Casanello procesó a Belliboni por “administración fraudulenta” y el fiscal pidió indagar a Pérsico

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Eduardo Belliboni “por administración infiel en relación al Plan Potenciar” luego de advertir que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo.

En la imputación dada a conocer mediante un escrito de 168 páginas, el magistrado mencionó pruebas que considera suficientes, como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma.

“Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado, quien además detalla que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.

Asimismo, según Casanello, “el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.

Para el magistrado, “no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”.

Casanello también destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ”Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“ y ”Coxtex SA“-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Además de al líder del Polo Obrero, el procesamiento dictado por Casanello alcanzó también a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por las mismas razones que Belliboni (administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública). También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas. En tanto, María Isolda Dotti y Gianna Puppo fueron procesadas por “amenazas coactivas”, además de “defraudación”, mientras que Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia fueron acusadas solo de amenazas.

Con respecto a los procesamientos, el Gobierno nacional se pronunció a través del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien pidió a la Justicia “que actúe con celeridad e imparta justicia. Uno de los peores crímenes que se cometieron en Argentina fue jugar con la comida de los pobres y el asistencialismo. Apelamos a que los que jugaron con la dignidad de la gente paguen caro”, sentenció el vocero este lunes, en su habitual conferencia de prensa.

El fiscal Pollicita solicitó la indagatoria de Emilio Pérsico

En el marco de la causa en la que investigan el accionar del Polo Obrero, el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social de lo que supo ser el Ministerio de Desarrollo Social. Se lo investiga de haber actuado en complicidad con Eduardo Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.

Para la fiscalía, existe “una matriz de corrupción” que operó desde 2020 hasta diciembre del 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaría a cargo de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social.

Según el fiscal, los funcionarios “actuaron en forma coordinada” con los dirigentes sociales. Por lo que en el escrito de requerimiento de indagatoria al que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, Pollicita planteó: “La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”.

En el escrito, Pollicita expone una acción coordinada entre ambas organizaciones sociales con el objetivo de desviar millones de pesos correspondientes del programa a las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado sin documentación que lo ampare.

Según denunció ambos referentes actuaron “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”. “Bajo el paraguas de un acuerdo de impunidad, los responsables de las Unidades de Gestión del Polo Obrero, por un lado, y las autoridades públicas, por el otro, incumplieron con las obligaciones legales que el programa les imponía en relación a la rendición de cuentas sobre los fondos públicos entregados en carácter de subsidio a los primeros, evidenciando el desinterés en torno al destino de los fondos, tal como se viene desarrollando”, argumentó el fiscal.

Pollicita detalla que el Polo Obrero recibió un total de $361.087.500 que “no habían sido devueltos ni rendidos al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”. 

“Como era de suponer en base al acuerdo descripto, dichas omisiones no motivaron ninguna intimación por parte de las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —las intimaciones fueron realizadas recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano—, pese a encontrarse holgadamente vencidos los plazos de ejecución y, por tanto, de rendición de cuentas”, cuestionó. 

En ese marco, además de Pérsico se tomará indagatoria de los exfuncionarios Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También volverán a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego.

Con información de agencias.

IG