Amnistía Internacional le pidió a la Argentina “una postura contundente en contra de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”
Amnistía Internacional solicitó a través de Mariela Belski, Directora Ejecutiva, y Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas del organismo, aclaraciones al Gobierno argentino sobre la decisión de retirar su remisión relativa a la situación en Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
A través de una carta, Amnistía pidió al Canciller argentino, Felipe Solá, que confirme “la veracidad de esta información difundida por la prensa, así como las explicaciones de las razones que fundamentaron las medidas tomadas”, al tiempo que expresaron que valoran que haya “reiterado el compromiso del gobierno argentino a la tarea de la Corte Penal Internacional y la disponibilidad para colaborar en el desarrollo de exámenes preliminares e investigaciones, incluyendo declaraciones testimoniales y otras diligencias probatorias”.
Asimismo, las representantes de Amnistía Internacional, consideran en su escrito que es “indispensable que el Estado argentino siga demostrando un claro compromiso con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos”. Y agregan: “Valoramos que Ud. haya reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos humanos con independencia de la relación bilateral que su gobierno pueda llegar a tener con otros países y también que haya reconocido que las observaciones y recomendaciones dirigidas por la comunidad internacional tienen el potencial de influenciar positivamente la defensa de los derechos humanos a nivel interno”.
Para finalizar, Belski y Guevara Rosas instan a Solá “en nombre de Amnistía Internacional, a que el gobierno que Ud. representa en la esfera internacional, se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela. Y le exhortamos a que apoye públicamente la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual, como es de su conocimiento, consiste hoy en una de las únicas esperanzas de verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano”.
La carta completa
La postura argentina
La Argentina retiró hace meses su apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro que se tramita en la Corte Penal Internacional en La Haya. Según el gobierno argentino, la quita del respaldo se oficializó al día siguiente de la salida del país del Grupo de Lima.
El gobierno de Alberto Fernández envió una carta a la sede de la CPI en La Haya, explicando la situación el 25 de marzo. La demanda contra Maduro contiene acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
Al día siguiente de ese anuncio del 24 de marzo, la embajada argentina ante los Países Bajos, que conduce el diplomático Mario Oyarzábal, envió una carta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Le pidió el retiro de todas las gestiones iniciadas por la Argentina contra Venezuela.
“En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, subrayó Cancillería.
En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores continuó: “Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”.
“Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad”, expresó la Argentina.
Al comunicar la decisión de retirarse del bloque, Cancillería concluyó: “Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado”.
IG
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