El DNU que no fue, el “faraón” judicial y la creatividad del peronismo arrinconado

“DNU no”. Alberto Fernández descartó la opción que le llegó desde el Congreso para, corrido por deadline del desembarco de Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura, poner en vigencia una nueva composición de ese cuerpo, una mesa de 17 integrantes, sin butaca para la Corte, como establecía el proyecto que el Ejecutivo envió a mitad de diciembre y el Senado aprobó el 7 de abril pasado.

La idea formó parte de un menú más grande, con algunos renglones alocados, pero en Casa Rosada se frustró muy rápido. “No llegó a ser nunca una posibilidad en ninguna mesa seria”, apuntó una fuente oficial que siguió, al detalle, las negociaciones que durante la última semana mantuvieron, vía terceros, Fernández y Cristina Kirchner para definir una táctica común en el capítulo Magistratura.

Sergio Massa, el ministro de Justicia, Martín Soria y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, fueron las terminales más activas -aunque no las únicas- en las conversaciones. El circuito se achicó, además, el lunes con Rosatti ya sentado en la poltrona de la Magistratura y la urgencia del Frente de Todos (FdT) por, al menos, morigerar lo que podía ser una triple derrota: en el organismo, en Diputados y en el Senado.

En esa especie de nueva normalidad del FdT, que parece buscar un mecanismo de funcionamiento que prescinda del diálogo directo entre los Fernández, Ibarra se puso la noche del jueves al frente de la defensa explícita, jurídica y política, de la designación de Martín Doñate como consejero por el Senado.

“El lunes estábamos 2 a 0 abajo. Con la división de bloques en el Senado, quedamos 1 a 1: después fue defender ese empate”, explicó un legislador que remó en esa pendiente. Sin ser un operativo quirúrgico, dentro de los márgenes que permitía la situación, se acordaron los pasos entre el Senado, Diputados y la Casa Rosada.

“Alberto estaba al tanto de lo de los bloques del Senado”, dijo en Radio 10 Juliana Di Tullio, la flamante jefa del flamante bloque de senadores de la renacida Unidad Ciudadana (UC), aquella marca que Cristina inventó en el 2017 para competir en el 2017, por fuera del PJ, un movimiento que en cierto punto -según confesaría luego Eduardo “Wado” De Pedro- era para medir el poder de fuego electoral de cada sector. La matemática que surgió ahí se usó, luego, en el armado del FdT en el 2019.

Delay

La táctica de armar dos bloques estaba en la mesa de arena hacía días, pero se aceleró el lunes. Una lectura, que circuló dentro del FdT, es que había sectores que pensaban que Rosatti no se animaría a asumir la presidencia del Consejo y que, por reacción espontánea, otorgaría un plazo extra para permitir que se apruebe una nueva ley. Una simple consulta a la Corte hubiese despejado esa duda que, se afirma, trasmitían funcionarios de primer orden cercanos a la vice.

Hasta Cristina se metió en el debate sobre la hora, por medio de un tuit el domingo al atardecer, poco antes de que entrara formalmente en vigencia el fallo de la Corte. Soria, incluso, recién lo hizo el lunes a media mañana; expresó una posición pública, hasta ayer la del representante más importante del Ejecutivo. La discusión había escalado la semana anterior y el planteo más enfático fue de Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados del FdT que observó que la Corte había tenido 1.577 días para resolver la inconstitucionalidad pero otorgó solo 120 al Congreso para que acuerde una nueva ley y solo “cuatro días hábiles” en Diputados luego de la sanción en el Senado

Antes del día D de Rosatti, Martínez había vindicado una “precautelar” del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, para darle un tiempo extra al Congreso. El lunes 18, con esa opción aniquilada por la Corte, Martínez pidió que se otorguen 60 días más para discutir una ley. No hubo, dicen en la Justicia, más que un planteo mediático porque nunca se hizo un pedido formal.

La resolución del juez Alonso fue por un planteo del diputado Marcelo Casaretto, del Frente Renovador. El dato no es menor porque da por hecho que en ese procedimiento estuvo involucrado, de lleno, Massa, jefe político del legislador. En la Corte, y en la oposición, remiten a ese vínculo para el argumento de que los movimientos del jefe de los Diputados formaron parte de un scrum acordado, al menos, con Cristina. En Senado y en Olivos dicen que Fernández estuvo al tanto de todo el proceso.

Espejo roto

¿Por qué, entonces, si Massa jugó la aventura judicial no avanzó, como en la Cámara alta, con una división de bloque que le permita tener la segunda minoría? Hay varias razones. Una, operativa, es que se podría haber entrado en un loop de presentación de bloques nuevos porque el Interbloque JxC tiene 10 bancadas, lo que le daba opción para maniobrar hasta el infinito para quedarse con la tercera minoría.

Otra, esencial, es que en Diputados Massa no tiene lo que tiene Cristina en el Senado: votos suficientes para aprobar una resolución en el recinto. Con aliados, el FdT en la Cámara alta, junta 37 votos para ratificar lo actuado por la presidencia. Massa no llega a ese número y, correría el riesgo de tomar una medida, que se la rechacen y quedar, incluso, debilitado en la Cámara.

La tercera es menos perceptible pero es clave: Massa se reservó, en acuerdo con Cristina, pero también por la necesidad numérica de Diputados, la carta de la negociación y por eso concedió el “placet” -la categoría diplomática pertenece a Gabriel Morini- a Roxana Reyes, una instancia de mantener conexiones con la UCR, donde Gerardo Morales trata de construir puentes sobre arenas movedizas.

El cuarto factor tiene dos ejes: Massa concedió el lugar el Reyes a la vez que Martínez activó una cláusula gatillo -la hipótesis de judicializar esa decisión- como salvaguarda por si, como ocurrió el miércoles a la noche, sectores de JxC impugnaban al consejero propuesto por el Senado, el rionegrino Martín Doñate. Martínez hizo lo propio el jueves y los dos consejeros quedaron con trámites abiertos de impugnación. Algo así como “los dos o ninguno”.

Al validar a Reyes, acción que no fue inconsulta con los Fernández, Massa alimentó el relato de ser menos extremo que los K, factor necesario por estar en minoría en Diputados y tener, como tal, que negociar todo. Detrás del trámite Reyes emergió otro asunto: se empezó a acordar la conformación de las comisiones, que estaban paralizadas, lo que sugiere además un indicio de convivencia -al menos para que funcione Diputados- y, quizá, el inicio de la discusión de un nuevo proyecto de la Magistratura.

Creatividad peronista

- Casi que nos obligaron. A nosotros nos ponen creativos cuando nos encierran.

Juliana Di Tullio eligió el camino corto, sin eufemismos, para explicar la división del bloque: estaban los números, había antecedentes -lo hizo JxC en 2015- y había una necesidad específica de reaccionar. Fue una medida que se convalidó el lunes, con el hecho consumado del superpoder para Rosatti, porque antes hubiese significado aceptar lo que el FdT no quiere aceptar: que la Corte se extralimitó porque, como indica el voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, el tribunal no solo “legisló” al ordenar que entre en vigencia una ley que fue derogada por el parlamento.

“Cuando Rosatti se convirtió en faraón, concentrado todo el poder y arrasando al Congreso, no nos quedó otra que duplicar el bloque”, le dijo a elDIarioAR un legislador que participó de la movida cristinista. Usará, en la charla, varias veces la figura egipcia para referirse al presidente de la Corte que está, desde el lunes, al frente del Consejo de la Magistratura.

Por eso, se afirma, se manejó como última instancia la división del bloque para promocionar un consejero propio porque, en la práctica, eso implica convalidar una acción de la Corte que consideran irregular: el fallo con plazo laxo, la puesta en vigencia de una ley derogada, incluso el autovoto de Rosatti para designarse a sí mismo al frente del Consejo. “Había que hacerlo”, explicó un legislador y otro agregó un cálculo: con Doñate -y sin Luis Juez, el propuesto por el PRO-, el bloque opositor (Rosatti incluido) queda en 12, a dos votos de los dos tercios con los que pueden remover jueces.

En el mundo Cristina teorizan sobre el funcionamiento de la Corte, plantean que la jefatura de Rosatti está sostenida por el rol de Carlos Rosenkrantz como interlocutor con sectores de poder, como el grupo Clarín, y que el objetivo último de desembarcar en el Consejo de la Magistratura es para evitar que se complete el proceso de reemplazo de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fueron motivo de un per saltum del máximo tribunal que los ratificó en sus cargos hasta que se elijan sus reemplazos. En el Consejo estaba avanzado el acuerdo para lograr elevar dos ternas para esos cargos. No ocurrió y ahora, según el FdT, con Rosatti como presidente eso tampoco ocurrirá.

PI