lucha contra la corrupción y por la rendición de cuentas. 

Una visión sesgada del mundo

El devenir de la gestión libertaria, por supuesto, tuvo su espejo en el plano externo con una política errática que, bajo el pretexto de dar un giro a los posicionamientos geopolíticos, ha quebrado una tradición de Estado de la Argentina y su escuela diplomática. Caracterizada por la improvisación y la generación de conflictos innecesarios, el presidente prioriza sus aspiraciones personales como parte de un movimiento ultra por sobre su responsabilidad como Jefe de Estado de un Estado cuya historia lo precede y continuará cuando haya concluido su mandato.

Bajo estos parámetros, la política exterior del Gobierno se ha caracterizado por la confrontación, la priorización de alianzas ideológicas y la utilización de un lenguaje poco diplomático, lo que ha provocado tensiones con diversos países. Esta situación podría afectar los intereses de Argentina en el ámbito internacional, poniendo en riesgo relaciones comerciales y diplomáticas estratégicas.

En su primer discurso en la ONU, el presidente confirmó lo que ya había adelantado la entonces canciller Diana Mondino: que la Argentina “se disoció” del Pacto del Futuro, un acuerdo global que establece una visión y plan de acción para abordar los desafíos globales actuales y futuros, y que fue adoptado por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Milei eligió “disociarse” con la excusa de que “las Naciones Unidas continúan promoviendo políticas colectivistas”.

En esta misma línea de posturas regresivas, la Cancillería argentina presentó objeciones a resoluciones sobre democracia, derechos humanos y perspectiva de género, evidenciando un retroceso en su compromiso con estos temas en el ámbito internacional. Asimismo, rechazó tanto la continuidad de la Agenda 2030 y fue el único país que no suscribió la declaración sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres acordada por el resto de los miembros del G20 en una reunión intergubernamental en Brasilia, el 11 de octubre pasado.

Si bien ha buscado fortalecer las relaciones con Estados Unidos e Israel, su decisión de priorizar las relaciones con estos aliados internacionales en detrimento de otros a los que ha calificado de “comunistas” –como China y Brasil– se ha visto reflejada tanto en sus viajes oficiales y declaraciones públicas como en la búsqueda de acuerdos en materia de seguridad y defensa con ambos países. Un ejemplo de ello ha sido la adquisición de los aviones supersónicos de origen estadounidense F-16 así como la petición de realinear a la Argentina con la OTAN y el activo papel a favor de Ucrania en el marco del llamado Grupo Rammstein. 

Las relaciones con China se vieron afectadas por una serie de controversias, incluyendo la crítica a la situación de derechos humanos en ese país, el cuestionamiento a la base espacial china en Neuquén y los acercamientos con Taiwán por parte de miembros del gobierno argentino. Estas acciones han generado malestar en Beijing, poniendo en riesgo la relación bilateral. Sin embargo, ese malestar parece haber enviado un mensaje a ese país puesto que la posición tan estricta de Milei sufrió un giro de 180 grados. Tras su controvertida participación en la asamblea de la ONU, Milei indicó que se sorprendió “muy gratamente” con el país asiático: “Nosotros tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, solo piden que no los molesten”, detalló, para luego anticipar su viaje a ese país en enero, para la reunión de la CELAC.

En el mismo sentido. las denuncias de Milei contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien llamó “comunista asesino”, derivaron en la expulsión de diplomáticos argentinos de Bogotá. Si bien la crisis se resolvió a través de negociaciones diplomáticas, el episodio evidenció la falta de tacto en el manejo de las relaciones exteriores. Y un desenlace similar se dio con el retiro de la embajadora de España luego de los cruces de Milei con el presidente del Consejo de Estado del Reino de España que incluyó referencias violentas a su esposa. E incluso con Brasil, Milei ha tachado en más de una ocasión de “corrupto” a su par, Lula da Silva, reafirmando su alianza ideológica con el expresidente Jair Bolsonaro.

Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización que ha generado la gestión de Milei. En este punto, es fundamental un seguimiento exhaustivo con el norte fijo en la plena vigencia de los derechos humanos como rumbo innegociable para cualquier administración. El llamado es claro: es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina.