Institucionalizando el trabajo sin derechos: del monotributo a la exclusión total

Desde hace varios años, la Argentina, al igual que muchos países del mundo, está viviendo una reconfiguración de sus relaciones laborales. Durante la pandemia de COVID-19 describimos estos vínculos como “balcanizados”, ya que en el ámbito laboral coexisten, por un lado, trabajadores con derechos —es decir, aquellos que están registrados—y, por otro, trabajadores desprotegidos, como los no registrados o los monotributistas, quienes no acceden a la totalidad de los derechos asociados al trabajo.

Sin duda, esto impacta en las condiciones de vida de los trabajadores. Además, la situación se agrava por su efecto directo en el sistema previsional argentino. Así, mientras se ve afectada la realidad cotidiana de quienes están en el mercado laboral, también se ejerce una presión considerable en el caso de aquellos que ya no están activos, generando una tensión que podría comprometer la sostenibilidad de este sistema. Todo esto ocurre en un contexto en el que la pobreza alcanzó en el primer semestre de este año a más del 50% de la población argentina.

Para entender mejor esta problemática y desentrañar la nueva realidad institucionalizada por el gobierno actual, exploraremos tres aspectos claves que no se pueden ignorar. Primero, analizaremos la alarmante expansión del espectro de trabajadores sin protección, incluyendo a los no registrados, a los monotributistas y a los desocupados.

En segundo lugar, nos sumergiremos en la compleja realidad de las relaciones laborales, usando el mundo de las plataformas de reparto como ejemplo de cómo se redefine el trabajo bajo la figura del monotributista. Es crucial señalar que el gobierno de Alberto Fernández ha dejado pasar una valiosa oportunidad para reconocer los derechos de estos trabajadores, perdiendo la ocasión de impulsar una reforma laboral más justa.

Finalmente, examinaremos cómo el gobierno actual ha institucionalizado la figura del trabajador sin derechos, mientras, al mismo tiempo, aumenta la carga impositiva para ellos en el presupuesto de 2025. Esto se da en un contexto donde se prevé un crecimiento de estos trabajadores, impulsado por los beneficios que esta nueva modalidad ofrece a los empleadores.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2024, el trabajo desprotegido afecta a aproximadamente 7.452.000 personas. De este total, 1.088.000 son desocupadas, 3.497.000 son asalariados no registrados en la seguridad social y 2.867.000 son cuentapropistas.

Al analizar la evolución del trabajo desprotegido durante los últimos nueve años, considerando el primer trimestre bajo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei se observa un aumento constante. Actualmente, la cifra de trabajadores desprotegidos es la más alta desde 2015.

En el debate sobre la realidad del mercado laboral argentino, es importante primero distanciarse de las opiniones que sostienen que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no interpretó adecuadamente las dinámicas laborales de su tiempo. Algunos críticos argumentan que la paradoja de su gestión radica en una rigidez ideológica que le impidió reconocer el nuevo contexto que emergía. Sin embargo, la Asignación Universal por Hijo se erige como un testimonio contundente de que su administración abordó la cuestión social con una visión reformista.

Esta política, que extendió el derecho de la asignación familiar a trabajadores no registrados, representa un hito en la lucha por la inclusión. Fue un esfuerzo significativo por conectar los derechos de los trabajadores protegidos con aquellos que quedaban excluidos del sistema de protección. 

El camino hacia el reconocimiento y la ampliación de derechos se vio indudablemente obstaculizado por el gobierno de Mauricio Macri. Y aunque el gobierno de Alberto Fernández envió un proyecto destinado a extender derechos y otorgar licencias a trabajadores monotributistas, esta iniciativa no avanzó, evidenciando la falta de iniciativa política en un contexto de crecimiento de trabajos desprotegidos.

Un ejemplo de cómo se podría haber avanzado son las plataformas de reparto, como Rappi, Glovo y Pedidos Ya, que durante la pandemia se convirtieron en opciones laborales valoradas por su flexibilidad. Sin embargo, el Estado no asumió un rol proactivo ni desarrolló políticas públicas adecuadas para enmarcar esta actividad.

Para acceder a estas plataformas, los trabajadores solo necesitan descargar una aplicación, completar algunos trámites y recibir en comodato la mochila de repartidor. La mayoría de ellos se inscriben como monotributistas, lo que significa que deben hacerse cargo de sus propios aportes a la seguridad social. Esta modalidad contractual además incrementa la desprotección ante posibles accidentes laborales que puedan darse en el desarrollo de sus actividades.

Bajo el paragua ideológico del gobierno anterior, era fundamental que el Estado implementara controles para asegurar que las empresas cumplieran con la regulación correspondiente. Esto incluía la detección de relaciones de dependencia encubiertas, así como la identificación de irregularidades en la asignación de pedidos, como entregas fuera del horario laboral o fuera de la franja de cobertura. Sin embargo, la necesidad de acción no se detenía ahí. Era imperativo legislar a favor de los beneficios que ofrecen estos nuevos trabajos, como la soberanía en el uso del tiempo. Regular el uso del algoritmo en el ámbito laboral y proteger la soberanía del tiempo de los trabajadores debían considerarse prioridades, con el objetivo de equilibrar la balanza en un entorno donde las plataformas digitales a menudo operan en detrimento de los derechos laborales.

Las formas de regulación y protección de los trabajadores debían ser innovadoras, considerando tanto la viabilidad del negocio como las necesidades específicas de estas nuevas relaciones laborales.

En un contexto donde más de la mitad de la población económicamente activa carece de derechos laborales y enfrenta ingresos precarios, la reforma laboral de Milei emerge institucionalizando un modelo de trabajo sin derechos. La figura del “colaborador” se introduce como una nueva figura jurídica, despojando al trabajador de su condición histórica y política, este último punto es tan relevante que podría merecer una nota aparte. 

La reforma permite que un trabajador independiente -monotributista o autónomo- tenga hasta tres colaboradores, quienes también deberán inscribirse como monotributistas. Esta norma avanza en sentido contrario a la ampliación de derechos, ya que, en lugar de extender la protección laboral institucionaliza formas de contratación precarias. Además, el gobierno presenta en el presupuesto 2025 un aumento considerable para los monotributistas. Vemos que, por un lado, promueve la inscripción en este régimen y por otro, les impone un drástico incremento impositivo del 196,9%.

Otro de los aspectos más preocupantes de la reforma es la falta de incentivos para la registración de trabajadores. Se promueve la contratación a través del monotributo, mientras que se condonan las deudas de los empleadores, eximiéndolos de multas y sanciones por tener empleados no registrados. Esto desincentiva la registración y podría generar problemas de sostenibilidad en el sistema previsional. No es que el sistema esté en déficit, como se suele afirmar, sino que hace falta una política gubernamental que lo respalde adecuadamente.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei representa un cambio significativo, ya que se aparta del enfoque de reconocimiento y extensión de derechos, de los trabajadores protegidos a los desprotegidos, y prioriza la institucionalización del trabajo sin derechos. Frente a esta realidad, el movimiento sindical debe asumir la iniciativa de exigir la fiscalización de las relaciones laborales; de lo contrario, corre el riesgo de perder su representatividad y relevancia en la defensa de los intereses de los trabajadores. Solo a través de este compromiso, y de la construcción de una alternativa política que proponga enfoques innovadores de políticas públicas en favor de los trabajadores será posible revertir esta situación.

Por Tania Etulain, de Atenea, Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional