Vouchers a la criolla

Javier Milei cumplió una de sus promesas de campaña: introdujo los vouchers en el sistema educativo argentino. A través de la resolución Nº 61 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves, en el Boletín Oficial, se creó el Programa de Asistencia Vouchers Educativos. Tal como se advirtió en diferentes medios, desde la época de la campaña electoral, se trata de una política no sólo contraria a lo que acontece en el resto del mundo sino que además contradice en muchos sentidos la bases constitucionales y legales de la educación argentina.

De todos modos, hay que destacar que se trata de un programa sui géneris, un versión local del modelo. Con los vouchers las escuelas deberían recibir financiación pública en función del número de estudiantes matriculados. Se trata de una fórmula muy competitiva en la cual el financiamiento sigue a la demanda. El dinero del cheque/voucher del estudiante y su capacidad de elección lleva a que las familias puedan comprar la educación de sus hijos en escuelas públicas o privadas. Éstas, a su vez, tratan de captar a quienes tienen más méritos y para ello se esfuerzan por tener los currículos más atractivos y por contratar al profesorado más capacitado. En el modelo de vouchers propiamente dicho las escuelas privadas no reciben un subsidio adicional. Como se ha señalado, en la actualidad ningún país se orienta a promover vouchers educativos ya que se trata de un modelo de financiamiento que no ha demostrado la efectividad que esgrimían sus promotores.

En el caso del programa del gobierno argentino la situación es diferente ya que la resolución ministerial dispone que se otorgará una prestación temporaria a las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas gestión privada de niveles inicial, primario y secundario, con al menos un 75% de aporte estatal. Es decir, el propósito competitivo del cheque/voucher aquí es reemplazo por un doble subsidio al sector privado ya que tanto la demanda (las familias) como la oferta (las escuelas) reciben fondos públicos. Esto en un contexto donde no se prevén políticas integrales para el fortalecimiento de la educación pública —de gestión estatal— que incluya mejoras los salarios de los docentes ni de algunas sus prestaciones, como los comedores escolares.

Los vouchers educativos de Milei llegan en un contexto en que no se prevén políticas integrales para el fortalecimiento de la educación pública que incluya mejoras los salarios de los docentes ni de algunas de sus prestaciones, como los comedores escolares

Desde la perspectiva de la constitucionalidad y legalidad de esta medida se pueden señalar muchas críticas: contradice la legislación en la materia; pervierte el financiamiento del sector; a la vez que no está justificada apropiadamente, sobre todo a la luz del discurso pregonado por las autoridades nacionales sobre la escasez de recursos. Demuestra, además, un alto desconocimiento del sistema educativo y de su organización institucional. No garantiza el derecho a la educación, el cual tiene en nuestro país un alto reconocimiento constitucional como derecho humano, regido por varias cláusulas y por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (IIDH) que tienen jerarquía constitucional. Todo esto demarca el ámbito de lo legalmente factible. 

En este caso, para trata de justificar una medida como el financiamiento a la demanda (algo que no está previsto en la legislación vigente) la resolución invoca en sus antecedentes y considerandos, de forma confusa e incorrecta, a diversos artículos de la Ley de Educación Nacional, que es la norma que reglamenta el ejercicio del derecho a la educación y delimita la opciones de políticas públicas para el sector. En particular, la resolución 61/2024 menciona de manera sesgada y errónea el artículo 11 de la Ley de Educación Nacional que refiere a los sectores más desfavorecidos de la sociedad cuando, por otro lado, en el sitio oficial aparece presentado como un programa explícitamente destinado a la clase media. 

Se trata además de un programa que se explica en el conjunto de la errática política para el sector que se ha implementado desde diciembre pasado, y que incluyó, entre otras medidas: la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, la falta fondos para garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales en los próximos meses, la desactualización de los salarios de los docentes de todos los niveles, y la incapacidad para proveer de recursos a los comedores escolares. 

Es más, la eliminación de la jerarquía ministerial que tenía el área educativa en Argentina desde el año 1949 y su descenso a una secretaría dentro de un Ministerio de Capital Humano merece por lo menos dos observaciones importantes. Por un lado, recuerda lo realizado durante la dictadura del General Juan Carlos Onganía (quien gobernó entre el 29 de junio de 1966 y 8 de junio de 1970) ya que no tuvo un Ministerio sino una Secretaria de Cultura y Educación. Por otro lado, se evidencia una concepción de la educación orientada a un concepto de la economía, el capital humano, que resulta extemporáneo, que no agota la educación como política pública, y que no se condice con lo que ocurre en otros países del mundo en los cuales la educación conforma uno de los órganos de administración de primer nivel de los Estados.

Una mención adicional reviste la denominación, la palabra voucher, que es un término inglés. ¿Cuál es el sentido de denominar así a un programa ministerial de un país hispanoparlante? Sobre todo, si se atiende al discurso gubernamental que enfatiza la idea de nación, de sus próceres y toda la simbología asociada con ello. Esta denominación inglesa denota claramente una marca ideológica que demuestra la orientación de la política púbica que se ensaya de forma arbitraria, sin acuerdos, sin diagnósticos, en un país con un sistema educativo descentralizado y con un Consejo Federal de Educación, en el cual deberían acordarse las políticas educativas. Con este señalamiento no se niega que las políticas públicas tengan orientaciones ideológicas. Sin duda las tienen, en función de las orientaciones de los gobiernos que las diseñan e implementan. Los problemas surgen cuando no son lógicas sino meramente ideológicas.

Vouchers, esta denominación inglesa, denota el ensaya de una política pública sin acuerdos, sin diagnósticos, en un país con un sistema educativo descentralizado y con un Consejo Federal de Educación en el cual deberían acordarse las políticas educativas

En suma, en los recientes meses se evidencia con mucha celeridad una política que —desde el propio Estado— apunta a desmontar sus instituciones. El discurso que dio el Presidente al inicio del ciclo lectivo 2024, en una escuela privada, confesional, constituye un ejemplo más de este proceso de recomposición que, autodenominado libertario, se orienta a promover el desmantelamiento del Estado, sus agencias y servicios, bajo formas ya ensayadas de autoritarismo que no respetan el marco constitucional vigente. En él se incluyen de manera indivisible e interdependiente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, todos los cuales conforman un bloque de constitucionalidad que no admite las ideas de un mercado autosuficiente y de un Estado ausente.

GRR/JJD