Diez claves para entender el último caso de espionaje ilegal: “carpetazos” por encargo, hackers y espías

En un nuevo capítulo del espionaje ilegal, un expediente venía creciendo con bajo perfil en los tribunales federales de Comodoro Py. En dicha causa se investigan varios casos de hackeo, robo de líneas de teléfono celular y armado de operaciones de prensa contra jueces y funcionarios de la Corte y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

De fondo, resurgió un ecosistema integrado por seudoperiodistas, policías, hackers y agentes inorgánicos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) que trabajan al servicio del mejor postor.

Estas son diez respuestas sobre el caso que en el que se centró la agenda judicial de la semana y que abrió un nuevo frente para el kirchnerismo en los tribunales.

1. El caso

Es un expediente que forma parte de un conjunto de causas conectadas con el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. El caso contra Ariel Zanchetta fue iniciado de oficio por el fiscal Gerardo Pollicita el 15 de septiembre último, luego del análisis preliminar de algunos dispositivos electrónicos incautados en el domicilio particular del expolicía. Allí se hallaron los “partes” de inteligencia y los chats que comprometieron a Zanchetta en el presunto espionaje ilegal. 

La sospecha central de la fiscalía es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces que ese mismo día perdieron control de sus líneas de teléfono.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que salieron a la luz la semana última. Son los resultados preliminares.

2. Quién es Ariel Pedro Zanchetta

Expolicía federal, exagente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, de acuerdo con el curriculum vitae que se halló en su computadora. Se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la SIDE, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015.

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. 

La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Está acusado de delitos de violación de secreto y de la privacidad, además de presunta defraudación en tentativa. 

3. Para quién trabajaba Zanchetta

Hasta el momento, de los chat surge que Zanchetta “reportaba” -utiliza esa palabra en las conversaciones- a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez. Sin embargo, la fiscalía no descarta otros vínculos con el poder político a lo largo de los últimos años. 

En la investigación de Pollicita se hallaron otros presuntos clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

4. Quién es Fabián “Conu” Rodríguez 

Número dos del área de comunicación de La Cámpora, después de Hernán Reibel, vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rodríguez es referente de la organización kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Pollicita lo acusó en la causa de violación de la Ley de Inteligencia al tratarse de un funcionario público que habría encargado tareas de espionaje ilegal. Este viernes se presentó ante la Justicia y dijo que no tiene “nada que ver”.

En julio de 2015 fue nombrado presidente de Télam, la agencia oficial de noticias y encargada de la distribución de la pauta oficial de la Nación, un cargo de alto nivel político y poder económico. En Télam se decide quién cobra la publicidad oficial y cuándo la cobra o no.

En diciembre de 2019 asumió como subsecretario de Coordinación de Medios de la provincia de Buenos Aires. De allí, donde manejó la publicidad oficial del gobierno de Axel Kicillof, desembarcó en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuando asumió su mando Carlos Castagneto, un aliado de Fernández de Kirchner. En una primera etapa quedó a cargo de la comunicación del organismo y luego fue nombrado subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

5. Cómo se financiaba

“Conu” Rodríguez cae en la mira de la Justicia en parte por este punto. Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, en los que el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández deja trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido.

Hasta el momento, la fiscalía sólo pudo recuperar la conversación fotografiada por Zanchetta, ya que que el chat entre él y Rodríguez estaba configurada para que se borraran automáticamente en un día. 

6. Qué hay sobre el diputado Rodolfo Tailhade en el expediente

Aparece manteniendo al menos tres chats con Zanchetta. Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade -como sí lo hicieron sobre Rodríguez- debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero.  Tailhade afirmó que los únicos chats que le respondió a Zanchetta son las tres conversaciones que se hicieron públicas. Sin embargo, “está siendo investigado”, aseguró una fuente directa de la causa a elDiarioAR.

En los chats, Zanchetta le ofrece información sobre las causas judiciales contra Elisa Carrió en un archivo que Tailhade afirmó que nunca abrió; información sobre Luis Juez, que el diputado dice que solicitó pero nunca recibió; y una tercera conversación en la que el expolicía le pasó el link público con los chats hackeados del caso Lago Escondido, que habían salido publicados ese domingo previamente, dijo el diputado. 

Tailhade afirma que Zanchetta se presentó como “periodista” y que se lo presentó alguien de su espacio político. Pidió ser querellante en la causa debido a que trascendió que está entre los políticos sobre los que Zanchetta reunió información sensible de las bases de datos que consultaba. La oposición solicitó su apartamiento de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante el proceso contra los jueces de la Corte.

7. Qué tiene que ver Zanchetta con el hackeo a los jueces y al exministro de Seguridad porteño

No está claro aún para los investigadores, pero se indaga sobre un nexo entre el expolicía y el misionero acusado. Ese hackeo se realizó en la provincia de Misiones y fue instrumentado a través de tarjetas SIM gemelas por el joven misionero Ezequiel Núñes Pinheiro, a quien se le adjudicó el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Otra línea de investigación es la que originó la denuncia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti: la creación de líneas de teléfono a su nombre. 

Núñes Pinheiro declaró ante la Justicia que realizó los hackeos a pedido de una persona que lo contactó por la aplicación de mensajería Telegram, al que dijo desconocer. Recibió un pago en criptomonedas pero aún no se conoce quién fue el autor del pago y del encargo.

Para realizar el hackeo en 2022, se necesitaban secuestrar las líneas de teléfono con tarjetas SIM gemelas que les permitieran ingresar al contenido de Whatsapp, Telegram y otras aplicaciones, tomar la información y desactivar el secuestro virtual. Para secuestrar las líneas necesitaban claves de acceso y para descifrarlas utilizaron bases de datos con información que se suele utilizar como clave: fechas de cumpleaños, por ejemplo, direcciones, nombres de los hijos, entre otros datos.

Zanchetta realizó unas 2.000 búsquedas en 2022. Una de ellas a Rosatti, pero también a otros jueces, políticos y sindicalistas en las fechas de los hackeos o procedimientos ilegales sobre las líneas. Se cree que podría haber sido el proveedor de datos esenciales para cumplir el objetivo descrito. En dicha base de datos se pueden obtener los números de teléfonos celulares. Zanchetta dijo que buscó los datos para su trabajo periodístico. 

8. Qué tipo de tareas de inteligencia realizaban

Entre las tareas que realizaba por encargo, la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín.

“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

“En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa sino que también avanza sobre ‘objetivos secundarios’, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe”, detalló el fiscal.

“Habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. 

9. A quiénes espiaban

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros-. 

Entre los jueces, se encuentran Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Hornos y Borinsky; Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; Rodolfo Canicoba, Sebastián Casanello, Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone.

La lista sigue con Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Camaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky, entre otros políticos.

Además, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión, Nicolás Kreplak.

Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, Pablo Duggan, Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc.

Entre los artistas, Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“Dipy”) y entre los dirigentes sociales, Juan Grabois y Milagro Sala. También Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio, Claudio Tapia, Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

10. ¿Hay una organización detrás de Zanchetta y el hacker misionero?

El fiscal Pollicita, en sus dictámenes, habla de “la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso -en un supuesto- haciendo requerimientos de dinero a su nombre.

Sin embargo, esta línea de investigación está en proceso.

ED/DTC