Manzur no quiere un nuevo IFE y apunta a que los intendentes repartan la ayuda social

Un día antes de las primarias, en La Florida, Tucumán, se formó una cola de cinco cuadras de personas que esperaban recibir del comisionado municipal unos $ 5.000 como subsidio ante la crisis social que ahondó la pandemia y cuyo reflejo se verá el jueves próximo cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informe que la pobreza se mantuvo en la primera mitad de 2021 alrededor del 42%, según pronostican expertos como Agustín Salvia o Federico Favata. Esa guita llegaba del gobierno tucumano, que entonces encabezaba Juan Manzur, actual jefe de Gabinete. Son prácticas habituales del peronismo, pero también de la oposición. Antes de las últimas elecciones, en Jujuy, el radicalismo gobernante repartía lotes y bolsones de comida. La novedad es que esa práctica de la política local puede convertirse en estrategia nacional para mejorar la situación social y el resultado en los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Manzur ha instruido al ministro de Economía, Martín Guzmán, que busque el mecanismo para bajar ayuda social de la Nación a los intendentes para que sean estos los encargados de su reparto, según fuentes al tanto de las gestiones en el Gobierno. El jefe de Gabinete quiere acelerar todo lo que se pueda el gasto público hasta las elecciones. Se enfrenta al desafío de poner en marcha la maquinaria burocrática del Estado para ejecutar erogaciones en menos de dos meses. Además aparecen dificultades legales y operativas para girar fondos a los municipios para que los gasten en un plan que no está diseñado aún, cuya normativa debe redactarse, que no tiene definidos indicadores sociales para establecer los beneficiarios y por el que habrá que rendir cuentas después sobre la trazabilidad del dinero. Los procesos y los controles en las cuentas de la Nación resultan más sofisticados que en las provincias y las municipalidades. Guzmán y el propio Alberto Fernández están de acuerdo con poner plata en el bolsillo de la gente, pero discuten el método propuesto por el ex gobernador tucumano. El Presidente sabe que su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, no le permitirá firmar cualquier decreto para girar los recursos a los jefes municipales. 

El jefe de Gabinete prefiere ese tipo de ayudas y no las que los ciudadanos cobran por el cajero automático con su tarjeta de débito, sin identificar con claridad qué gobernante las decidió. Él y el resto del Gobierno han evaluado que en las primarias faltó que los intendentes y las organizaciones sociales movilizaran gente a votar. Escaseó también la plata para pagar micros y remises. Juntos por el Cambio sí los puso incluso en La Matanza. Por eso, en principio, Manzur le baja el pulgar a una cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que en una versión acotada promueven desde los movimientos sociales oficialistas que participan de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. 

En la cartera que dirige Juan Zabaleta sostienen que el papa Francisco, la Iglesia argentina, Juan Grabois y el resto de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) abogan por un salario universal, un IFE acotado en cantidad de beneficiarios pero permanente, que llegaría potencialmente a 6 millones de personas, pero comenzaría por 2 millones de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep). Hay otro millón de anotados en el Renatep pero que ya cobran el plan Potenciar Trabajo, que exige una contraprestación en microemprendimientos. Pueden sumarse al registro los trabajadores mayores de 18 años que no tengan más de dos inmuebles ni más de tres autos; que si tienen propiedades o coches, al menos uno de ellos debe estar afectado a su emprendimiento económico; que si además son empleados en relación de dependencia, no pueden ganar más que el salario mínimo y que si están inscriptos en el monotributo, deben estar registrados en las categoría de la A a la D o en la social.

En el ministerio de Zabaleta juran que no oyeron nada del plan de Manzur para repartir ayuda social a través de los intendentes, pero admiten que el cambio de jefe de Gabinete implica pasar de un modelo de gestión más progresista y con discusión interna a otro más peronista y ejecutor, con su aspecto “bueno” en cuanto al “hacer” y al “caminar” el territorio -Manzur está más en el conurbano; su antecesor, Santiago Cafiero, era más de la Casa Rosada- y su costado “complicado” en relación al “equivocarse”. Ponen en duda de que en el Gran Buenos Aires vaya a redituar en términos electorales el reparto de plata, bolsones o electrodomésticos, como en el Norte argentino. “En el conurbano te pueden votar en contra haciendo eso. He visto llevar a 5.000 personas a votar en remís y, cuando se abren las urnas, tenés 3.000 votos”, cuenta un funcionario, aunque admite que en los próximos comicios habrá que poner mesas en las calles y repartir boletas para evitar que el electorado los castigue de vuelta. “No vamos a ganar, pero vamos a acotar la diferencia porque esta vez nos jugamos en serio y ellos meten miedo y ya no se movilizan por sus internas”, analiza la misma fuente de Desarrollo Social, que también aboga por repartir crédito no bancario y poner en marcha pequeñas obras públicas, como el cordón cuenta, que pueden ejecutarse rápido y emplear a muchos. Otras opciones de ayuda veloz pero más prolija que la promovida por Manzur consisten en una ampliación del Potenciar Trabajo o la distribución de fondos rotatorios de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social.

Tras la derrota electoral, la embestida de Cristina Fernández de Kirchner apuntaba a desplazar a Cafiero y al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al que Fernández defendió en su cargo. La vicepresidenta criticó el ajuste de Guzmán, pero se preocupó en llamarlo para ratificarlo, quizá consciente del impacto que podría tener su remoción en un mercado -sobre todo cambiario- que no lo ama pero lo rescata dentro del Gobierno. Fernández cedió a Cafiero y propuso en su reemplazo a Manzur, el primer gobernador que apoyó su candidatura en 2019. La vicepresidenta lo aceptó. Y ahora el ministro de Economía ya no tiene un jefe de Gabinete con el que trabajar en tándem sino que se revive el tradicional conflicto de todos los gobiernos en el que el custodio del Tesoro debe chocar para cuidar la caja frente a las pretensiones del ala política. No sólo Cristina Kirchner o el Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense, reclamarán más gasto a Guzmán. También Manzur, aunque desde una cosmovisión distinta que la kirchnerista dentro esa diversidad llamada peronismo. 

Con Cafiero se fue también a la Cancillería la mujer que coordinaba el gabinete económico y que había recibido incluso los elogios de Cristina Kirchner, la economista Cecilia Todesca Bocco. En su reemplazo quedará el sociólogo Jorge Neme, que como secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán le abrió puertas a Manzur en Estados Unidos e Israel. Neme viene de ser el negociador de acuerdos comerciales de la Cancillería con Felipe Solá y desde allí cambió el rechazo inicial de Fernández contra el pacto Mercosur-Unión Europea al tiempo que buscó un acuerdo dentro de nuestro bloque ante las pretensiones desesperadas de Jair Bolsonaro de bajar los aranceles a la importación.

Con el nuevo jefe de Gabinete no se esperan buenas vibraciones para las ambiciones de la china Huawei de proveer la tecnología 5G de celulares en la Argentina, dada la fuerte oposición del gobierno de Joe Biden a esa empresa. Manzur mantiene diálogo con compañías de Estados Unidos, así como con el establishment local. Sus vínculos no se limitan a Hugo Sigman y a los demás proveedores del calendario obligatorio de vacunas que amplió cuando era ministro de Salud de Cristina Kirchner, entre 2009 y 2015, antes de darla por jubilada en la era Cambiemos. Si persiste en el cargo más allá del 14 de noviembre, apostará a crear un clima favorable a las inversiones locales y foráneas y para ello intentará el nunca concretado acuerdo social. Cuenta con la confianza de la CGT, que lo acompañó ya desde el acto que organizó en Tucumán el 17 de octubre de 2018, cuando el peronismo estaba dividido en varios frentes. Allí estuvieron Héctor Daer, Carlos Acuña y Antonio Caló, entre otros gremialistas, además de Sergio Massa, Daniel Scioli y Miguel Pichetto, después devenido macrista. Manzur suele hablar de economía con Martín Redrado -igual que Massa-, Carlos Melconian -presidente del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri que también conversaba hace tiempo con Fernández- y el periodista Willy Kohan, columnista de Radio Mitre y LN+. 

¿Chau Guzmán?

El Gobierno aspira a reducir los 10 puntos porcentuales a nivel nacional y los cinco en la provincia de Buenos Aires que le sacó Juntos por el Cambio en las primarias. “Si perdemos por mucho, caemos todos”, admite un secretario de Estado, mientras analistas políticos temen en ese caso una suerte de anarquía para los últimos dos años de gobierno de Fernández. Eso incluiría que Manzur volvería a gobernar a Tucumán tras dos meses de licencia y debería abandonar sus planes de proyectarse en Buenos Aires y de personificar el deseo de los gobernadores de convertirse en los garantes de la unidad del Frente de Todos tras la pelea entre un debilitado Fernández y una Cristina Kirchner que también sufrió la derrota pero aún persiste como la dirigente con más arrastre. Sergio Massa quiso ocupar ese rol de mediador, pero no le dio el piné.  Una nueva caída contundente en las urnas también se llevaría puesto a Guzmán. Un secretario de Estado que lo defiende espera que la victoria opositora se achique y que el ministro de Economía pueda terminar la misión por la que lo mantiene Cristina Kirchner: la renegociación del préstamo récord que Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La fecha límite para firmar ese acuerdo es marzo próximo, cuando los vencimientos se tornen imposibles de pagar. Después, ¿chau Guzmán? “Está claro que no llega a 2023”, admite el mismo secretario de su confianza.

Por lo pronto, el ministro deberá batallar ahora en el Congreso con el jefe de la bancada de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por el recorte de subsidios energéticos en el presupuesto 2022. Guzmán está convencido de que consiste en una medida progresista dejar de subvencionar a los que más pueden y es el único gasto que puede ajustar después de haber podado la principal partida de erogaciones, las jubilaciones y asignaciones por hijo, en los primeros dos años de gestión. Además, el FMI se lo pide. El kirchnerismo responde que la segmentación de tarifas de energía por ingresos de los usuarios generará un ahorro menor y terminará pegando en el bolsillo de ciertos hogares medios a los que no debería afectarse. Pero el mismo secretario de Estado que teme que un fracaso en las urnas los eyecte a todos confía: “El presupuesto se aprobará… la lucha por las tarifas quedará para 2022, como pasó este año. Cristina quiere un acuerdo con el Fondo, pero quiere mostrar que está en contra”.

Para evitar el “que se vayan todos” del Gobierno y se acote el triunfo opositor el 14 de noviembre, ya se anunció la suba del sueldo mínimo -que impacta en el Potenciar Trabajo-, el alza del piso salarial a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias y se prevé que comiencen a impactar los incrementos dispuestos en las reaperturas de las paritarias. Resta el anuncio de bonos para jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) y la definición de si la ayuda social extra se repartirá de la mano de los intendentes o como un IFE acotado. Una decisión que marca los nuevos aires del gobierno de Todos.

AR