Entre denuncias y amparos, avanzan la licitación de comedores escolares y las “pasantías” en empresas concesionarias

Se trata de un servicio que reciben 291 mil chicos, repartidos en 1783 escuelas públicas de la Ciudad. El desayuno o la merienda son universales y gratuitos para todos los alumnos. Pero hay un extra al que se accede pagando o a través de una beca. El almuerzo cuesta 325,72 pesos. El refrigerio, 114,24 pesos. Y un desayuno extra, 38,24. Para el ciclo lectivo de este año, el gobierno porteño espera recibir unos 140 mil pedidos de becas. 

La comida es provista por 19 empresas desde hace casi dos décadas. Ese esquema podría cambiar en breve. O no. El ministerio de Educación de la Ciudad abrió una licitación para concesionar el servicio de los comedores escolares, desde el 2022 hasta el 2025. El presupuesto destinado por el ministerio conducido por Soledad Acuña, sólo para esta tercerización, es de más de 50 mil millones de pesos. 

El presupuesto destinado por el ministerio conducido por Soledad Acuña, sólo para esta tercerización, es de más de 50 mil millones de pesos

Para competir por el monopolio alimenticio escolar, las compañías tienen que pagar 795 mil pesos. Ese es el precio del pliego. Un monto que no es devuelto, en caso de que la empresa resulte ganadora. 

La licitación todavía no fue adjudicada por el Ministerio de Educación de la Capital. Pero las firmas interesadas ya se presentaron. ¿Cuántas fueron? La misma cantidad que hasta el momento: 19 empresas. El filtro del pliego de casi 800 mil pesos generó denuncias por parte de la oposición porteña. Acusaron al gobierno porteño de inducir una suerte de cartelización.

Un grupo de organizaciones sociales presentó un amparo judicial para frenar la licitación. El argumento central del colectivo es que no existió participación de la comunidad educativa en el proceso y que la comida ofrecida es de mala calidad.

El planteo cayó en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad 22. Los amparistas fueron el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes.

El filtro del pliego de casi 800 mil pesos generó denuncias por parte de la oposición porteña. Acusaron al gobierno porteño de inducir una suerte de cartelización

En paralelo, unas 40 cooperadoras de escuelas públicas difundieron la Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa. 

“Exigimos una discusión democrática de los pliegos con el objetivo de mejorar la calidad y universalizar el servicio”, se quejan desde ese colectivo. Y detallan los motivos de su reclamo: tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, magdalenas, productos ultraprocesados para bebés de un año.

Los padres y madres organizados además señalan “enormes trabas a la hora de inscribirse a la beca alimentaria, viandas y porciones que no cumplen con los gramajes establecidos en los pliegos, y una reducción sistemática de las raciones enviadas a las escuelas por parte de las concesionarias”.

El abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, agrega otro dato: la licitación omitió referirse a la ley de etiquetado frontal, reglamentada a fines de marzo pasado. Esa norma busca advertir sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los alimentos, con el objetivo de combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

Desde el gobierno porteño rechazan y minimizan las denuncias. Y contra-argumentan: “Se seleccionan alimentos, preparaciones y productos alimenticios que garanticen la higiene y seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que se manejan gran cantidad de raciones diarias y evitando el potencial riesgo en la manipulación de los alimentos”. 

En el ministerio de Acuña aseguran que las concesionarias están obligadas a pasar un test semestral. ¿Cuál? Las compañías toman muestras de las preparaciones para ser analizadas en laboratorios. Y afirman que existen controles externos. Por ejemplo, los empleados de las empresas cuentan con Carnet de Manipulador de Alimentos, emitido por la Agencia Gubernamental de Control (ACG). 

La ley de Alimentación Saludable a su vez reglamenta los servicios de las escuelas públicas y privadas de la Capital. Según esa norma, “es deber del Estado promocionar y proveer de alimentación saludable, variada y segura a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar”. Ese punto es motivo de debate entre oficialismo y oposición. 

Para el larretismo, esa obligación está garantizada. “El servicio de alimentación tiene como objetivo contribuir a la creación de condiciones apropiadas para el aprendizaje, mediante la provisión de alimentos garantizando el acceso a una alimentación nutricionalmente adecuada durante la jornada escolar”, plantean desde el gobierno.

Desde el colegio Álvarez Thomas, ubicado en Villa Pueyrredón, se resisten a la tercerización de la alimentación. El “Alva” es una de las poquísimas escuelas (eran cuatro hasta el año pasado) que se autogestiona el servicio. La excepcionalidad se explica por el esfuerzo y compromiso que esa tarea requiere, tanto por parte de los padres como de los directivos del colegio. Nutricionista, militante activa de la cooperadora y mamá de dos alumnos, Laura Salzman explica a elDiarioAr que “nosotros podemos sostener una mejor alimentación gracias al superávit de la cooperadora”. El menú del Álvarez Thomas se basa en alimentos frescos, y procesados sólo una vez cada 15 días. Salzman pide “terminar con el negocio monopolizado que ofrece una calidad muy inferior y con escasos nutrientes”. Aunque reconoce que hacerlo conlleva trabajo, tiempo y coordinación. 

El Frente de Todos puso la lupa sobre esta controversia. Los legisladores Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña presentaron un proyecto para modificar el sistema de alimentación escolar. “Hoy en jardines, primarias y secundarias la comida intoxica y es de pésima calidad. Hay un negocio con comedores y viandas que condena de hambre a quienes en la escuela hacen su única comida del día”, acusa la legisladora Fernández.

Una denuncia más: acuerdo del gobierno con la Cámara de empresas

En los últimos días se sumó una nueva capa a la polémica sobre los comedores escolares. La ministra Soledad Acuña firmó un convenio con la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios. A raíz de ese acuerdo, los alumnos de quinto año podrán realizar las pasantías laborales obligatorias en esa agrupación empresarial. Se trata de una Cámara que nuclea a la mayoría de las concesionarias del servicio de comedores para los alumnos. 

Las compañías que participen de las llamadas prácticas educativas accederán al “Sello Compromiso con la Educación”. El convenio entre el gobierno y las empresas implicará una ventaja, al momento de la competencia por las licitaciones. La ministra Acuña lo explicó en su cuenta de Instagram.

La Cámara que firmó el acuerdo está presidida por María del Rosario Porcellini, una de las titulares de Arkino SA. Su vice es Héctor Alfredo Orlando, de la alimenticia Bagala S.A.

La pregunta que se deduce del convenio es: ¿El contrato entre el gobierno y la agrupación empresarial no es una forma indirecta de digitar el resultado de la licitación en curso?

“No, porque los estudiantes realizan las prácticas educativas en la sede de la Cámara, y no en las empresas que ésta nuclea”, responden desde el Ministerio de Educación. Y agregan: “Durante las prácticas los chicos estarán acompañados por referentes o tutores que son personal de la Cámara, y que completarán un formulario verificando las actividades que realizó cada alumno. Luego los chicos serán recibidos por los docentes, quienes al finalizar la práctica realizarán una evaluación”.

AF