El crudo testimonio de Lupe, la denunciante de Ricardo Bussi por abuso sexual en 2020

La denunciante de Ricardo Bussi dio un crudo testimonio sobre el calvario que vivió en 2020 previo y posterior a la acusación que realizó en contra del candidato a gobernador de Tucumán por el partido de La Libertad Avanza por abuso sexual.

“Trabajaba de lo que podía, quedé embarazada y sufrí violencia de género. Conocí a Ricardo Bussi porque su familia era amiga de mi expareja”, contó Lupe.

La joven sostuvo que Bussi la ayudó en reiteradas oportunidades cuando denunció a su expareja por tirar una bomba molotov en su vivienda.

“Le conté a Bussi y tuvo mucha solidaridad, me sorprendí mucho. Entre las cosas que me trajo había calmantes para mis quemaduras”, explicó en diálogo en Campanas en la Noche con Carolina Fernández por Radio Splendid. 

Sin dudarlo Lupe aceptó, pero comenzó a ver cosas extrañas: “Me llevó a trabajar a una sede donde hacían fiestas que eran cualquier cosa, no era para ayudar a la gente. Nos decían que íbamos a colaborar con el partido para cobrar plata”.

“En el galpón no estaba el candidato, pero había otros políticos conocidos. Yo en ese momento tenía 25 pero había chicas de 16 o 14 años”, indicó.

Después de haber visto lo que ocurría dentro del galpón, la mujer decidió no volver al partido: “Me apareció una cuenta a mi nombre que nunca abrí, tuve que hacer la denuncia para desconocerla. Las únicas personas a las que le di mis datos fueron a las del partido”.

“Cuando fui a enfrentar a la concejal me quisieron cagar a piñas y me fui a mi casa. Cuando llegué le mande un mensaje a Bussi para hablar y ahí empezaron a llegar amenazas por lo que le hice una denuncia a la concejal”, continuó con su relato.

Frente a este escenario, la denunciante sostuvo que Bussi la llamó y le dijo de tener una reunión: “Cuando salí hable con unas compañeras y me quebré, me llevaron a un hospital. Como era la pandemia tenías que tener síntomas, yo no podía hablar, tuvo que decirlo una compañera”.

“A mí me amenazó hasta la Policía, entraron a mi casa, me la balearon. Con el calvario que viví me vine a encadenar a la Casa Rosada porque quisieron secuestrar a mi hija”, contó.

Al ser consultada sobre si hicieron algo en la Legislatura, Lupe sostuvo: “Nadie hizo nada”.

Por último, expresó que desea por parte de la Justicia: “Que se pongan a laburar y hagan lo que tengan que hacer, que metan en cana a todos los delincuentes”.

La denuncia de 2020

Según la denuncia que realizó la joven hace cuatro años, “el pasado 10 de marzo de 2020 cuando la misma (la víctima) se comunicó con el legislador mencionado (Bussi), el mismo la citó en su despacho ubicado en el edificio de la Legislatura, y quedando sola con él en el mismo lugar, Ricardo Bussi la forzó a practicarle sexo oral, luego de lo cual la liberó y pudo huir del lugar”. 

En la presentación realizada frente a la fiscalía en 2020, hay una cronología de los hechos con detalles, lugares y circunstancias desde enero de este año, hasta que ocurrió el abuso sexual por parte del hijo del genocida. El abogado pidió, entre otras medidas, protección de manera urgente para la víctima y para su entorno familiar y advirtió que, tanto Bussi como sus colaboradores, podrían haber incurrido en otros delitos.

También en 2020, Bussi fue denunciado ante el INADI por la agrupación MuMaLa, por sus dichos en contra de las mujeres: “No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. El hombre y la mujer no son iguales”, había dicho el hijo del represor. Según remarcó la presidenta de la organización, Milsa Barros, en aquel momento, “este hecho constituye un acto de discriminación hacia las mujeres que están en situación de violencia, revictimiza a las mismas, ofende a los/as familiares de víctimas de femicidos, y al colectivo femenino en general, puesto que intencionalmente desconoce lo que se ha avanzado en materia de derechos en el mundo y en Argentina particularmente”.

En reiteradas ocasiones, la víctima denunció ser perseguida por “personas misteriosas, personal policial, y miembros del partido al que pertenece el legislador”, los cuales la amenazan y la tratan de amedrentar para que no cuente más lo sucedido.

La historia de Lupe

Lupe sufría violencia de género por parte de su expareja hace años. Durante el 2019 el agresor le tiró una bomba, explotó la garrafa de su casa y ella sufrió quemaduras graves. “Me salvé porque me tiré en la pileta de mis nenas”, detalló. “En ese momento me quedé sin trabajo y sin nada. Me había separado pero mi ex me perseguía por todos lados. Ya no sabía que más hacer”, agregó en declaraciones que recogió en 2021 el diario Tiempo Argentino.

Fue en ese contexto que se acercó a Fuerza Republicana, el partido de Ricardo Bussi, hijo del genocida y exgobernador Antonio Bussi. Allí la ayudaron a gestionar la Asignación Universal por Hijo, le abrieron una cuenta bancaria y le ofrecieron trabajo.

Luego de un tiempo de cobrar la AUH, Lupe descubrió que en el banco había dos cuentas distintas a su nombre: una con el plan social y otra con $600 mil. Después de negar la existencia de esa cuenta a las autoridades del banco, la joven se dirigió a la sede del partido Fuerza Republicana para plantear esta situación. Le dijeron que lo iban a resolver pero al mes siguiente, cuando volvió a ir al banco, notó que la cuenta seguía abierta y con más dinero: había $800 mil y una deuda con la AFIP.

En marzo de 2020, Lupe se dirigió a la Legislatura para hablar con el legislador Bussi en un intento de aclarar la situación. “Primero me ofreció dinero y después me insinuó que tenía que tener relaciones con él para solucionar el tema. Le dije que no, pero se me vino encima y empezó lo peor”. En ese momento, según el relato de Lupe, el funcionario abusó sexualmente de ella.

En junio de ese año la joven realizó la denuncia en la fiscalía y comenzaron las amenazas.

Los vaivenes judiciales

En 2021, a un año de la denuncia de Lupe, no había ninguna persona imputada relataban los letrados a cargo de la denuncia. La causa pasó ese año por tres jueces de instrucción y una serie de vaivenes que reflejaron el entramado político y judicial que obstaculizó el avance del proceso.

En un principio, la investigación del caso estuvo en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter. Frente a ella Lupe ratificó la denuncia. Pero como el legislador contaba con fueros, la investigación quedó a cargo del juez de instrucción de ese momento, Raúl Armando Cardozo, donde Lupe amplió su denuncia.

El Código Procesal Penal de Tucumán establece que en los casos en los que las personas denunciadas sean legisladores, funcionarios o magistrados se abre una investigación jurisdiccional sumaria que tiene un plazo de dos meses: se trata de 60 días para recolectar los elementos suficientes. Si se recolectan las pruebas necesarias, se avanza y el juez o la jueza hacen un requerimiento a la Legislatura pidiendo el desafuero de la persona investigada. Finalizado el plazo, si no se hace el requerimiento, se archiva y la investigación se suspende hasta que el imputado pierde la inmunidad que le dan los fueros.

El 22 de agosto de 2020 se venció ese plazo y la jueza que intervenía en ese momento, Carolina Ballesteros, no ordenó el desafuero de Bussi, la única vía para que el funcionario pudiera ser imputado.

Según detalló en 2021 Salvador Iovane, el abogado de la denunciante, desde septiembre de 2020 lo que se estuvo tratando fue la protección urgente para Lupe y su familia. Luego de muchas idas y vueltas, en mayo de 2021 la defensa logró la aplicación del Régimen del Programa de Protección de Testigos. “Hubo que batallar bastante para obtenerla. Eso fue lo último que se trató hasta el momento”, aseguró Iovane.

En paralelo, en septiembre de 2020 y luego de hacer lugar a un pedido de la defensa del legislador, el entonces camarista Enrique Pedicone, quien recibía las apelaciones de la causa, denunció que el vocal de la Corte tucumana Daniel Leiva lo llamó para pedirle que maneje “la intensidad” de ese caso. El poder judicial no tuvo en cuenta esta situación y luego de realizarle un jury el magistrado fue destituido en febrero de 2021.

Por este tema existe también una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por encubrimiento por parte de la justicia de Tucumán. “Esta denuncia tampoco tuvo tratamiento aún, lo cual es bastante más curioso porque lo entendemos como una protección al gobierno de la provincia de Tucumán”, remarcó el abogado. Y agregó: “La justicia tucumana y la justicia federal funcionaron más como un filtro y un dique contenedor. Buscan el retardo, entorpeciendo y obstruyendo la investigación”.

Durante los primeros meses de 2021 se pudo encontrar el DNI falso con el que se abrieron las cuentas a nombre de Lupe y que se encontraba en posesión de la secretaria de Bussi. La defensa solicitó nuevas medidas de prueba que no fueron ordenadas y se planteó la cuestión de competencia federal, un pedido que ya había sido planteado y que tampoco se resolvió.

Por otra parte, se pidieron las cámaras de seguridad de la Legislatura del día que se habría perpetuado el abuso y la respuesta fue que se borraban cada 30 días.

Por un cambio en el Código procesal penal en la justicia tucumana, la causa se tramitó en el Juzgado Conclusional Nº 1, cuyo titular es Juan Francisco Pisa, quien fue cuestionado por su actuación en el femicidio de Paola Tacacho.

Con información de NA y Tiempo Argentino.

IG