Chubut, minería y regresión democrática

En medio de una escandalosa operación que mezcla corrupción política, lobby empresarial, estado policial y evidente abuso de poder, una vez más, pese a la oposición de la población, la Legislatura de Chubut, impulsada por el actual gobernador Arcioni, buscaba aprobar en una sesión virtual el ingreso de la megaminería a esa provincia. Finalmente, la sesión parlamentaria se suspendió. Una vez más. La justificación oficial fue que hubo protestas frente a las viviendas de los legisladores, pero lo cierto es que el gobernador no contaba con los votos parlamentarios suficientes para aprobar la zonificación, a lo que se suma que la población estaba ya movilizada desde temprano, en las calles y rutas provinciales.

Chubut es uno de los grandes bastiones de la lucha contra la megaminería, no sólo en nuestro país, sino un ejemplo en toda la región latinoamericana. Es en Esquel donde arrancó la lucha en Argentina, al calor de las movilizaciones asamblearias de 2001/2002. El plebiscito realizado en 2003, que involucró a otras localidades de la comarca chubutense, arrojó más de un 80% de la población en contra de un emprendimiento minero, y dio nacimiento, poco después, a la primera ley provincial, la 5.001, que prohíbe la minería con sustancias tóxicas. El “efecto Esquel” se hizo sentir en otras provincias, lo cual desembocó en nuevas leyes –más completas, más perfeccionadas- que prohíben la minería a cielo abierto, como en Mendoza, Córdoba, San Luis, Tucumán, Tierra del Fuego y La Pampa. Las provincias de Río Negro y La Rioja también contaron con leyes que prohibían la megaminería. En La Rioja, su suspensión generó numerosas puebladas (entre ellas, la recordada pueblada de Famatina, en 2012), lo cual explica que, pese a todo, la megaminería no haya podido avanzar en esas tierras. En Río Negro fue el extinto gobernador Carlos Soria que, entre gallos y medianoche, en diciembre de 2011, derogó la ley antiminera, pero hoy la lucha de las poblaciones continúa, frente a los embates de las empresas mineras. 

En Mendoza, en diciembre de 2019, imposible olvidarlo, la provincia entera se movilizó en contra de la reforma de la ley 7.722, que el gobernador de Cambiemos, Rodolfo Suárez, había pactado a espaldas de la gente con el Frente de Todos para habilitar el ingreso de la minería. Las masivas movilizaciones en defensa del agua en Mendoza están entre las más grandes y espectaculares ocurridas en América Latina y, mal que le pese a los diferentes oficialismos (nacional y provinciales), dejaron en claro la creciente importancia de las luchas ecoterritoriales y la existencia de otros lenguajes de valoración del territorio, en clave ecológica, en tiempos de estrés hídrico y grave crisis climática. Se trata de potentes narrativas de cambio que aspiran a pensar la transición ecosocial y que no pueden ser minimizadas ni avasalladas en nombre de dudosas promesas de “progreso y desarrollo”. Además, tal como me dijera telefónicamente, en plena movilización mendocina, una conocida asesora presidencial, en Mendoza también estaba en juego “el principio de no regresividad de la ley”. O, dicho de otro modo, ninguna ley puede derogar a otra, conllevando un retroceso en términos de derechos humanos y ambientales. 

En Chubut, en los últimos 20 años, la defensa del agua y el territorio se extendió a toda la provincia, más allá de la heterogeneidad social, étnica y geográfica, desde la cordillera y la costa, hasta la sufrida estepa. Las empresas multinacionales mineras –casi todas canadienses- llevan más de diez años instaladas en la zona de Gastre y Gan Gan, en plena meseta, donde avanzaron con programas de responsabilidad social empresarial, a la espera de que algún gobierno apueste a la regresividad de la ley y habilite la minería de oro, plata y plomo, y también la de uranio. Bajo formas crecientes de clientelismo empresarial, estas empresas apuntan a colonizar a las comunidades, generando una ciudadanía dependiente de sus aportes (escuela, hospitales, transporte), y creando así las condiciones para un “mineralo-estado”, un Estado dentro del Estado, cuyas aristas conocen muy bien provincias como Catamarca, San Juan y –de modo más silencioso- Santa Cruz.

Desde hace años la población chubutense fue forjando un saber contraexperto sobre la minería a gran escala, informándose acerca de su insustentabilidad.  Desde académicos y profesionales, comerciantes, comunidades indígenas y amas de casa, a lo que se agregan hoy las generaciones más jóvenes, vimos emerger una población informada, como pocas veces visto en el país. Vimos también a una población que, contra viento y marea, no está dispuesta a renunciar a la democracia; combinando así la movilización social, los foros de información y discusión, con la activación de los dispositivos institucionales disponibles, para habilitar formas de democracia directa. Sucedió en 2014, cuando se presentó una propuesta de iniciativa popular que fue tergiversada por la Legislatura, en medio de un escándalo que mostró cómo un gerente minero daba órdenes a un diputado provincial (hay pruebas fotográficas de ello). Sucede en la actualidad, puesto que la población nuevamente –y en tiempos de pandemia- apeló a una segunda iniciativa ciudadana, avalada por más de 30.000 firmas, una propuesta que no solo contó son la coordinación de las asambleas ambientalistas, sino también con el apoyo de sectores de Salud, Educación, Multisectorial feminista, partidos y sindicatos de base, y movimientos de trabajadores en resistencia.

Por esa misma razón, lo que sucede en Chubut preocupa y espanta tanto. Las historias que conocimos en los últimos meses no dejan de sorprendernos: diputados coimeados que son expulsados por su propio partido (Pro), pero que siguen votando en la Legislatura; presión de las grandes empresas mineras y del gobierno, que a través de la pauta publicitaria (y las llamadas “publinotas”) arrasaron con el periodismo independiente provincial, incursionando exitosamente en los grandes medios de comunicación nacional; represión en las calles y persecución a conocidos referentes ambientalistas, a los cuales se les busca armar causas judiciales….Todo eso hace pensar que lo que está en peligro en Chubut no es solo una cuestión que involucra una discusión –desigual- sobre modelos de desarrollo, sino la democracia misma.  

Hay que decir también que la responsabilidad no es solo del gobernador de Chubut, cuya única obsesión es imponer, a como sea, la minería en la meseta, sino también la ceguera del gobierno nacional, que promueve la minería a cielo abierto como modelo de desarrollo. Convengamos sin embargo que no todo es ceguera desarrollista y analfabetismo ambiental en el gobierno de Alberto Fernández. Estremece el doble discurso a la hora de hablar de las cuestiones ambientales –tal como sucedió en la reciente apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional- así como también la gran indiferencia y desprecio sobre lo que sucede a nivel de movilizaciones sociales y ambientales en las provincias. 

Es hora de reparar estos atropellos, tal como algunos referentes del oficialismo (Leonardo Grosso, Juan Grabois y Ofelia Fernández), vienen señalando en el último año. La embestida minera y la degradación democrática es de tal magnitud, que lo que sucede en Chubut nos advierte acerca de un peligroso proceso de pérdida de ciudadanía y democracia. Asimismo, para no continuar siendo hablados por los malos políticos y por las empresas transnacionales, insistiendo con modelos de maldesarrollo, el gobierno nacional debería abrir a una discusión seria sobre la transición socioecológica, que necesariamente debe adoptar moldes democráticos.

MS