¿Cómo es el proyecto de Alberto Fernández sobre la marihuana?

El cannabis en la agenda del Gobierno: desde la creación de una agencia para la producción medicinal e industrial al debate sobre la legalización del consumo

Sorprendió a mitad del discurso. Mezclado con los estridentes anuncios de las querellas criminales contra los endeudadores, el amplio espectro de reformas en la Justicia, desdolarización de las tarifas y reducción de ganancias, a Alberto Fernández se le escuchó decir la palabra “cannabis”. Para ser más preciso, dijo para “el uso medicinal e industrial” de la planta. Lo mencionó entre los pilares de su proyecto nacional de desarrollo e inclusión social. El Presidente ponía en agenda un tema postergado, con enormes perspectivas de negocio, en el que participan el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Productivo. Es una iniciativa que muchos actores sociales esperan hace tiempo y quieren ver cómo se implementa. Saben que no aborda la legalización para el consumo recreativo pero la acerca a la discusión. Naturalizar sus otras propiedades también servirá para el debate parlamentario que se dé en un futuro mediato. 

El paso más firme ocurrió en noviembre del año pasado, cuando se volvió a reglamentar la ley 27.350, de uso medicinal del cannabis, aprobada por el macrismo. La iniciativa de 2017 tenía enormes límites: sólo permitía su utilización para la epilepsia refractaria, prohibía el autocultivo, no regulaba la producción nacional y no permitía ventas por farmacias, todas posibilidades que se abrieron con la nueva norma. A partir de ese marco es que hoy se comienza a discutir la producción industrial de medicamentos en base a la marihuana. 

El proyecto escrito en el ministerio de Desarrollo Productivo y en el que se apoyó Alberto para hacer su anuncio, contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que controlará el uso de del cannabis, de semillas y de todos sus derivados. La agencia estará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, y desde ahí se coordinará con ministerios, secretarías e Institutos implicados en la nueva actividad. Este respaldo desde el Ejecutivo era lo que venían esperando quienes ya tenían decidido invertir en cannabis medicinal de manera más amplia, que es hacia donde apuntan la mayoría de los proyectos de producción industrial del cannabis en este momento. 

Marcelo Morante es el coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los usos Medicinales de Cannabis del Ministerio de Salud nacional. En la charla con este diario dice que la reglamentación de noviembre amplió las perspectivas: “A partir de ahora hay un Estado presente. Quien tenga indicación médica de recibir esos medicamentos, y no tenga obra social, lo recibirá de manera gratuita. Además su alcance será extendido con las ventas en farmacias. Ahora sí, con las fiscalizaciones de los organismos, se puede empezar a discutir características del producto, la indicación y la dosificación”. Para eso, el ministerio trabaja en un consejo consultivo junto a seis ONGs, el CONICET, el INTA, la ANMAT, el INASE, la ANLAP (agencia de laboratorios), un consejo interuniversitario y la Defensoría del Pueblo. “Una de las cosas a las que estamos abocados ahora es a poner operativo el Reprocann, el registro para quienes se les recetó el uso medicinal. Es indispensable comenzar a incorporarlos, sobre todo, para protegerlos. Porque en este momento hay un desfasaje entre lo penal y lo medicinal. Si están registrados no correrán riesgo”, explica. Precisamente, ese es uno de los reclamos urgentes de las organizaciones cannábicas. 

En Argentina hay seis emprendimientos de producción industrial de cannabis. El más conocido es el de Cannava, de Jujuy, una sociedad del Estado provincial, que la dirige el hijo del gobernador Gerardo Morales. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. 

“Tenemos dos hectáreas de invernaderos y ahí hacemos el proceso completo con la planta y luego la producción de flores de cannabis se la entregamos a Misiopharma, que es otra empresa creada por el gobierno y que es la que producirá los aceites”, explica José Cabral, director de Biofábrica, la compañía estatal misionera. Como sucede en muchos de los emprendimientos, tiene capital estatal y es con participación provincial y del INTA. “Ya empezamos trámites de importación de semillas, asistidos por el instituto de semillas, el INASE. Traeremos de España, Canadá, EE.UU. y Uruguay. Vamos a ver los rendimientos, la calidad, y la cantidad de CBD (un componente no psicoactivo de la planta). Luego de que hagamos la selección vamos a clonarlas sin modificar su genética”, detalla Cabral, que pretende sembrar en abril y cree que en septiembre podrá tener su primera cosecha. “Nosotros tenemos un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, hacemos bioinsumos para agro, fungicidas y trabajamos en reducir químicos para la producción de alimentos. Y ahora nos metimos en temas de Salud con la producción de cannabis. Lo que el Estado genera a partir de la reglamentación de la ley y este proyecto nuevo de Desarrollo es que va poder garantizar que los aceites tengan el efecto buscado, porque en los que se puede conseguir ahora no siempre se usa la misma variedad de la planta”, plantea. 

Las iniciativas de explotación de los otros usos de la planta vienen mucho más rezagados que el medicinal. Hay un universo de aplicaciones de lo que se denomina cáñamo industrial. Va desde la fabricación de fibras textiles, materiales de bioconstrucción​, celulosa, ​bioplásticos​ hasta ​lubricantes, semillas, aceites, proteínas para ​alimentos y otras tantas cosas. El cáñamo tiene una concentración de THC (el componente psicoactivo) menor al 1%. Su cultivo es legal en países muy severos en legislación de drogas como China, Estados Unidos, Francia, Italia, Paraguay, Uruguay y Colombia. Pero en la Argentina lo que minó la posibilidad de su desarrollo fue una ley de la dictadura que aún sigue vigente. Sin mucha distinción, la 21.671/77 determinó la prohibición absoluta en todo el país de la producción de esa planta, en franca contradicción con la Convenciòn de Naciones Unidas de 1961, que la permitía para “fines industriales u hortícolas”.

“Para Argentina no es nueva la producción de cáñamo. El proyecto más conocido fue el de Linera Bonaerense, en Jáuregui, cerca de Luján. Pero luego el proceso lo prohibió y cerraron la fábrica. El anuncio de Alberto viene a ampliar el alcance con una ley que crea una industria general. Es verdad que está sobre todo pensada para la industria farmacéutica, pero abre un montón las posibilidades y habilita otros usos, que en el caso del cáñamo, son muchísimos”, señala el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio. Precisamente esa Cámara presentó el año pasado una nota a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, planteando una ley integral de Cannabis y la derogación de la ley de la dictadura. Esto último resulta indispensable para imaginar inversiones en la elaboración y producción industrial de la planta.  

La diputada Mara Brawer, del Frente de Todos, presentó en octubre del año pasado un proyecto de ley que busca impulsar el cultivo y desarrollo productivo del cáñamo. Según explica, llegó con el apoyo de los distintos bloques de la Cámara. “De la misma manera que la sociedad entendió que el uso del cannabis medicinal no es el mismo que el recreativo, ahora todos, tenemos que entender que el cáñamo es una oportunidad para el desarrollo sustentable. Estamos hablando de industria. Si saldamos ese debate, solo será ganancia, generamos trabajo e industrias novedosas se sumarán a la economía”, describe Brawer, que en las sesiones lleva puestos unos anteojos hechos de cáñamo.   

Respecto a esta diferenciación que menciona Brawer, Diana Barreneche, directora de la asociación civil Proyecto Cáñamo, es aún más tajante. “Lo más conveniente es que se haga una ley específica para el cáñamo. Con porcentajes de THC que los diferencie. Porque al estar pegado a lo medicinal hace más compleja una actividad que debería ser más directa. Debería depender del Ministerio de Agricultura, que es el que regula la actividad de una planta como ésa. Celebro que el presidente lo diga pero tiene que haber una política especifica. Nos gustaría una ley propia del cáñamo. Pero si es dentro de la misma ley, que sea en título o en un apartado distinto porque es otro objeto, no es un estupefaciente”, detalla. “Si quieren  hacer una mesa de enlace interinstitucional, con los que conocen del tema, me parece perfecto. Pero no una agencia que tenga que entender desde cero el tema. Para ese proyecto no fueron incorporadas organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos con el tema”, explica Barreneche. 

Las fuerzas de seguridad continúan castigando la tenencia para consumo y las detenciones de los jóvenes que tienen un cigarrillo de marihuana se repiten, a pesar de los fallos de la Corte que recomiendan las despenalización para uso personal. Como antecedentes están el fallo Bazterrica, de 1986, y en el fallo Arriola, de 2009. Los casos en los que grupos de jóvenes son revisados y llevados a comisarías engrosan gran parte de las estadísticas policiales. Luego, los fiscales comienzan investigaciones y, después, por la general, los expedientes terminan archivados. Un estudio que el fiscal federal Federico Delgado hizo en 2018 durante uno de sus turnos muestra lo que sucede con esos procedimientos. De 503 causas iniciadas por todos los delitos federales cometidos en ese momento en su fiscalía, el 92% (unas 465) fue por la ley de drogas. Pero de ésas, sólo 8 fueron elevadas a juicio oral. Mientras tanto, unas 599 personas estuvieron detenidas en algún momento de esas investigaciones. Y en el medio se gastaron grandes sumas de dinero del sistema judicial, que podrían haber sido utilizadas en delitos complejos. 

“La despenalización de la tenencia para consumo es algo que ya no debería discutirse. La Corte dijo que hay que hacerlo, pero sus fallos no son de cumplimiento obligatorio. Por eso es que necesitamos una ley”, le pone énfasis Emilio Ruchansky, miembro del Centro de la Cultura Cannábica. Ruchansky integra el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, un consenso entre organizaciones de derechos humanos, de las ciencias sociales, la seguridad, la Educación y la Salud Mental y varias asociaciones civiles vinculadas al uso de la marihuana. Entre sus integrantes están, por ejemplo, el CELS, la APDH y la Asociación Pensamiento Penal. Con cinco puntos básicos buscan transversalizar lo más que se pueda el debate e incluir a quienes los compartan para hacer una campaña nacional, al estilo de lo que sucedió con el aborto. “Coincido que hay similitudes con la campaña de la IVE. En los dos temas aparece la clandestinidad, los daños, la autonomía de los cuerpos y el libre desarrollo de la personalidad. Es hora de decirle al Estado: ‘Es hasta acá’, analiza. Respecto de las oposiciones que tendrá la campaña por la legalización, agrega: ”Luchamos contra un negocio ilegal enorme y en el que las fuerzas policiales tienen una gran intervención. Decimos que queremos una regulación legal porque la Policía también la regula pero de manera ilegal“. 

En los últimos años, decenas de proyectos que plantean la despenalización del uso del cannabis pasaron por el Congreso. Entre los que tienen estado parlamentario están tres diferentes de las diputadas del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, la rionegrina Ayelén Spósito y Carolina Gaillard, de Entre Ríos. También Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda uno, que propone la legalización integral. Todos estos tienen partes comunes como la autorización del autocultivo y conformación de clubes que vendan a sus socios cogollos, semillas y derivados. Todos coinciden que los tiempos no serán cortos, pero destacan el interés de los distintos sectores. El año pasado se realizó una mesa interbloque de la que participaron diputados del FDT, PRO, UCR y el FIT, con organizaciones como Mamá Cultiva o el Frente de Organizaciones Cannábicas (FOCA), para tratar de consensuar y que cada uno en dentro de su bloque ablande posturas.  

“Es muy importante que el debate se dé en las comisiones del Congreso. Tenemos que dar el debate con los distintos grupos, en especial con los partidos de la oposición. Hay que hacerlo lo más amplio posible porque va a haber sectores poderosos como la Iglesia que van a dar batalla y el lugar para dar esa pelea es en las comisiones. Es necesario que no se personalice. Que surja un proyecto superador producto de ese debate”, concluye Nicolás Milioni de FOCA.

AM