Condenan a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado

El Tribunal Oral Federal número 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. Por su parte, Martín Báez, hijo mayor del empresario, recibió una sentencia a 9 años de prisión como co-autor del mismo delito. Leandro Báez también recibió una pena de 5 años de prisión como partícipe necesario del lavado agravado a través de las cuentas en Suiza. En cambio, sus hijas, Luciana Sabrina Báez y Melina Báez, recibieron una condena de 3 años en suspenso, por ser consideradas partícipes secundarias.

En tanto, Leonardo Fariña recibió una pena de 5 años de prisión por su participación en la maniobra, al igual que Fabián Rossi. Federico Elaskar deberá purgar el castigo de 4 años y 6 meses en la cárcel.

Además, el Tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y María López Iñíguez, condenó a Daniel Pérez Gadin, contador de Báez, a 8 años. Misma pena le correspondió al abogado del dueño de Austral Construcciones, Jorge Chueco.

El resto de las condenas: Walter A. Zanzot, 5 años; Julio Enrique Mendoza, 6 años; Claudio Bustos, 4 años y 6 meses; Eduardo César Larrea (absuelto); Walter Santiago Carradori (absuelto); Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses; Mario Lisandro Acevedo Fernández, 5 años; Daniel Alejandro Bryn, 3 años; Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años; Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto); Alejandro Ons Costa (absuelto); César Gustavo Fernández, 5 años; Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses; Christian Martín Delli Quadri (absuelto); Eduardo Guillermo Castro, 5 años; Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses; y Juan Alberto De Rasis, 6 años.

La sentencia de Báez fue por el voto de dos de los tres jueces del tribunal. También se impusieron multas multimillonarias a los condenados.

Báez, sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Luciana y Melina), su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco; Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar (quien también se pronunció ante el tribunal y para quien la fiscalía había pedido la absolución), entre otros investigados, fueron juzgados por el presunto lavado de unos US$ 55 millones a través de sociedades en paraísos fiscales y cuentas en Suiza, por medio de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, entre 2003 y 2015. Además, en el caso del empresario, Báez fue condenado por un segundo hecho de lavado por la compra-venta del campo El Carrizalejo, en la provincia de Mendoza, por otros US$ 5 millones. En total, el tribunal le adjudicó haber lavado unos US$ 60 millones.

Más temprano, se habían terminado de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

“Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia”, señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: “Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice”.

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un “circo judicial”.

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido. El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.