Las tarjetas de Chocolate, Insaurralde en un yate y espionaje ilegal, las tres causas que marcaron la campaña

Tres causas judiciales marcaron la campaña que llegó a su fin este jueves, 72 horas antes de la elección presidencial del domingo. Uno de los expedientes expuso la presunta corrupción en la recaudación de la política y el saqueo de fondos públicos. Un dirigente vinculado al candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, está relacionado directamente con la maniobra. 

El segundo expediente dejó en evidencia los lujos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de paseo en yate por el Mediterráneo con su novia y vacaciones en Marbella. Mientras que el tercer legajo sacó a la luz los nexos de un hombre clave de La Cámpora con presuntos servicios de inteligencia ilegal para realizar operaciones políticas y que dejó a la organización por primera vez en el centro de un expediente de alto voltaje político.

Tanto el caso de las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau como las vacaciones de Insaurralde y las “carpetas” de Fabián “Conu” Rodríguez tienen sus particularidades pero también puntos en común: exhibieron lo que preliminarmente resume viejas y condenables prácticas de la clase política; en los tres casos quedaron expuestos sectores políticos del oficialismo -el peronismo, el massismo y el kirchnerismo-; y en principio no parecieron tener un impacto determinante en los resultados de la primera vuelta electoral.

Chocolate y el massismo 

Fue el primer caso que emergió durante la campaña y sin dudas, el que más vaivenes ha sufrido hasta el momento. Julio “Chocolate” Rigau trabajaba como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense pero oficiaba como puntero político. El 9 de septiembre último fue denunciado por un hombre que presenció cuando se encontraba en un cajero automático de un Banco Provincia, en pleno centro de la ciudad de La Plata, retirando gran cantidad de efectivo con numerosas tarjetas de débito. Cuando la policía lo requisó, Rigau tenía 49 tarjetas en su poder a nombre de otras personas. 

De la investigación surgió que los titulares de las mismas cobraban sueldos de unos $500.000 de la legislatura provincial. Había desde contratados del Frente de Todos, el Frente Renovador y Juntos por el Cambio, como informó elDiarioAR.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, dirigente de confianza de Insaurralde y quien ganó la intendencia de Lomas de Zamora en octubre último.

La fiscal Betina Lacky comenzó a investigar una presunta defraudación a la administración pública hasta que a mediados de septiembre último, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata declaró nula la causa por un tecnicismo jurídico. Rigau, que había quedado detenido, recuperó su libertad.

Lacky sospechaba que estaba frente a algo mucho más grande: una asociación ilícita para defraudar al Estado y financiar de manera ilegal la política y en la que Rigau era un peón. Sospechaba también que la maniobra implicaba la contratación de empleados en la Legislatura que en realidad no cumplen tareas ni brindan servicios y que sus sueldos van a la caja de la política. Se basó en parte en los testimonios de algunos de los titulares de las tarjetas de débito secuestradas a Rigau, quienes declararon que desconocían quiénes los habían nombrado como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

Once días antes de la primera vuelta electoral, la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación y la fiscal solicitó la detención del puntero y el secuestro de su celular para un peritaje. 

Los chats y hallazgos en su teléfono condujeron a los investigadores directamente hacia dos hombres clave en la Legislatura bonaerense: el concejal platense Facundo Albini, del massista Frente Renovador (Unión por la Patria) y su padre, Claudio Albini, ex subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De los diálogos surge que Rigau cobraba $200.000 mensuales por sacar dinero de los cajeros y que respondería a dichos dirigentes políticos.

En la último semana, la fiscal y la querella, que representa Poder Ciudadano, solicitaron la prisión preventiva de Rigau, que ya está detenido en la causa. La ONG también solicitó la detención de los Albini. El juez debe decidir pero hasta momento no ha fallado sobre los pedidos. El tiempo es vital para la fiscalía: necesita recuperar el contenido de los teléfonos de los Albini para continuar la investigación hacia arriba en la cadena de responsabilidades.

Insaurralde en el Mediterráneo

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Costo del pasaje: US$8.139,30. Medio de pago: una tarjeta American Express de Estados Unidos.

Insaurralde iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje por el Mediterráneo en un yate alquilado para media jornada con tres botellas de champagne.

El caso salió a la luz a finales de septiembre, cuando Clerici posteó en la red social Instagram fotografías de su pareja a bordo de la embarcación, sirviendo dos copas a pleno sol.

El fiscal imputó a Insaurralde, Clerici y Jésica Cirio, ex esposa del funcionario, por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El primer juez de la causa, Federico Villena (Lomas de Zamora) debió apartarse tras la denuncia del fiscal Sergio Mola por una presunta amistad con el funcionario investigado. El expediente quedó entonces a cargo de Ernesto Kreplak, quien subroga uno de los juzgados federales del partido bonaerense.

La mujer dijo en declaraciones públicas que el yate “se lo prestó un amigo” de ella. Sin embargo, en el expediente consta que el alquiler del yate “Bandido” costó unos 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella costó unos 24.000 euros, de acuerdo a la información enviada por España. Todo se hizo a través de una agencia o empresa privada. 

Insaurralde debió renunciar al cargo en el gobierno de Axel Kicillof en plena campaña hacia las elecciones generales de octubre pero no renunció a la intendencia de su municipio, aunque mantuvo la licencia. Su aliado, Otermín, ganaría la elección. Kicillof renovó mandato con amplia diferencia de votos con respecto a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (LLA).

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplak allanó siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici después de las elecciones de octubre. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos en la casa de Clerici, cuyo origen deberá explicar. El dinero fue encontrado en una unidad distinta a la que habitaba los días anteriores. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo.

Los policías secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Además de la reciente mudanza de Clerici de una vivienda a otra en el mismo barrio los días previos al allanamiento, los investigadores tienen otros datos sospechosos. Creen que el teléfono que entregó la mujer como su celular personal no es el real.

Tampoco se pudo dar con Insaurralde, su teléfono personal y su computadora personal durante los allanamientos a distintos domicilios. Se secuestraron igualmente algunos dispositivos en una de las viviendas. Tras ser intimado por el juzgado a declarar su domicilio real, el funcionario dijo que habita uno de los domicilios allanados, en la localidad de Banfield.

Tras la filtración de las fotos de los procedimientos, el juez Kreplak apartó a la Federal y encomendó las tareas de investigación a la Gendarmería, que la semana próxima comenzará con las pericias informáticas de todos los dispositivos secuestrados. 

Otra suspicacia en la investigación: en los últimos días, el juez ordenó a pedido del fiscal Mola procedimientos en el Casino Victoria, en la provincia de Entre Ríos, un empresa de Daniel Mautone, anunciante de un programa de televisión realizado por Cirio en el pasado. El fiscal sospecha que el pago de publicidad podría encubrir pagos ilegales a Insaurralde, quien tenía en su esfera bonaerense el control de los casinos y bingos. Cuando recibieron la documentación el resultado que observaron los investigadores fue que los pagos del casino anunciante eran de cero pesos. Se investiga a qué se debe esa circunstancia.

Los “partes” de Zanchetta

El expediente se centra en el presunto espionaje y hackeo a jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces de la Corte Suprema. Uno de los casos tiene como protagonista a Ariel Zanchetta, un expolicía, exagente de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y supuesto periodista, acusado de armar “partes” de inteligencia ilegales para al menos un funcionario público, Fabián “Conu” Rodríguez, número dos en la estructura de comunicación de La Cámpora y subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

La sospecha central de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita es que el expolicía habría buscado y conseguido los datos necesarios para obtener claves y hackear los teléfonos celulares de diferentes personalidades de la política y la Justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por eso, lo comprometen las búsquedas en bases de datos como SudamericaData realizadas a jueces en las mismas fechas en las que las víctimas perdieron control de sus líneas de teléfono u otras líneas fueron creadas a su nombre.

Sin embargo, esa línea de investigación está abierta y el nexo entre Zanchetta y el hackeo aún no está cerrado para los investigadores. En el interín, el fiscal Pollicita y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) revisaron los dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta y hallaron los chats y archivos que lo vinculan al “Conu” Rodríguez. 

También surgieron tres conversaciones entre Zanchetta y el diputado Rodolfo Tailhade, pero aún no surgió la posible comisión de delitos en su caso.

Rodríguez es un capítulo más delicado. El fiscal pidió su indagatoria y detención pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por el momento, sólo le prohibió salir del país. El funcionario se presentó a entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje, varios días después de los allanamientos en su casa y oficina en la AFIP. 

El nombre de Rodríguez surgió en el expediente porque Zanchetta conservó fotografías de uno de los chats de Telegram con el funcionario, que estaban configurados para ser borrados. En la conversación, el referente de La Cámpora le solicitaba armar “un parte” y una publicación sobre Victoria Tolosa Paz con datos sensibles sobre su vida personal, política, económico-financiero y comercial, justo cuando Alberto Fernández dejaba trascender que la nombraría ministra de Desarrollo Social, una cartera codiciada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo.

Esa prestación se pagó con fondos públicos, según la fiscalía. En el chat fotografiado, Rodríguez le indicaba a Zanchetta que se inscribiera como proveedor del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como subsecretario entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 y donde dijo que aún tenía “a su gente” trabajando.

Zanchetta facturaba la pauta para su portal bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo” y resultó adjudicatario de publicidad oficial por $80.000 en agosto de 2022, $150.000 mensuales en septiembre y octubre de 2022, y $200.000 mensuales entre noviembre de 2022 y junio de 2023, cuando el expolicía quedó detenido. En total, cobró casi $2.000.000.

Zanchetta sostuvo durante su declaración indagatoria que ejercía como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, entre otros. Enclave.ar dependía especialmente de Zanchetta: el sitio dejó de actualizarse tras la detención del expolicía, a mediados de año. La Justicia descarta que sea periodista, ya que no pudo hallar ningún artículo o noticia publicada a su nombre en portales de noticias.

Entre las tareas que Zanchetta realizaba la fiscalía detectó vigilancia, grabaciones ocultas, búsqueda de datos confidenciales y públicos. También escribía operaciones de prensa, a través de su portal basado en Junín. “Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, afirmó Pollicita en un dictamen que consta en la causa.

En la investigación de Pollicita se hallaron otros pagos a Zanchetta, como los de la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023, cuando ya no estaba publicando. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

ED/DTC