Conflicto universitario: el Gobierno subestima las protestas y presiona para avanzar con auditorías

La escalada en el conflicto universitario tras el veto presidencial a la ley que pretendía recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios parece no ser una preocupación para el gobierno de Javier Milei. Frente a la ola cada vez más grande de protestas estudiantiles en facultades y calles, en Casa Rosada prefieren reducir los reclamos a expresiones “radicalizadas” de la izquierda y el kirchnerismo. “Siempre la gente que nada tiene que ver con la calidad educativa participa de este tipo de acciones”, sostuvo el vocero Manuel Adorni en su conferencia de prensa de este martes.

Es que la postura esgrimida por el oficialismo, tanto en público como fuera de micrófono, coincide en culpar a esos sectores políticos de la oposición de “imponer” tomas “contra la voluntad de los alumnos y docentes que quieren ir a clases y dar exámenes en paz”. “Si un alumno no quiere una toma es golpeado y silenciado con violencia. Si hay violencia no hay democracia”, escribió en su cuenta de X el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, una de las principales espadas de La Libertad Avanza en su cruzada ideológica con las universidades.

La afirmación que realizó el propio Milei acerca de que la educación pública superior “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta” es justificada en los pasillos de la Casa de Gobierno. Sin embargo, al igual que lo hiciera el Presidente durante su entrevista con LN+, matizan esa actitud al aclarar que la universidad “va a seguir siendo no arancelada”, aunque “de ninguna manera puede ser considerada gratuita”.

“La universidad la pagan, con sus impuestos, el que va a la universidad y el que no va a la universidad, la paga el que viene de una familia acomodada o el que viene de una familia que efectivamente puede pagar esos impuestos”, sostienen Balcarce 50. Y especifican que, para dar su posición, Milei se habría basado en la Encuesta de Equidad Social de la UCA de 2023. De ella, según indican fuentes oficiales, se desprendió que el 87,5% de los jóvenes pobres de entre 19 y 29 años no acceden a la universidad y el 1,6% adicional cursaron, pero abandonaron.

Son porcentajes que, sin embargo, contrastan parcialmente con la información obtenida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Los del primer trimestre de 2024 demuestran que el 42,3% de los estudiantes universitarios proviene de los 4 deciles de menores ingresos. Por otro lado, entre el 46 y el 68% de los ingresantes son hijos de padres y madres sin estudios universitarios, información que corresponden al último Anuario publicado por la subsecretaría que comanda Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Potestad para auditar

Cerca de Milei apuntan ante la consulta de elDiarioAR que la intención del Gobierno es “recuperar la universidad pública como herramienta de movilidad social ascendente”. Una meta que choca de frente con el deliberado desfinanciamiento al que somete el oficialismo a las casas de altos estudios, justificado tanto en el déficit cero como en el supuesto rechazo de las autoridades universitarias a ser auditados. “Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, lanzó Milei este martes en LN+.

Por ese motivo, en Casa Rosada celebraron el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra, que habilitó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para funcionar como órgano auditor de las universidades. “El Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, escribió el subsecretario Álvarez a través de sus redes.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, exvice jefe de Gabinete de Alberto Fernández y una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

En abril, durante una entrevista radial, Olmos había explicado en detalle los pasos necesarios para ordenar las auditorias universitarias al precisar que el Poder Ejecutivo no tenía potestad para llevarlas a cabo. “Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata”, reveló en ese momento. 

¿Cuánto tuvo que ver la decisión de Barra con la demora en los nombramientos en AGN por falta de acuerdo del Gobierno con el PRO y los radicales? En los pasillos de Casa Rosada se limitaron a destacar que el dictamen del procurador revierte el criterio implementado en 2022 por su antecesor, Carlos Zannini. Hasta ese año, las universidades estaban sujetas al artículo 100 de la Ley de Administración Financiera, cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera. Ahora, el sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sigen sin necesidad de un convenio específico con cada institución.

PL/JJD