La Argentina se abstuvo en la votación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela

El gobierno de Alberto Fernández optó por abstenerse en la votación que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela, bajo la gestión de su par Nicolás Maduro. A pesar de la falta de apoyo de la Argentina, el proyecto de resolución fue aprobado con el respaldo de 19 países contra 5 que votaron en contra y 23 abstenciones.

De esa manera, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años la misión para investiga y supervisar la situación en país gobernador por el régimen chavista.

“La Argentina decidió abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”, argumentó el ministro Sebastián Rosales durante su intervención. 

En ese sentido aclaró: “La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible”.

En otro pasaje de su exposición, Rosales planteó que “desde un inicio” la Argentina “apoyó el diagnóstico y trabajo realizado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país que indican claramente que existen desafíos para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en Venezuela; pero que también es el diálogo y la cooperación con todos los actores del gobierno y de la sociedad civil venezolanas, el único camino para lograr que estos desafíos sean enfrentados adecuadamente y que el estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones internacionales”.

Asimismo, subrayó que fue “el diálogo y la cooperación” lo que permitió “registrar el mejoramiento de las condiciones de detención y la reanudación de las visitas de familiares, la disolución oficial de las FAES y la autorización para establecer una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Caracas”.

Rosales además indicó que espera que el gobierno venezolano “permita que el trabajo de la FFM pueda incorporarse como mecanismo de investigación de la propia oficina del Alto Comisionado”, y concluyó: “Si los informes de la misión fueran el resultado de investigaciones realizadas con la anuencia del gobierno venezolano, sus conclusiones tendrían más posibilidades de producir cambios y efectos concretos en el mejoramiento de los derechos humanos del pueblo venezolano”.

Tras conocerse la decisión de la Argentina, la Amnistía Internacional lamentó que el país “esté dando pasos regresivos en su política exterior de derechos humanos”. “Como miembro y presidente del Consejo, Argentina ha faltado a su misión y compromiso con los derechos humanos, incluidos el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva, a través de un comunicado.

Y remarcó: “El deber de países como el nuestro es el de redoblar sus esfuerzos para exigir al gobierno de Venezuela que ponga fin a la política de represión y que permita que las y los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo de forma segura, en lugar de darle la espalda a víctimas y sobrevivientes”.

Votación dividida

Durante el debate en Ginebra, América Latina se mostró dividida: tanto Brasil como Paraguay apoyaron la prórroga, y Bolivia, Cuba y Venezuela rechazaron su continuidad y la Argentina junto con México se abstuvieron.

Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, por su parte, votaron en favor de la comisión investigadora; y China y Eritrea denegaron su apoyo. 

MB